Fernando Mires 03 de abril de 2017
Llámenlo
como lo llamen - golpe al parlamento, golpe blando, golpe seco, golpe
incruento, golpe de estado, golpe en el estado - lo cierto, lo evidente, lo
claro, es que el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, llevó a
cabo, apoyado en un TSJ -cuyos miembros fueron elegidos a dedo por el propio
gobierno- un golpe a todo el pueblo venezolano. Hecho que solo encuentra algunas
similitudes con el “fujimorazo” del 1992 en el Perú, delito que Fujimori
todavía paga con cárcel.
Lo que
no esperaba el grupo que rodea a Maduro, camarilla que gobierna autonomizada
del propio partido de gobierno, fue el imponente rechazo de la OEA, de la gran
mayoría de los gobiernos y parlamentos latinoamericanos, de los EE UU y de la
UE. Tampoco contaban con la disposición unitaria de la mayoría de los partidos
de la MUD para defender a la Asamblea. Ni con la impresionante actitud del
presidente de la AN, Julio Borges, quien haciendo uso de la dignidad de su
cargo, llamó a la ciudadanía a las calles a defender a su único organismo de
representación: a esa Asamblea que ha llegado a ser el parlamento del pueblo.
La
declaración hecha por la fiscal general de gobierno, Luisa Ortega Díaz,
bautizando como inconstitucional la atrocidad cometida por el grupo
civil-militar de gobierno a través del TSJ, sorprendió a todo el mundo. No
importan por el momento las razones por las cuales la señora decidió dar paso
tan importante. Sea por el arrepentimiento de una persona que ve confrontada la
esencia de su profesión, sea por una maniobra buscada por Maduro para -a través
de la fiscalía general- retroceder ante la avalancha de protestas nacionales e
internacionales, lo cierto es que el chavismo ya no puede ocultar las profundas
grietas que lo atraviesan. Si esas grietas llegan hasta las FAN, es por el
momento sospecha o hipótesis. Pero quienes conocen a la fiscal, aseguran que ella
nunca va a dar una batalla sola. Las palabras de su texto no dejan duda,
además, de que están dirigidas a una fracción en el poder. Probablemente a las
mafias que controla Diosdado Cabello. Dijo Ortega Díaz:
“En
recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias
violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado
consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo
que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación
manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”
El
gobierno, si todavía tenía alguna gota de legitimidad, después de las
declaraciones de la fiscal terminó por perderla dentro de sus propias filas.
Maduro, o quienes actúan en su nombre, aunque ahora lleve a cabo -dicho en su
jerga- un “retroceso táctico”, buscaba despojar al pueblo de su soberanía. Ese
es el hecho objetivo. El 30-M tuvo lugar un intento de crimen de Estado.
Vanos
y grotescos serán los intentos realizados por Maduro y el Consejo Nacional de
Defensa para desmarcarse del golpe al pueblo. Basta recordar que pocas horas
antes de que Maduro comenzara a dar muestras de tardía rectificación, dos
testaferros del mismo Maduro, Aristóbulo Istúriz y Hermann Escarrá, habían ya
justificado el golpe con argumentos seudopolíticos y seudojurídicos. El primero
acusando de golpista nada menos que a la AN (¡!) El segundo postulando una
ridícula teoría de acuerdo a la cual el TSJ es entendido como un poder
supraestatal.
Algunos
políticos latinoamericanos y europeos se manifestaron sorprendidos por el
golpe. No así quienes han seguido con atención la línea del régimen, entre
ellos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Para quienes conocen la
historia reciente de Venezuela, la inhabilitación de la AN fue solo el acto
final de un proceso que comenzó cuando el régimen declaró la nulidad del
revocatorio (RR16), alternativa introducida en la constitución por el propio
gobierno de Chávez. El segundo paso golpista fue la negativa del gobierno
Maduro a convocar a las elecciones regionales del 2016. La inhabilitación de la
AN, o tercer paso, no fue más que la consecuencia lógica de los dos primeros
pasos.
En
otra palabras, el golpe al pueblo no fue realizado de repente sino en tres
capítulos: El robo del referendo revocatorio (RR), la supresión de las
elecciones y las inhabilitación de la AN. El del 30-M fue entonces el resultado
de un golpe progresivo y planificado. Eso significa para la oposición que
ninguna promesa de dialogo puede ser aceptada si el gobierno no restituye el
curso constitucional dando rápido curso a todas las elecciones previstas. Pero
no elecciones como promesa vacía o vaga, sino con calendario en mano y con
fechas muy precisas e impostergables. Sin prontas elecciones, la AN,
institución fundada sobre las elecciones, continuará siendo una institución
proscrita aunque Maduro y sus secuaces hagan un simulacro de rectificación.
Si la
oposición accede a un diálogo sin previa existencia de una condición tan
elemental como es la celebración de elecciones libres, no solo cometería un
acto de torpeza como ocurrió durante el diálogo que siguió al robo del RR.
Sería, además, un acto de abierta colaboración con el régimen dictatorial.
Un
proceso democrático, para que exista, debe ser pacífico, constitucional y
electoral. Ruta que, por lo demás, no impuso la oposición a la ciudadanía sino
la ciudadanía a la oposición. La prueba es que, hasta ahora, los grupos
ultrarradicales y los grupos colaboracionistas continúan siendo, dentro de la
oposición y en todo el país, absolutas minorías.
Elecciones
ahora y ya. No hay otra salida para la oposición. Para el gobierno, quizás,
tampoco.
Nota:
estas líneas han sido escritas sobre la marcha de acontecimientos que se
precipitan hora a hora. Tienen, por lo mismo, un carácter y un sentido
provisorio. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos desarrollar teorías
con más precisión, profundidad y calma.
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