Por Francisco Rodríguez
Al dejar a Venezuela excluida
de los mercados financieros internacionales, las más recientes sanciones del
gobierno norteamericano corren el riesgo de empeorar la ya profunda crisis
económica del país. En los últimos cinco años, la nación ha visto caer las
importaciones en cuatro quintas partes y los ingresos per cápita reducirse más
de un tercio, llevando a la contracción económica más profunda en la historia
económica de América Latina. Un deterioro adicional de esta economía podría
hacer que la actual crisis humanitaria se convierta en una verdadera catástrofe
humanitaria.
Esto está íntimamente ligado a
la decisión del gobierno venezolano sobre si continúa o no pagando su deuda. De
aquí a final del año, el país debe decidir si cancela 4 millardos de dólares en
intereses y amortizaciones de bonos en moneda extranjera. Si el gobierno decide
honrar estos compromisos, tendrá que recortar las importaciones aún más, lo que
empeoraría la recesión. Si, en cambio, decide dejar de pagar sus compromisos
externos, pudiera entrar en una cesación de pagos desordenada en la cual los
tenedores de bonos tratarían de embargar los activos y flujos de ingreso de la
estatal petrolera en el extranjero, llevando posiblemente a una mayor caída en
los ingresos de divisas y en la capacidad de importación del país.
Normalmente, un país en esta
situación intentaría realizar algún tipo de operación de manejo de pasivos para
reestructurar o refinanciar sus próximos pagos de deuda, de manera de abrir un
espacio que impidiese recortar las importaciones aún más. Sin embargo, las
sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela
prohíben a inversionistas de EEUU aceptar deuda nueva emitida por el gobierno o
PDVSA, lo cual hace que un refinanciamiento planificado de los compromisos del
país sea virtualmente imposible y obliga al gobierno a escoger entre un default
desordenado o continuar reduciendo sus compras externas[1].
Para ser justos, Venezuela ya
había perdido acceso a los mercados financieros internacionales antes de que se
dieran las sanciones. Las políticas macroeconómicas insostenibles, la
corrupción rampante y la supresión cada vez mayor de las instituciones
democráticas habían vuelto tóxico el crédito para muchos inversionistas antes
de que el gobierno de EEUU decidiera prohibir las transacciones de nueva deuda.
Las sanciones simplemente son la culminación de un proceso creciente de
aislamiento político y financiero mundial del gobierno venezolano.
Sin embargo, a pesar de que la
finalidad de las sanciones sea presionar para lograr un cambio político, el
resultado podría ser más bien un empeoramiento de la frágil situación social
del país. Por ello, es importante que las acciones multilaterales estén dirigidas
no sólo a promover una solución a la crisis política, sino también a evitar una
profundización de la crisis económica y humanitaria.
La Orden Ejecutiva del
presidente Trump que declara sanciones contra Venezuela deja, sin embargo, una
importante válvula de escape: una exención en el caso de la deuda emitida con
el propósito de financiar importaciones de comida, medicinas, equipos e insumos
médicos y para la agricultura. Esto abre la posibilidad de que los
inversionistas puedan proveer los fondos para que Venezuela evite mayores
recortes en importaciones, siempre y cuando dichos recursos estén
apropiadamente destinados para el pago de bienes esenciales.
Para que un esquema como éste
pueda funcionar, se necesita un mecanismo que asegure que el dinero aportado
como resultado de esta transacción efectivamente sea usado para la importación
de productos básicos y no desviado hacia otros fines, ni que se diluya en
corrupción. Con tal motivo, los acreedores podrían exigir que la erogación de
estos recursos sea monitoreada por organizaciones internacionales creíbles,
tales como la Organización de Naciones Unidas o la Iglesia Católica. Los
contratos de emisión del nuevo instrumento pudieran incluir una cláusula que
haga que cualquier intento posterior por parte del gobierno venezolano de
bloquear o dificultar la operación de estos supervisores internacionales sea
considerado como un evento de default, desencadenando así las cláusulas de
incumplimiento cruzado (cross-default) sobre toda la deuda de Venezuela y PDVSA.
Los acreedores podrían
solicitar además que los nuevos instrumentos de deuda sean aprobados por la
Asamblea Nacional, hoy controlada por la oposición, además de cualquier otra
autorización que el gobierno considere legalmente necesaria. Esta aprobación
serviría como una garantía para asegurar que esa nueva obligación sea
reconocida por un futuro gobierno si la oposición llegase al poder. Al reducir
el riesgo de futuro repudio de esa deuda, la aprobación de la Asamblea Nacional
haría que los acreedores exigiesen menores rendimientos por invertir en los
instrumentos, reduciendo así el costo de la misma para la nación. Para otorgar
la aprobación de ese endeudamiento, la Asamblea Nacional podría imponer
condiciones adicionales, como por ejemplo el involucramiento directo de su
Comisión de Contraloría en el monitoreo del programa.
Algunos dirán que asumir
cualquier deuda nueva es demasiado costoso para Venezuela, y que el país no
tiene opción alguna que no sea reestructurar su deuda de manera forzosa. Sin
embargo, incluso si ese es el camino que se decide seguir, el gobierno deberá
emitir nuevos títulos para intercambiar con sus acreedores los bonos previos.
Para que cualquier inversionista de EEUU pueda participar en dicho proceso, se
requiere un mecanismo que asegure que el dinero obtenido por la emisión será
destinado a importaciones de comida y medicinas y que cumpla por tanto con la
ley de Estados Unidos.
Ciertamente, cualquier
operación de refinanciamiento no es un sustituto adecuado para la necesidad que
tiene el país por reformas macroeconómicas integrales. Venezuela necesita de
manera urgente poner su política macroeconómica en orden, con medidas como la
unificación de su sistema cambiario y reemplazo de su costoso sistema de
subsidios indirectos con transferencias focalizadas, entre otras. Claro está,
parece poco probable que dichas medidas se lleven a cabo en ausencia de un
cambio político
Es probable que ello no ocurra
en el futuro cercano. En ausencia de tal cambio, es urgente buscar mecanismos
que protejan a los venezolanos en contra de las principales consecuencias del
deterioro en la crisis política. Los acreedores del país, quienes a lo largo de
los últimos años han obtenido grandes ganancias por sus inversiones en deuda
venezolana, han contraído al mismo tiempo una deuda moral con los venezolanos.
Condicionar el acceso a nuevos recursos a la adopción de mecanismos que
aseguren que estos vayan a satisfacer las necesidades de la mayoría de los
venezolanos es una manera de comenzar a honrar esa obligación.
*
[1] En
una publicación en un blog ayer,
Mitu Gulati y Mark Weidemaier argumentan que la deuda venezolana puede ser
reestructurada usando Cláusulas de Acción Colectiva sin emitir nuevos
instrumentos. Esta solución sería posible solo para algunos bonos soberanos,
que representan 47% de los bonos emitidos por el gobierno, PDVSA y la
Electricidad de Caracas. También consideran que esta excepción no fue
intencional y, por lo tanto, podría ser cerrada pronto por las autoridades estadounidenses.
12-09-17
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