Por Gregorio Salazar
Días antes de que su
necio desdén por la covid-19 llevara a López Obrador a convertirse en uno de
los casi dos millones de mexicanos contagiados por el virus, el mandatario
estaba enfrascado en una disputa pública con el Instituto Nacional Electoral
(INE), análogo al CNE venezolano. A diferencia de este, el INE funciona de
manera equilibrada, apegado a la ley y, por lo tanto, confiable, virtudes que
no alcanzará ni remotamente su homólogo de acá mientras se comporte como dócil
instrumento del régimen.
Los ataques de AMLO
contra el INE surgieron del aviso que le hizo ese organismo para que, a partir
del 4 de abril cuando se inicie la campaña electoral para gobernadores (15) y
diputados federales (500), suspenda la transmisión completa y en vivo que hace
por los medios del Estado —aunque no en cadena— de sus cotidianas ruedas de
prensa, bautizadas La Mañanera, con la cual el mandatario abre su agenda del
día a las 7 a.m.
Se basa el INE en el
artículo 134 de la constitución mexicana, según el cual los servidores
públicos, desde el más bajo hasta el más encumbrado nivel ejecutivo, no pueden
influir en las campañas electorales mientras ocupen su cargo. Se les exige
equidad e imparcialidad.
El constituyente quiso
evitar prácticas ventajistas desde toda posición de poder público, aparte de
que en la actualidad, en imitación de un tipo de abuso que aquí conocemos
demasiado bien, AMLO se ha dedicado a atacar desde su tempranera tribuna a
políticos opositores y a los medios de comunicación.
Y ello a pesar de que
las encuestas revelan que su partido ganaría 14 de las 15 gobernaciones en
juego.
Por nada iba a perder
López Obrador la oportunidad de victimizarse calificando la medida del INE como
“un acto de censura, un agravio y un atentado a la libertad” y para exhortar a sus
seguidores, asimismo, a que opinen “si está bien que el INE nos silencie”.
Es lo más parecido a la
frase de aquella inefable y socarrona presidenta del CNE que frente al reclamo
por abusos semejantes se escudó diciendo: “Yo no puedo evitar que el presidente
haga cadenas”. No se trataba de impedir las cadenas, pero sí de evitar que el
mandatario abusador y violador de la ley las utilizara en provecho proselitista
en plena campaña y arremetiera en los términos más soeces contra sus
adversarios políticos o la “contrarrevolución”.
Con razón Lucena ha
pasado a la historia como la funcionaria pública que más ha hecho, por
acción u omisión, para alejar a los venezolanos de las mesas de votación.
Ese simple vistazo a la
legislación mexicana nos recuerda cabalmente la trágica realidad de nuestros
procesos electorales, en los cuales además de la postración del órgano rector
rige una hegemonía comunicacional ejercida de manera brutal, mucho más en
tiempos de comicios, bajo el criterio de que “nuestro socialismo necesita una
hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones deben depender del Estado
como bien público”, según revelara con impudicia aquel ministrico que hoy vive
holgadamente en tierras bien lejanas del país que ayudó a destruir.
Acabamos de ver en la
pasada “campaña” electoral para la Asamblea Nacional el uso cotidiano de
Nicolás Maduro de todos los canales públicos y de algunos privados, como si de
su propiedad exclusiva y de su partido se trataran.
Intervenciones diarias
durante semanas que sumaron centenares de horas de aparición en televisión,
pero además rotando en la pantalla a otros funcionarios, gobernadores,
ministros, dirigentes del PSUV en sesiones partidistas que incurrían en el
mismo delito, comúnmente conocido como peculado de uso.
Pero también impresiona
la pasividad con la que la oposición —la dura, la semidura y la blandengue—
está aceptando ese cepo que constituye una de las claves del ventajismo
electoral del chavismo y sin cuya eliminación no habrá elecciones
verdaderamente justas y libres en Venezuela.
Cabe preguntarse si es
que para las elecciones legislativas y presidenciales que, nos dicen, son las
únicas en las que se podría participar, aterrizaremos con candidatos, CNE,
condiciones, medios plurales y todo el resto del mandado hecho. O si eso no hay
que comenzar a forjarlo desde ya, apoyándose en el respaldo internacional,
organizándose y participando a todos los niveles como lo están pidiendo
diversos sectores de la sociedad. Esa aparece, descartados atajos
descabellados, como la única ruta… y cuanto antes se decida, mejor.
Gregorio Salazar es
Periodista. Exsecretario general del SNTP.
31-01-21
https://talcualdigital.com/hegemonia-comunicacional-y-cepo-electoral-por-gregorio-salazar/
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