La
decisión que viene de ser adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
Venezuela, declarando en desacato a la Asamblea Nacional de ese país, nada
menos que al poder legislativo de Venezuela, al momento que también anuncia que
asume a la vez las funciones de ese poder del Estado, es la negación misma, más
que eso, es un golpe critico a los últimos vestigios de la democracia en esa
nación latinoamericana.
La
democracia es tal cuando existe una clara división de los poderes del Estado,
lo que ya desde hace un tiempo considerable los ciudadanos de Venezuela venían
observando como ésta se vulneraba, al tiempo que se iban restringiendo sus
libertades y derechos, y profundizando las consecuencias de una grave crisis
política, social, humanitaria, de seguridad humana y salud, que ha golpeado
inexorablemente a los habitantes de ese país tras una gestión deficiente,
autoritaria, centrada en ella misma, e indiferente al sufrimiento causado por
sus acciones.
Cuando
la opinión pública internacional ha estado conociendo de los esfuerzos de
organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA,
para que prevalezcan en Venezuela un mínimo de referentes y de respeto a
valores y principios que hoy se comparten, no solo por los pueblos de América
Latina y el Caribe, sino también a través del mundo, resulta hoy inaceptable
para los demócratas de cualquier continente la concentración de poder que
observamos en Venezuela, los abusos de las libertades y derechos de sus ciudadanos,
la existencia de presos políticos y las carencias que golpean mortalmente a la
población de esa nación todos los días.
La
Internacional Socialista, frente a la gravedad de lo que hoy sucede en
Venezuela, condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del TSJ, cuya
composición en las postrimerías del mandato de la anterior Asamblea ya había
sido gravemente cuestionada y se suma a la demanda de las fuerzas democráticas
de Venezuela para que se reestablezca de inmediato la división de los poderes
del Estado en ese país establecidos en su Constitución. Hace un llamamiento a
que se ponga fin al desconocimiento, trabas e impedimentos para que la Asamblea
Nacional, electa por todos los ciudadanos venezolanos, pueda reasumir de
inmediato sus labores legislativas con además el pleno reconocimiento de las
inmunidades parlamentarias de sus miembros; a la inmediata liberación de todos
los presos políticos que permanecen ya por años en las cárceles del régimen, ya
que también no hay democracia cuando existen presos políticos; y a la
formulación urgente de un calendario electoral, porque es el pueblo quien elige
a sus líderes en democracia a través de elecciones que deben ser justas y libres y celebradas regularmente
Hoy,
cuando en las últimas décadas, finalmente, ciudadanos a través de los diversos
rincones del planeta, otrora sin voz ni voto, entregan y legitiman con su
voluntad y con su ilusión sistemas políticos que permiten construir y preservar
la democracia, nadie en ninguna parte, tampoco en Venezuela, puede pretender
escapar, ocultar y huir de sus obligaciones y reclamar que el resto del mundo
no tiene derecho a entregar su opinión.
El
gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro tienen hoy una enorme responsabilidad y
deben actuar hoy y no mañana.
30 de
marzo del 201
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