El Pais de España 13 de febrero de 2020
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No
es Transportes, sino Exteriores quien debe aclarar la crisis sobre Venezuela
La
primera sesión de control al Ejecutivo en esta legislatura tuvo como asunto
destacado el encuentro mantenido por el ministro de Transportes, José Luis
Ábalos, y la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre
la que pesan sanciones acordadas por la Unión Europea. El ministro Ábalos no
consiguió despejar las dudas acerca de cómo pudo llegar a España la dirigente
venezolana, pese a tener prohibida la entrada en el territorio comunitario, y
también el sobrevuelo. Tampoco aclaró el contenido del encuentro. Con lo que sí
contó en todo momento fue con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, quien reiteró el argumento de que Ábalos acudió al aeropuerto para
resolver una crisis diplomática. Más allá de que el Gobierno siguiese sin
ofrecer detalles sobre en qué consiste esa crisis, tantas veces alegada,
resulta difícil comprender por qué el encargado de resolverla fue el ministro
de Transportes y no la titular de Exteriores, Arancha González Laya, o un alto
responsable de ese ministerio.
Las
evasivas del Ejecutivo terminaron por abrir un frente político distinto, sobre
el que, sin embargo, los representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox no
llegaron a interesarse. Sánchez pareció sugerir un giro en la política exterior
española hacia Venezuela al tratar a Juan Guaidó como "jefe de la
oposición", retirándole aparentemente la condición de presidente encargado
que él mismo le había concedido. La posterior aclaración del Gobierno,
asegurando que no hubo intención política en esa reducción de estatus, volvía a
obviar el núcleo del problema, que no es otro que explicar por qué Sánchez no
lo recibió durante su reciente estancia en Madrid. Estos y otros silencios
parecen haber provocado el sortilegio de corroborar todo cuanto el Gobierno se
esfuerza en desmentir.
Por
lo demás, nada pasaría si las posiciones que mantiene hoy el Gobierno respecto
a Venezuela no fueran las que defendía ayer, a condición de que las razones del
cambio se presentaran con claridad y de que se gestionara diplomáticamente ante
las partes. Por el contrario, el obstinado cierre de filas como única respuesta
ha suscitado la incomprensión de los venezolanos, el malestar de Estados
Unidos, la desconfianza de las cancillerías latinoamericanas y la perplejidad
de los socios europeos.
La
oposición, a este último respecto, no ha asumido en ningún momento el deber de
minimizar el deterioro de la posición internacional de España por este episodio
cada vez más enrevesado, buscando, por el contrario, un beneficio político
inmediato. Lo hizo este martes en el Europarlamento y lo volvió a hacer en la
sesión de control celebrada ayer. Las preguntas que formularon sus distintos
representantes fracasaron tanto a la hora de obtener una explicación de la
presencia en España de Delcy Rodríguez, como a la de aclarar si el Gobierno ha
optado por otra política hacia Venezuela, y en qué consistiría esta en caso
afirmativo.
El
espectáculo ofrecido por la oposición, primero en Estrasburgo, y después en el
Congreso de los Diputados, solo ha contribuido a proyectar una imagen
internacional de España como socio inestable, sin posición conocida en una de
las más graves crisis que vive América Latina y sin un consenso interno que
garantice que vaya a haberla.
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