La minería y los inmensos daños ambientales, por Miguel Méndez Rudolfo

Miguel Méndez Rudolfo 15 de septiembre de 2017

La minería ejercida individualmente y aquella ilegal, causan severos daños ambientales que están llegando ya a niveles intolerables. Conozco a una madre que vive en Ciudad Bolívar, la cual durante su embarazo de mellizas tuvo el antojo recurrente de comer pescado de río; inocente, no sabía que se vería injustamente afectada por el infortunio más cruel: ambas niñas resultaron autistas. Los médicos de la zona no tienen dudas que la ingesta de pescado contaminado de mercurio, fue la causa de enfermedad de las criaturas. De manera que hay que poner coto urgente a la minería ilegal y en su lugar migrar hacia una minería industrial. El tema es que esto no será sencillo ni se podrá efectuar en el corto plazo; sin embargo, hay que empezar a poner orden e iniciar un proceso que pare este desastre y logre revertir esta grave situación ambiental. No obstante, hay que dejar claro que la minería industrial tampoco es la solución a todos los problemas, aunque los mitigue. Ya vimos en los dos artículos anteriores que hasta las refinadoras suizas, aún bajo sus estrictas normas de actuación, éstas no se aplican fuera de sus fronteras y la compra de oro ilegal, el atropello a los pueblos originarios, la apropiación del agua o su contaminación por los residuos industriales, así como los intentos por desalojar a los campesinos de sus tierras ancestrales para expandir la actividad minera, la constitución de grupos armados que intimidan a sus vecinos y “favorecen” la migración de estos y la manera como corrompen a los funcionarios gubernamentales para que se hagan de la vista gorda, comprueba que las compañías mineras también son un problema.

El asunto es que en el territorio minero, por lo profundo de su ubicación, impera la ley de la selva, en principio por lo recóndito del territorio, por los intereses que se crean, por las luchas por el poder que se generan, por la presencia de aventureros, por la prostitución, las drogas, el tráfico negro de alimentos, así como de gasolina y el fomento de la violencia, en un ámbito donde el Estado está ausente y peor aún no hay una política pública que vele por un desarrollo sustentable. El hecho es que la explotación intensiva incontrolada se está realizando, en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial del país, como el Parque Nacional Canaima, en el Estado Bolívar, y los Parques Nacionales Duida Marawaca, Yapacana, Parima Tapirapecó, y La Neblina, en el Estado Amazonas, así como en la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare. El grave asunto del mercurio es un problema dantesco; liberado en suelos y cuerpos de agua se transforma en metilmercurio, sustancia altamente tóxica que se mueve a través de las cadenas tróficas, contamina agua y alimentos, afectan la actividad microbiológica de los suelos y destruyen los ecosistemas acuáticos, produciendo daño renal, artritis, problemas reproductivos, perdida de la memoria, demencia y en algunos casos, la muerte. Este tóxico hace muy vulnerables a las comunidades indígenas, cuya dieta alimentaria se basa principalmente en el consumo del pescado de los ríos.

Aunque desde hace 25 años hay un caos incontrolable en la zona minera de Guayana, este régimen desde hace 18 años ha implementado, mediante, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios: el Plan Piar, en 2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 2006; el Plan Caura, de 2010; la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014; y la Zona Militar Especial para la Protección del Área Minera, creada en 2016, con ocasión del arco minero. Los cuerpos militares y policiales acaban de matar a 21 mineros en El Manteco y en Tumeremo; en 2016 murieron otros 17 mineros en Tumeremo y siempre se señalan masacres ejecutadas por militares o por bandas armadas; de manera que de muy poco han servido estos planes. Es tal el cúmulo de problemas que genera la minería y tan pocos los aportes a la sociedad, que sería mejor dejar estos recursos donde están, preservar el agua del Caroní y dedicarnos como país a desarrollarnos a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Miguel Méndez Rodulfo

Caracas 15 de septiembre de 2017