Por Víctor Salmerón
El pasado 29 de enero, la
Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el Gobierno y considerada
inconstitucional por la oposición, aprobó el decreto que regula el crédito
obligatorio para los sectores “agroalimentarios, manufacturero, turístico,
salud e hipotecario, a los fines de promover y fortalecer la soberanía
económica del país”.
Cada mes un comité formado
por los ministros de Finanzas, Comercio, Industria y Agricultura, junto al
presidente del Banco Central de Venezuela y “los demás que establezca el
presidente de la República”, ordenará a las entidades financieras entregar
entre 10% y 25% del total de créditos a los particulares y empresas
“relacionadas o vinculadas” a los sectores estratégicos.
La lista de áreas a
financiar por lo que el Gobierno denomina Cartera Única Productiva Nacional no
es rígida. El decreto establece que el Ejecutivo “podrá incorporar otros
sectores productivos que requieran financiamiento para su desarrollo”.
El 5 de febrero, Nicolás
Maduro anunció que el financiamiento a la pequeña y mediana industria será
prioritario: “Vamos a instalar un comité rector de Cartera Única Productiva
Nacional que agrupe todas las carteras bancarias del país para brindar acceso
directo a las micro, pequeñas y medianas industrias”.
Agregó que el comité rector
será presidido por Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario y
exdirectivo de Fedeindustria: “ese comité rector lo va a dirigir Miguel Pérez
Abad, que además de banquero, financista, es pequeño y mediano industrial”.
“Eso tiene que ser muy
dinámico, Pérez Abad, tú tienes comunicación conmigo directa, tienes un
teléfono al que puedes llamarme a la hora que tú quieras y escribirme. Yo
quiero estar informado semanalmente, reuniones del comité rector, créditos que
se van a dar”, dijo Nicolás Maduro.
La discrecionalidad
Respecto a la metodología
vigente hasta enero, que obligaba a la banca a entregar a los sectores
estratégicos un volumen de créditos superior a la mitad del total de préstamos
del año anterior, la nueva norma podría significar menos rigidez, pero el
analista financiero Leonardo Buniak señala que el elemento clave es la
discrecionalidad.
“Hay una diferencia de forma
con lo que teníamos antes, hasta ahora la banca decidía a cuáles empresas les
prestaba para cumplir las carteras obligatorias, la decisión dependía del
departamento de gestión de riesgo de cada banco. Ahora se crea un comité que
podría decidir los sectores y las empresas a las que hay que apoyar, es decir,
el Ejecutivo podría imponer criterios que se alejen de la sana política
bancaria”, dice Leonardo Buniak.
El Gobierno ha dado muestras
de desear un mayor control del crédito. El 9 de julio de 2019 Nicolás Maduro
emitió un decreto que obligó a la banca a ejecutar una inédita ingeniería
financiera: los bancos le prestaron a Agrosur el equivalente a 40 millones de
dólares, al tipo de cambio oficial de ese momento, sin recibir garantías.
Posteriormente, Agrosur financió a una lista de agricultores de los estados
Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre y Yaracuy.
De esta manera, la banca fue
obligada a otorgar créditos sin garantías y sin evaluar el riesgo de quien en
última instancia recibió el dinero de sus clientes.
Leonardo Buniak resalta que
“con Agrosur vimos cuál es la idea del Gobierno”.
Banqueros consultados
explican que la creación de un comité para regular los préstamos obligatorios
supone mayores problemas de coordinación, porque en la mesa estarán sentados
distintos intereses que buscarán obtener su cuota de financiamiento. Por ahora
no hay precisión sobre tasas de interés, plazos y garantías.
El decreto establece que el
comité “fijará mediante resolución, conforme los lineamientos establecidos para
la política económica, los requisitos de desempeño, condiciones, plazos, montos
y porcentajes mínimos obligatorios de la Cartera Única Productiva Nacional”,
mientras que “el Banco Central de Venezuela establecerá a través de su
directorio las tasas de interés y los costos del crédito”.
