MICHAEL R. POMPEO, SECRETARIO DE ESTADO 03 de septiembre
de 2020
@SecPompeo
El
anuncio del régimen de Maduro de la desestimación condicional de los cargos
penales contra aproximadamente un tercio de los presos políticos que tiene no
resuelve, ni siquiera aborda, la crisis política subyacente de Venezuela.
Quedan cientos de presos políticos y, al igual que a los que ahora se les
ofrece arresto domiciliario o poner fin (por el momento) a sus causas penales,
ninguno de estos venezolanos debería haber sido encarcelado ni un solo día.
Para
los presos que fueron liberados, regresar a casa es un día para celebrar.
Estados Unidos se une en respeto y admiración por estos patriotas y por los
sacrificios que han hecho para liberar a su país.
Aún
así, la condición de la democracia en Venezuela sigue siendo terrible. Estas
desestimaciones de los cargos son condicionales, y los funcionarios amenazan
con rescindir el beneficio si alguna persona “vuelve a cometer cualquier acto
de terrorismo, violencia o golpista”, según lo determine arbitrariamente el
régimen. Entre los que aún siguen amenazados, acosados y acusados por el
régimen se encuentran líderes venezolanos como Juan Guaidó, Leopoldo López y
Julio Borges, así como el embajador de Venezuela en Estados Unidos Carlos
Vecchio y muchos otros luchadores por la democracia venezolana. Además, no se
incluyó a ningún líder chavista o sindical destacado preso; ni ningún miembro
del ejército, a pesar de su desproporcionado número entre los presos políticos.
La mayoría de los líderes políticos democráticos venezolanos exiliados no
podrán regresar, porque saben que podrían ser encarcelados instantáneamente;
hay cero garantías para su seguridad. Los cargos contra el diputado Juan
Requesens no fueron desestimados y permanece bajo arresto domiciliario. El
mismo día que Requesens fue liberado, la madre del diputado de la Asamblea
Nacional Armando Armas fue detenida arbitrariamente, recordándonos que el
régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamiento e intimidación para
extorsionar la participación en la farsa electoral de Maduro del 6 de
diciembre.
En
Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas y la
liberación de varios presos políticos no cambia eso. Ninguno de los partidos
políticos cuyo liderazgo fue removido y sus nombres, símbolos y bienes robados
por el régimen han sido restaurados, incluidos los partidos de izquierda que
desafían el control del régimen sobre el legado político de Chávez. Muchos
opositores políticos del régimen aún tienen prohibido postularse para cargos
públicos y siguen sin derechos políticos. La Comisión Nacional Electoral (CNE)
designada ilegalmente permanece bajo un estricto control del régimen, un hecho
que se volverá crítico porque en sus manos se encuentran complejos procesos de
registro. La libertad de prensa no existe. La libertad de expresión no existe.
La libertad de reunión no existe.
Instamos
a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a
continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente
aceptadas, para unas elecciones libres y justas. Nosotros, y nuestros socios
democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a
legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro. Los
ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por
restaurar la democracia en su país.
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