Por Michael Penfold
El gobierno subestimó las
consecuencias que tendría en el plano internacional, y también dentro del
chavismo, las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional,
que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la
Asamblea Nacional. El hecho que las deliberaciones de la OEA, que se realizaron
a comienzos de esta semana para discutir el informe de Almagro sobre Venezuela,
hubiesen terminado con una declaración conjunta de 20 países en vez de una
resolución definitiva para activar la Carta Democrática, fue interpretado
equivocadamente como un gran triunfo de la revolución así como una gran
oportunidad para terminar de abrogarse a través del sistema judicial todos los
poderes políticos y financieros de la Asamblea Nacional.
La reacción e indignación
internacional frente a la evidente ruptura constitucional que implicó, tan sólo
horas después de finalizar la sesión de la OEA, la liquidación de una
institución legislativa que ya se encontraba en terapia intensiva, tomó al
gobierno por sorpresa. En poco tiempo, el gobierno descubrió que la restricción
internacional era mucho más severa de lo que ellos mismos se imaginaban.
Incluso, países como Colombia, que habían mostrado por razones evidentes mucha
cautela en el manejo del asunto venezolano, promovió una protesta abierta
comunicada por el propio Presidente Santos sobre la gravedad de la decisión
adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, catalogándola como inaceptable.
La Presidente Bachelet, quien también se había mantenido en silencio frente al
colapso democrático del país -a pesar de que su cancillería había adoptado una
actitud vocal más crítica frente al desarrollo de los eventos venezolanos-,
terminó por aceptar durante una visita oficial a España, lo delicado de la
situación.
Pero lo que el gobierno nunca
se imaginó es que la restricción más importante vendría desde el interior del
mundo chavista. El gobierno subestimó, mucho más que el nivel de irritación
internacional, el impacto que las fricciones generadas por la disolución de la
Asamblea Nacional podía llegar a producir dentro de sus propias esferas de
poder, encontrándose con una Fiscal General de la República que inmediatamente
ventiló su opinión sobre las implicaciones tan atroces que se derivaban de unas
sentencias judiciales que alteraban de raíz el orden constitucional.
Evidentemente, la Fiscal General no emitió esta opinión sin el apoyo político
de otros factores relevantes, que seguramente compartían las mismas inquietudes
frente a la desviaciones del gobierno nacional.
Todo esto hace pensar que el
universo chavista comienza a parecerse cada día más al peronismo argentino, con
facciones internas cada vez más encontradas y con opiniones contrapuestas, pero
siempre compartiendo la sempiterna marca de la revolución bolivariana. Pero
para quienes dentro del mundo opositor dudaban de la existencia de los
moderados chavistas: pareciera que dentro de la revolución continúan anidándose
algunas importantes fuerzas democráticas. Y es evidente que estas corrientes
del chavismo prefieren a un poder ejecutivo restringido por algunas reglas
básicas que a un presidente sin ningún tipo de controles legislativos.
El Presidente Maduro ahora tiene
que enfrentar una realidad sumamente compleja y a un grupo chavista que
probablemente sea mucho más poderoso que la misma oposición (cuyos partidos
lamentablemente muestran un gran músculo electoral pero hasta ahora han
revelado muy poco tino político). Después de la arbitraria suspensión del
referéndum revocatorio ocurrida el 20 de Octubre del 2016, la oposición optó
por desconectarse irracionalmente de su propia base de apoyo ciudadano, y
frente a la magnitud de la nueva crisis que implicaba la disolución definitiva
del parlamento, no pudo movilizar rápidamente a la sociedad venezolana que cada
vez se muestra más confundida y agobiada por la crisis económica
nacional. Si bien la oposición venezolana no tiene un problema de
popularidad -todos sus candidatos están en capacidad de ganar una elección
presidencial-, comienza a experimentar un profundo problema de
credibilidad.
Es así como el gobierno del
Presidente Maduro no tiene otra alternativa que manejar políticamente la
opinión emitida por Luisa Ortega Díaz. La confrontación no será amigable pero
tampoco será un conflicto directo. El gobierno ha escogido el Consejo de
Defensa de la Nación para dirimir esta controversia interna. La consecuencia o
el riesgo más grave para el gobierno es que las palabras de Ortega Díaz le
permita a los organismos internacionales contar con la opinión autorizada, nada
menos que de la Fiscalía General de la República, para declarar formalmente el
colapso de la división de poderes y el cese del funcionamiento de la democracia
en Venezuela. Es por ello, que no es descabellado pensar, que en un esfuerzo
dirigido a disminuir los altos costos internacionales en los que comienza a
incurrir el gobierno nacional, el chavismo se vea obligado a retractarse así
sea parcialmente. De modo que a nadie le debería sorprender, si el Tribunal
Supremo de Justicia en pleno, revoca o suspende por algún tecnicismo
interpretativo las sentencias de la Sala Constitucional. Y esto es precisamente
lo que explica por qué el Presidente Maduro en cadena nacional, en la noche del
31 de Marzo de 2017, aceptó que lo que ocurrió como consecuencia de las
abyectas sentencias que terminaron por disolver la Asamblea Nacional y que
fueron ampliamente avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia y abiertamente
criticadas por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, y que él mismo como Presidente de
la República dice ahora desconocer en detalle, fue un impasse y no
una ruptura del hilo constitucional.
Lamentablemente, la resolución
de este problema no es un asunto semántico que pueda aclararse simplemente con
distinguir entre impasse y ruptura: pues detrás de todo estos
trágicos eventos comienza a reflejarse un importante cambio en el juego
de poder. Un juego en el que el madurismo, en su esfuerzo por concentrar cada
vez más poder político en la presidencia, pareciera comenzar a estar más
restringido por las fuerzas internacionales y por las mismas fisuras internas
del chavismo, que por la propia capacidad de movilización de la oposición. Y
esta es sin duda la paradoja más llamativa del momento histórico en el que
vivimos. Una paradoja que para todos continúa siendo un misterio: sobre
todo para la sociedad venezolana en su conjunto.
01-04-17
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