Miguel Mendez Rodulfo 04 de julio de 2014
Cuando los países que históricamente
han manejado mal sus finanzas, tienen fugaces períodos de prosperidad, buscan
respaldar esos datos de crecimiento con cifras del FMI, el Banco Mundial, las
calificadoras de riesgos, etc. De manera que si las cosas van bien, lo
certifican los organismos internacionales. El problema es cuando las cosas van
mal, entonces el FMI, los bancos de inversión y las calificadoras, son los
causantes de las desgracias que los asolan. Se argumenta que: “nos prestaron dinero
sin que lo necesitáramos. Nos engañaron. Nos obligan a tomar medidas que
afectan a los pobres, etc.”. Sin embargo, nada dicen del despilfarro, la
ineficiencia y la corruptela profunda y generalizada, que llevó a la quiebra a
su economía, por sus propias acciones y yerros. Por otra parte, luego de la
crisis, cuando tienen que refinanciar su deuda, buscan casi secretamente al
FMI, JP Morgan, Moodys, etc., para que los ayude a desenredar el entuerto, al
cual volverán nuevamente un poco más adelante. Hay que decir que en estos
refinanciamientos, siempre hay corruptela, cohecho y uso de información
privilegiada en provecho de grupos afectos al poder.
Durante el default de 2001, el FMI,
fue aluvionalmente denostado por los argentinos y una legión de otros economistas
y opinadores, de América Latina y el mundo, por lo que ese organismo tuvo
durante bastante tiempo una imagen diabólica (pero que incluso sirvió para que
también rectificara la intensidad en la aplicación de sus recetas); sin
embargo, es la misma institución que daba asistencia técnica y apoyo con
créditos a la economía argentina desde 1958, bajo el gobierno de Frondizi.
Entonces un “programa de estabilización” preveía profundas reformas que debían
realizarse tanto en materia de ajuste del gasto como de apertura económica, lo
cual incluía: el saneamiento de la economía nacional, así como sentar las bases
de un genuino desarrollo mediante severas medidas en materia cambiaria,
arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del
gasto público (¿algún parecido con lo que exige Merkel en la Europa actual?).
Argentina, nunca tomó esas medidas, ni entonces ni en sucesivas otras
asistencias del FMI al país austral, luego ¿es culpa del fondo? Como cosa
curiosa hay que decir que después del refinanciamiento, estos países también se
arreglan primero con el FMI y comienzan a pagarle antes que a otros acreedores.
Claro en forma subrepticia.
Cuando un país emite bonos, sabe que
estos los puede comprar cualquiera: desde un pequeño ahorrista, un banco de
inversión hasta fondos especulativos. Eso está claro y no por ello se deja de
emitir deuda, ni mucho menos se puede argumentar que la ganancia de los holdouts es inmoral.
Así funciona el mercado, y si un tenedor prefiere vender su bono a un fondo
buitre en vez de someterse a una quita impuesta por el canje que ofrece el
gobierno, debe ser por algo. Argentina violó la cláusula pari passu (pagó al
92% a pesar de que el 7% se oponía). Por eso el juez Griesa le dio la razón a
los fondos especulativos. Ahora se podría activar la cláusula RUFO (Rights Upon
Future Offers), mediante la cual si el país emisor ofrece a otros tenedores
mejores condiciones de pago, también debe ofrecer el mismo trato a todos los
demás bonistas. Ello, por supuesto incluiría a quienes aceptaron reestructurar
la deuda, por lo que podrían terminar cobrando completo. De allí el gran temor
de Argentina.
Como quiera que la cláusula RUFO vence
al término de 2014, podría ocurrir lo impensable: que Argentina termine
conviniendo con los odiados fondos buitres un acuerdo por debajo de la mesa que
prolongue las negociaciones hasta vencer dicha cláusula, de manera de dejar por
fuera al grueso de los bonistas, los reestructurados. ¿Permitirá esto el
incorruptible juez Griesa?
Caracas, 2/07/2014
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