Por Carlos Romero M., 05/02/2016
El diseño institucional de cada país es diferente. En tal sentido, me
pregunto ¿Cómo responde la institucionalidad en otro país ante la crisis de
sequía que hoy impacta como consecuencia del fenómeno del Niño?
La tecnología me permite visitar los medios digitales en Colombia y
desde la información pública se pueden conocer algunas interesantes
experiencias que permiten valorar la participación de los actores locales en el
diseño de las políticas para enfrentar la sequía y la capacidad institucional
de los mismos para ejecutar esas políticas.
Una primera experiencia nos lleva al Valle del Cauca, en donde
ACUAVALLE, sociedad anónima descentralizada responsable de la prestación
eficiente del servicio público domiciliario de agua potable, facilitó una
reunión con los alcaldes de los municipios de esa zona geográfica, a los fines
de debatir el problema del desabastecimiento del agua que afecta a 10
poblaciones, en una situación en la que se advierte que el problema podría
agravarse entre febrero y marzo. La reunión fue clara en su objetivo de
exhortar a cada alcalde a impulsar planes de contingencia a los fines de
enfrentar con mayor efectividad la crisis que genera en sus municipios la
severa sequía[1].
Entre las recomendaciones que allí se plantearon y discutieron, se
destaca la necesidad de aplicar sanciones a los usuarios que sean sorprendidos
desperdiciando agua y que se excedan en metros cúbicos autorizados por
población. Es oportuno mencionar, que según el Ministro de Vivienda de
Colombia, hay un total de 1.200.000 personas sancionadas por derroche de agua
potable[2].
Otra de las recomendaciones de esa reunión, fue la activación de
políticas en materia de Gestión de Riesgo y Desastre para mitigar el riesgo de
desabastecimiento de agua e incendio forestal en esta temporada. Se exhortó a
las autoridades locales a crear el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y
Desastre, crear una Comisión Asesora Municipal de Prevención, Control y
Mitigación de Incendio Forestales, diseñar planes de emergencia, de gestión de
riesgos y de contingencia. Mantener activa una sala de crisis e incluir a los
vecinos en la responsabilidad de enfrentar la crisis invitándolos a tomar
medidas como, por ejemplo, no lavar fachadas, vehículos, regar jardines, etc.
Por cierto, los medios permiten identificar en otra zona del territorio
Colombiano, específicamente en el Municipio Acacias del Meta, un ejemplo
concreto y reciente, en el cual el análisis de la situación hecha por el
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, les llevó sugerir un Plan de
Racionamiento para el Municipio, que fue asumido por la empresa prestadora del
servicio y expresamente llamó a preparar a los ciudadanos para que asuman el
Plan Racionamiento y en consecuencia contribuyan efectivamente a enfrentar la
crisis[3].
En los Municipios de la provincia de Ocaña, sur del César y el
Catatumbo, encontramos otra experiencia interesante a valorar, en donde la
Asociación de Municipios sirve de espacio para desarrollar una jornada de
trabajo entre autoridades locales y de manera conjunta diseñar lineamientos
generales que permitan en bloque y de manera particular enfrentar el problema
de la sequía en sus municipios.
En esa reunión, se buscó que los alcaldes unieran esfuerzos con
CORPONOR (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) a través de
acciones concretas y de la búsqueda de recursos financieros a los fines de
contribuir de manera mucho más efectiva a contrarrestar la emergencia originada
por la fuerte sequía[4]. Por cierto, CORPONOR, en octubre 2015,
ya asomaba la necesidad de esta articulación de actores políticos para tomar
medidas concretas que permitiera enfrentar la sequía.
Como se puede apreciar en los casos que se mencionan, se destaca la
participación directa de los municipios en la decisión del racionamiento y en
el diseño de medidas para prevenir las consecuencias que genera la sequía. Por
otro lado, esas experiencias permiten afirmar, al menos desde la distancia, que
cuando un ciudadano colombiano quiere información sobre la magnitud de la
crisis y sobre las medidas que se están tomando para enfrentarla, fácilmente
podría tener acceso a ella a través de las autoridades políticas más cercana a
su ámbito de actuación e influencia.
