10 Últimos

viernes, 7 de abril de 2017

La oposición venezolana aumenta la presión contra el Supremo con otra marcha en Caracas, por @alfredomeza



ALFREDO MEZA 07 de abril de 2017

Por segundo día consecutivo en esta semana, Caracas volvió a sumirse en el caos. La Policía Nacional Bolivariana (PNB)  ha dispersado con gases lacrimógenos y agua a los integrantes de la marcha opositora que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital. Fue el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, en un acto sorpresivo, el responsable de desviar el curso de la concentración que, en principio, se iba a realizar en un acomodado sector del Este de Caracas, hacia la sede de la Defensoría del Pueblo. A pocas cuadras de ahí, cerca del Palacio Federal Legislativo, está reunido un grupo chavista.

Los manifestantes protestaban para pedir apoyo al defensor del Pueblo contra los magistrados responsables de elaborar dos sentencias que usurparon las labores de la Asamblea Nacional y retiraron la inmunidad a los parlamentarios. La llamaron “tranca contra el golpe”. En respuesta, el chavismo llamó a sus seguidores a concentrarse en el centro, su coto natural. La lógica de marchas y contramarchas que han caracterizado a Venezuela en los últimos 18 años se repite cada vez que se agudizan las contradicciones entre los actores y esta vez no ha sido menos.

Las imágenes de las transmisiones por Internet muestran a personas encapuchadas, mientras caminan envalentonadas hacia el enfrentamiento inevitable con la policía.  Las vías de entrada a la capital fueron obstaculizadas desde la madrugada para evitar que se sumaran más manifestantes a las protestas. Como parte de ese plan varias estaciones del Metro de Caracas permanecieron cerradas desde la mañana. Con todo, la asistencia ha recordado las grandes concentraciones de la oposición en sus más célebres jornadas de protesta.

La tensión se ha incrementado esta semana porque la oposición considera que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las aclaratorias de las polémicas sentencias, ha convertido al Parlamento, en el que son mayoría, en un foro político sin trascendencia. Las protestas de los días previos han dejado decenas de detenidos y heridos en Caracas y en otras ciudades del país, pero también les han dado a los adversarios del régimen la excusa que estaban buscando para intentar recuperar la iniciativa política, que habían cedido en octubre cuando aceptaron conversar con los delegados del presidente Nicolás Maduro para buscar una salida política a la crisis. Al no conseguir los objetivos de liberar a los presos políticos y fijar un calendario de elecciones, dos de las principales propuestas, decidieron retirarse.

La movilización opositora partió desde siete puntos de Caracas. Cada ramal se unió en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, la vía más importante de la capital venezolana, y recibió el nombre de los siete magistrados que forman parte de la Sala Constitucional, donde se redactaron los fallos. Miles de personas llenaron ambos sentidos de la autopista.

La Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo Moral Republicano, instancia a la que la directiva del Parlamento ha concurrido para solicitar que califique la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron la usurpación de poderes del Parlamento. Su titular, Tarek William Saab, ha aceptado la explicación del régimen y no considera lo ocurrido con las sentencias como un golpe de Estado.