Por Alfredo Meza
La disputa entre la Asamblea
Nacional de Venezuela y el Ejecutivo de Nicolás Maduro tendrá un nuevo clímax
en los próximos días. La mayoría opositora que controla el Parlamento desde
enero ha decidido dejar sin efecto la juramentación de 13 magistrados principales
y 21 suplentes nombrados en diciembre de 2015 por la anterior terna que
controlaba el chavismo.
La decisión supondrá un
nuevo foco de disputas y llega justo cuando las partes están más cerca de
citarse cara a cara por primera vez desde 2014, para intentar encontrar una
solución consensuada a la generalizada crisis del país. El Parlamento ha tomado la decisión luego de escuchar
un informe leído por el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, quien presidió
una comisión que estudió la designación de los togados y concluyó, luego de
analizar cómo se seleccionaron a los aspirantes.
El discurso de Berrizbeitia
recordó las críticas formuladas por la oposición en la gestión pasada no solo
sobre la idoneidad de los aspirantes, en su mayoría simpatizantes y
exfuncionarios identificados con el chavismo, sino las referencias al
desconocimiento de los lapsos establecidos en las normas para la elección de
los magistrados. No ha sido nunca Venezuela un modelo de independencia en el
Poder Judicial, pero el chavismo, sugirió la reflexión de Berrizbeitia, ha
superado el respeto de las formas en su denodado esfuerzo de gobernar conforme
a los límites establecidos en la división de los poderes públicos.
El parlamentario solicitó a
la plenaria “dejar sin efecto la selección de los Magistrados y Magistradas
principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que culminó en
diciembre de 2015”. Y así fue aprobado. Esta decisión implica la inmediata
designación de nuevos miembros del Supremo de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y el Reglamento Interno del Comité de Postulaciones
Judiciales.
Luego de la derrota en las
elecciones parlamentarias de diciembre el chavismo decidió reforzar el control
del Supremo jubilando anticipadamente a varios magistrados o sustituyendo a
otros. Todo era parte de una maniobra para evitar las consecuencias políticas
de la derrota electoral. A partir de enero cada decisión que afectaba al
gobierno adversa fue contestada por el Supremo con una negativa que ha limitado
la función contralora de la Asamblea Nacional. El choque de poderes es una gran
función continuada.
El diputado chavista Edwin
Rojas afirmó en el debate: “estamos presenciando una carmonada”, en una clara
alusión a la juramentación del empresario Pedro Carmona Estanga tras el derrocamiento del
presidente Hugo Chávez en abril de 2002.
La declaración es apenas la
primera reacción de lo que podría venir en los próximos días. De momento el
gobierno ha hecho silencio mientras analiza el alcance de la medida y la
respuesta que seguramente instruirá a través del propio Supremo, que controla a
sus anchas. Todos parecían estar concentrados en la celebración del
bicentenario de la muerte del prócer venezolano Francisco de Miranda en una
prisión de Cádiz. Una película alegórica a su épica estaba siendo transmitida
en cadena nacional.
14-07-16
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