Poca liquidez
El principal rol de la banca
es financiar el consumo y la inversión a través del crédito, pero en Venezuela
el crédito está en vías de extinción. Leonardo Buniak precisa que “en junio de
2018 los bancos prestaban 55 de cada 100 bolívares en depósitos y al cierre de
enero de este año apenas 13 de cada 100, la cifra más baja de la historia
contemporánea”.
Agrega que “si desglosamos
la intermediación, observamos que la banca privada está destinando al crédito
22 de cada 100 bolívares y la pública apenas 6,5 de cada 100, es decir, la
banca pública no está financiando a los sectores productivos que, se supone, es
su principal misión en la economía”.
En el raquitismo del crédito
influye que el Gobierno obligó a las entidades financieras a disminuir los
préstamos, ordenándoles en febrero de 2019 congelar como reservas (técnicamente
el encaje) la totalidad de los nuevos depósitos. El recorte del crédito redujo
el crecimiento de la cantidad de dinero y ayudó a frenar la inflación, pero a
costa de profundizar la recesión.
En medio de la restricción
de liquidez continuamente un grupo de bancos se ve forzado a infringir las
normas del encaje o a acudir al mercado interbancario, donde las entidades
financieras se prestan unas a otras.
La escasez de bolívares es
tal que en enero la tasa de los préstamos interbancarios tocó el máximo
histórico de 999%.
“¿El Banco Central va a
aliviar el encaje para que los bancos puedan otorgar crédito? No lo sabemos. A
lo mejor el comité ordena a los bancos otorgar créditos para los sectores
estratégicos y a la vez se mantiene sin ninguna variación el encaje, porque si
lo disminuyen puede haber una mayor presión sobre la cotización del dólar”,
dice Leonardo Buniak.
Los indexados
El 21 de octubre de 2019 el
Banco Central emitió una resolución que relacionó a los créditos comerciales,
la categoría que incluye préstamos al comercio y el financiamiento de corto
plazo, con la fluctuación del dólar.
El aspecto clave es que la
resolución tiene como consecuencia que el monto a pagar por capital e intereses
aumenta si el precio del dólar sube en el mercado oficial y se mantiene igual
si el dólar desciende.
“Desde octubre, el crédito
comercial está parado. Las empresas que no tienen ingresos en dólares, que son
la mayoría, no quieren arriesgarse a un salto en la cotización del dólar que
las deje sin capacidad para pagar sus deudas, y no les falta razón: desde que
el Banco Central emitió la resolución, la cotización del dólar oficial ha
aumentado 300%”, dice el presidente de un banco que prefiere reservar su
identidad.
Las cifras de la
Superintendencia de Bancos indican que en diciembre de 2018 los créditos
comerciales representaban dos tercios del total de préstamos y en diciembre de
2019 descendieron a la mitad.
Con esta medida, el Banco
Central buscó acabar con la entrega de créditos para la compra de dólares, a
fin de estabilizar el tipo de cambio, pero los resultados indican que si bien
aumentó la contracción del crédito, el dólar continuó en alza porque su ascenso
también se nutre de la inyección de bolívares que proviene del gasto público,
la baja oferta de divisas y las expectativas negativas.
A pesar de los problemas, el
5 de febrero el vicepresidente para el área Económica, Tareck El Aissami,
desbordó optimismo sobre el funcionamiento del comité que regulará el crédito a
los sectores estratégicos: “Ya hubo una reunión ayer con todo el sector de la
banca pública y privada para unificar un comité de crédito productivo que
impacte a aquellas empresas que tienen planificada su venta de productos al
sector nacional, garantizarles con créditos productivos, de tal manera que
tengan capacidad también de hacer caja, reponer inventario y comprar materia
prima”.
En el sector financiero
reina el escepticismo. “¿En verdad el principal problema que tienen las
empresas que quieren producir en Venezuela es la falta de crédito? ¿Es por
falta de créditos que la economía no crece desde 2013?”, se pregunta un
banquero.
10-02-20
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