Edgar Rivero mayo de 2015
Históricamente todo régimen autoritario
concentra sus ataques en la Universidad, por ser la cuna del pensamiento
crítico, pues ve en ella un enclave de potencial cuestionamiento del sistema.
Tanto así, que el dictador chileno Augusto Pinochet, acuñó una famosa frase que
describe a la perfección la visión actual del “presidente obrero” sobre la
educación superior: “a las universidades se viene a estudiar, no a pensar”. De
allí, deriva su cólera y permanente reconcomio contra los universitarios.
Los universitarios somos seres humanos,
ciudadanos y actores sociales. Al igual que otros venezolanos, nosotros también
apostamos, junto al trabajo y al capital humano que formamos, a los derechos
sociales de satisfacer plenamente nuestras necesidades básicas como: salud,
nutrición, vivienda, actualización académica, a la par que participamos
activamente en la construcción de la sociedad como tal. En pocas palabras,
tenemos todo el derecho de exigir mejores condiciones de vida.
He aquí el meollo del asunto.
Independientemente de los ataques, ofensas, improperios, descalificaciones por
parte del gobierno de turno, la Universidad ha sido y seguirá siendo el
indestructible espacio de lucha, para exaltar la batalla por la libertad, la
justicia social, la equidad, el pensamiento plural, el eterno ambiente
académico reflexivo de los que apostamos por el triunfo del humanismo y mejores
oportunidades de vida para nuestras naciones. Sin duda, el perenne grito de los
que luchamos por la democracia y la paz; contra las desigualdades, los
atropellos, las injusticias y aquellos que pretendan aniquilarnos como
venezolanos en pleno uso de sus derechos constitucionales.
De allí pues, nuestro reclamo no se
traduce a un simple ajuste de sueldo; va más allá e implica aspirar a una serie
de políticas sociales de forma concertada, las cuales incidan realmente
favorablemente en romper las paupérrimas condiciones y niveles de vida de
nuestras familias, sujetas siempre al trabajo asalariado que tenemos como
universitarios. El Estado, por tanto, debe propiciar otros patrones de
desarrollo que puedan garantizar a nuestro entorno una mejor forma de trabajo y
de vida.
El reto es revertir la tendencia de la
desigualdad, pobreza y pocas oportunidades de progreso, que tiene el profesor
universitario acentuado en estos últimos años. Los universitarios vivimos
nuestra hora menguada, el régimen de turno, vuelve a desconocer - y esta vez
con mayor fuerza - que los derechos del trabajador universitario deben ser
progresivos y tangibles; es decir, el salario del docente universitario “debe
ser privilegiado en la nación”, por el valor de la enseñanza para la sociedad.
Claro está, eso podría suceder si estuviésemos en democracia.
Por lo tanto, es imperativo evitar que
se desvirtúe la naturaleza académica de la Universidad venezolana, por no
comulgar con un modelo socialista trasnochado y fracasado, el cual deja en
evidencia que este nivel educativo no es su prioridad. De allí, el pretender
menospreciar al docente universitario limitándolo a adquirir con ese pobre
sueldo la dieta del pan y agua; desconociendo que el profesor debe tener unos
ingresos acordes con su alta investidura, con el papel que desempeña en la
sociedad, tal cual como lo dice nuestra Constitución.
Finalmente, como todos los trabajadores,
merecemos una vida digna, un salario justo, unas condiciones laborales
satisfactorias y la plena garantía para el ejercicio de nuestros derechos y
vocación; más aún por ser cultivadores del saber y artífices de la adquisición
del conocimiento y la cultura. Hay que seguir luchando por conseguir ajustes
más cercanos a los índices inflacionarios. Por eso, aquí estamos juntos en el
propósito de rescatar nuestra dignidad, pero eso no será posible mientras no se
garanticen las necesidades básicas que hoy escasean. Para vivir dignamente,
debemos ser gobernados gerencial y dignamente.
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