En el caso venezolano, los ciudadanos experimentamos la gran dificultad
por acceder a información técnica sobre calidad de agua y para lograr ser
informados sobre la magnitud del problema que genera la sequía en la capacidad
de garantizar agua continua. Precisamente en la búsqueda por información
confiable, técnica y veraz, los ciudadanos y las autoridades locales, terminan
aliándose en el reclamo de información por parte de Hidroven y particularmente
de Hidrocapital en la zona metropolitana de Caracas.
Desde la perspectiva ciudadana y desde los registros de los medios
digitales del país, se evidencia la ausencia de voluntad política por parte de
Hidroven de crear estrategias para fortalecer lazos con las autoridades locales
a los fines de garantizar mejor calidad de servicio a los ciudadanos, que pasa
por una mayor y mejor información. Por el contrario, Hidroven lejos de promover
el encuentro y la articulación de estrategias con las autoridades legítimamente
electas en cada municipio, destina su capacidad en impulsar la conformación de
Salas de Gestión Comunitarias de Agua, a través de las cuales pretende incluir
a los ciudadanos en la solución de problemas puntuales y concretos en la
distribución del vital líquido, manipulando el principio de participación e
ignorando la institucionalidad local como actor en la gestión integral agua.
Esa estrategia de Hidroven, no plantea ningún contenido que ayude a entender
cómo se aborda la crisis de sequía que hoy nos afecta.
Queda claro a la luz de estas experiencias mencionadas que el Municipio
en Colombia es reconocido como actor en las políticas públicas relacionadas con
el agua, tan es así, que no sólo puede imponer multas a los vecinos, como se
mencionó previamente, sino que además, un alcalde puede ser obligado por un
Tribunal a cumplir con la prestación continua del servicio de agua.
Ese es el caso del Alcalde de Neiva, quien actualmente fue declarado en
desacato por no cumplir con una tutela que le obligaba a suministrar agua de
manera continua a una comunidad del Municipio y en consecuencia se ordenó su
arresto. Actualmente esa orden es apelada ante el Consejo de Estado. La medida
la impulsaron vecinos de una comunidad del Municipio Neiva, que argumentaron no
tener servicio continuo de agua y verse afectados con enfermedades como
consecuencia de la mala calidad del agua cuando la reciben[5].
En Venezuela, si el artículo 136 de la Ley Orgánica de Prestación del
Servicio de Agua Potable y Saneamiento hubiere sido desarrollada por el
Gobierno Nacional, no cabe duda que hoy los Alcaldes y Concejales, a través de
figuras como el Consejo Local de Planificación Pública, pudieran, vía Consejo
Federal de Gobierno, diseñar y aprobar planes de contingencia, así como
también, prever recursos especiales para enfrentar con mayor efectividad las
consecuencias de la sequía.
Pero para que esa dinámica local pueda funcionar en la práctica como se
describe, resulta indispensable reformar al Consejo Local de Planificación
Pública, para hacerlo un espacio útil para la recuperación de la cohesión social
necesaria que nos permita recuperar al Municipio como actor clave en el
desarrollo sostenible desde lo local.
Asimismo, una reforma legislativa permitiría que los Consejos Estadales
de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas puedan ser claramente
esos espacios institucionales en los cuales se logren articular esfuerzos entre
autoridades locales para enfrentar contingencias como ésta que nos impacta como
consecuencia de la sequía.
Hasta ahora, estas instancias integrantes del Sistema Nacional de
Planificación han resultado un fracaso como herramientas para la gobernanza y
el desarrollo sostenible, pues el Poder Popular las ha confiscado para imponer
su modelo comunal.
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[1]Elpais.com Piden tomar medidas en el Valle para
mitigar desabastecimiento de agua. 29 de enero 2016. Online en:
[2]El Pilon.com. En Valledupar se han sancionado a 30 mil
derrochadores de agua. 4 de febrero 2016. Online en:
[4]El Espectador. Alcaldes del Norte de Santander se unen
para contra el fenómeno del niño. 12 de enero de 2015.
[5]Diario el Huila.com. La tutela que puso en jaque la
administración de Neiva. 02 de febrero de 2016. Onlne en:
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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