Trino Márquez Jue Jul 03, 2014
Luisa Estella Morales, expresidenta
del TSJ, lo dijo de manera rudimentaria: el Estado es uno, único e indivisible;
la división de poderes es una añagaza burguesa. Los fundamentos teóricos de
esta visión monolítica del Estado fueron desarrollados con sofisticación por
Vladimir Lenin, desde la perspectiva comunista, en su célebre texto El Estado y
la revolución, escrito unos meses antes del triunfo de la Revolución
Bolchevique: y por Carl Schmitt, desde la óptica nazista, en varios de sus
libros, especialmente en La dictadura.
El nervio central de los argumentos de
Lenin y Schmitt, desde vértices aparentemente opuestos, reside en cuestionar
por erróneos e hipócritas el concepto de República y la idea de la separación e
independencia de poderes que lo acompaña, desarrollados por el republicanismo
francés (Montesquieu), y por el liberalismo inglés (John Locke). Lenin, Hitler
y Mussolini -operadores políticos de la concepción orgánica- pasaron de la
teoría a la acción. Construyeron Estados totalitarios donde pusieron en
práctica los principios teóricos elaborados por el líder de la Revolución Rusa
y por Schmitt. El comunismo, el fascismo y el nazismo, a partir de esta
coincidencia esencial, ejecutaron estilos similares: abolición de la
independencia de los poderes, desconocimiento de los derechos humanos y del
Estado de Derecho, exterminio de los opositores, campos de concentración,
creación del partido único y disolución de los partidos políticos adversos,
eliminación de la libertad de prensa, pensamiento único, fusión del Estado, el
Gobierno y el Partido, creación de las milicias y subordinación total de la
institución militar al proyecto revolucionario. Mussolini y Hitler, al igual
que Lenin, asumieron los procesos que lideraron como verdaderas revoluciones.
Los Estados totalitarios de derecha solo pudieron implantarse en la Italia de
Mussolini y la Alemania de Hitler. Posteriormente, se establecieron dictaduras
e incluso tiranías de derecha, pero no regímenes totalitarios.
Lo que ocurre en Venezuela desde 1999
es una réplica tropical y bastarda del fenómeno demencial padecido por la URSS,
los países de Europa del Este, China, Cuba y todas las demás naciones donde se
instaló el comunismo. El último episodio de este salto al pasado, a las
antiguallas autoritarias militaristas de los siglos XIX y XX, es la decisión
del TSJ que les permite a los militares uniformados desfilar y asistir a los
actos políticos del Gobierno. El argumento que acompaña el dictamen destila
cinismo. Resulta que la presencia de oficiales vestidos con atuendos castrenses
revela sus firmes “convicciones democráticas”. Los amanuenses del máximo
Tribunal de la República –porque en eso los ha convertido Miraflores y La
Habana- ni siquiera tuvieron el coraje de la señora Luisa Estella, sino que
invocaron la democracia para que les sirviera de burladero y excusa para
cometer semejante atropello a la Constitución, a la República y a la
inteligencia de los venezolanos.
El débil Gobierno de Maduro, decidido
a someterse a la bota militar, utiliza a los plumíferos del TSJ para corromper
y pervertir la FAN, estamento que por su propia naturaleza -es decir, por estar
armada y detentar el uso legítimo de la fuerza- tiene la obligación de ser
apolítica en el sentido y los términos establecidos en la Carta del 99. Ese
revestimiento pretendidamente democrático que le da el TSJ a la sentencia,
degrada a ese pobre tribunal, vergüenza del país y de los abogados.
El propósito, ni siquiera oculto, de
semejante exabrupto es destruir todo vestigio institucional de la FAN y
convertirla en el verdadero partido de un régimen que perdió el apoyo de la
mayoría de los obreros, los trabajadores del sector informal, los estudiantes,
los profesionales y técnicos, la amas de casa, y que ahora, despavorido, sale
cobijarse bajo la sombra protectora y vigilante de los militares. Florencio
Porras, exgobernador de Mérida por el PSUV y militar en condición de retiro,
denunció la patraña urdida por el TSJ. Otros militares, esta vez activos, deberían
distanciarse de esa bochornosa decisión. Así como la obediencia debida, de
acuerdo con el Estatuto de Roma, no sirve de excusa para justificar crímenes de
lesa humanidad, acatar dictámenes inconstitucionales no absuelve la complicidad
con la ilegalidad.
La FAN no puede operar como un
partido, ni el TSJ actuar como el brazo legal del PSUV.
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