Carlos Romero Mendoza 15 de septiembre de 2017
@carome31
Era un
13 de mayo 2016 cuando se anunció la firma de una extensión al Decreto de
Emergencia Económica, que incluía el Estado de Excepción a nivel nacional, con
la finalidad de “dotar al gobierno de herramientas para combatir la guerra
económica, las mafias que evitan el acceso del pueblo a alimentos y medicinas,
los graves problemas de delincuencia y paramilitarismo en diferentes sectores
populares, el importante descenso de los ingresos petroleros, etc….”[1]
Ha
transcurrido más de un año desde entonces y se oye a Delcy Rodríguez, desde la
supuesta Asamblea Nacional Constituyente, anunciar la elaboración de un
cronograma para darle “celeridad a las leyes constitucionales que se requieren
para una economía que pueda afrontar las distintas amenazas (…) internas como
externas que han impactado sobre la vida económica nacional”.[2]
En
varias oportunidades, el presidente Maduro ha anunciado que se dedicaría tiempo
exclusivo al tema económico y el resultado de ello se percibe claramente.
Ahora, un tercer actor, la supuesta Constituyente, anuncia que tomarán medidas
sobre el tema a través de unas llamadas leyes constitucionales.
La
supuesta Asamblea Nacional Constituyente pretende, no sólo asumir una tarea que
es competencia del Ejecutivo Nacional, sino que además, intenta arrebatar la
función legislativa que le es propia a la Asamblea Nacional. Frente a esa
pretensión, la sociedad civil organizada y el mismo Parlamento nacional no
pueden guardar silencio.
Pretender
hablar de leyes constitucionales y/o leyes constituyentes –como se ha titulado
en el portal web de AVN el día 8 de septiembre de 2017– al señalar: “Pueblo
venezolano cuenta con ocho leyes constituyentes para contraofensiva económica”[3], es
mentir, es engañar, es burlar al pueblo, e imponer en la práctica una dinámica
política que definitivamente profundiza el golpe de Estado que ha promovido el
Ejecutivo Nacional, en conspiración con la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, denunciado por la Asamblea Nacional desde inicios del año
2016.
No
existe en el ordenamiento jurídico venezolano ningún documento que pueda ser
calificado como “leyes constitucionales y/o constituyentes”, y menos aún,
pueden ser aceptadas como tales los actos que emanen de esa ilegítima e
inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
El
artículo 202 de la Constitución vigente debe ser recordado una y otra vez, de
manera sistemática y permanente, pues en él está reconocido expresamente que
las únicas leyes que deben ser aceptadas como tales son aquellas sancionadas
por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador.
A
simple vista, pareciera que la Asamblea Nacional, más allá de otro Acuerdo en
rechazo a esa pretensión legislativa de la supuesta constituyente no tiene
mucha capacidad de maniobra para contrarrestar esa burla, y menos aún, para
reivindicar su legitimidad como Poder político, reconocido internacionalmente.
Pero no es así, la Asamblea Nacional no puede dejar que una supuesta
Constituyente la anule y debilite. Debe, necesariamente, reivindicar sus
competencias y atribuciones de manera enérgica y contundente.
A tal
fin, podría convocar a los ciudadanos a acompañar una estrategia de
relegitimación y reivindicación de las atribuciones del Parlamento Nacional, en
un marco de defensa de la institucionalidad, de la democracia y en procura de
restituir el orden constitucional. ¿Cómo lograr eso?
Una
vía es asumiendo e impulsando un proceso de facilitación política a nivel
nacional, que superando el ámbito electoral, pueda complementarlo con una
estrategia de movilización política, a los fines de construir una hoja de ruta
que busque alcanzar mejores niveles de cohesión en la sociedad venezolana y
prepare el camino para una eventual elección presidencial en un futuro cercano.
Frente
a la usurpación de la función legislativa por parte de la supuesta
Constituyente, la Asamblea Nacional debería asumir su responsabilidad de
organizar la participación ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo
187 numeral 4 de la Constitución, mediante la necesaria y urgente activación de
un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia
y el voto, al cual se comprometieron el 13 de octubre 2016 en el Acuerdo
sobre el rescate de la democracia y la constitución.
Hubo
un intento de articular esfuerzos de participación con el tema constituyente,
pero el tiempo no fue suficiente y no hubo una clara estrategia para lograr que
eso que llamaron Frente Nacional realmente tuviera impacto y conexión efectiva
con la población en general.
Un
Movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el
voto, pudiera aprovecharse de la legitimidad indiscutible de la Asamblea
Nacional y de su competencia en la aprobación de los lineamientos generales
para un Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para impulsar un proceso
de facilitación política que permita construir consensos sobre los grandes
temas nacionales que deben ser abordados por cualquier gobierno que sustituya
en un futuro cercano a este régimen.
Esa
movilización política que conectaría electores con Parlamento, relegitimando su
propia existencia, permitiría responder, de manera institucional, al
compromiso asumido por la Unidad, expresado el 19 de julio de 2017 en el Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, de abrir una
consulta nacional sobre las bases de un futuro Plan de Gobierno de Unidad
Nacional. Además, resultaría una oportunidad para construir un proyecto de
país, sobre el cual haya un consenso político para un gobierno de unidad, que
intente sustituir al Plan de la Patria que fue diseñado para un período de
gobierno comprendido entre 2013 y 2019.
El
artículo 187, numeral 8 de la Constitución vigente, vincula al Parlamento con
la labor del Plan de Desarrollo Económico Nacional y permite diseñar una
estrategia no electoral de movilización política e inclusión, en la labor de
diseñar la hoja de ruta para el reencuentro con la democracia, el voto y la
Constitución. Algo así generaría importantes niveles de confianza en la
sociedad frente a la Unidad y aportaría insumos importantes para darle razón de
ser a un Movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la
democracia y el voto.
Para
que una propuesta así sea válida es esencial
que los egos de cada partido permitan moderarse hasta encontrar un punto
de verdadera unidad. El contenido
necesario para un Plan de Gobierno de Unidad Nacional está avanzado, lo que se
requiere es su debate y discusión con actores políticos y actores de la
sociedad en general.
Para
asumir una estrategia como la que se señala, los diputados de la Asamblea
Nacional pueden invocar la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en
Hanoi, 2015, a los fines de vincular
esos lineamientos políticos de un eventual Plan, a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030. En la Asamblea señalada, cada parlamento asumió la tarea de
institucionalizar los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 a su dinámica
nacional.
En
este sentido, es oportuno destacar que en el Compromiso Unitario para la
Gobernabilidad, la Unidad reconoció que los temas pobreza, seguridad
alimentaria y salud son prioritarios en
una agenda política de cambio. Ello facilita aún más esta estrategia propuesta,
pues esos temas son parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
En
estos momentos es la Asamblea Nacional, en lo que resta del año 2017 y el
primer semestre del 2018, quien debe dar señales concretas, estratégicas y muy
claras a sus electores, para asegurar que éstos logren encontrar motivos
suficientes para el acompañamiento cívico en la defensa del Parlamento
nacional, de la democracia y de la propia Constitución.
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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