Por Alberto Lovera
En esta columna de opinión el
24 de enero del 2003 en TalCual, titulamos un artículo con ese mismo
nombre. Ya se notaban señales de alarma por las denuncias de torturas
psicológicas y físicas a detenidos. Todavía parecían hechos aislados, pero
igualmente preocupantes.
A medida que el régimen ha
perdido apoyo popular se han multiplicado los casos de violaciones flagrantes
de los derechos humanos, que vienen siendo denunciadas y documentadas:
Detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, militarización de la
justicia, violación del debido proceso, condiciones infrahumanas en los lugares
de detención, manejo discrecional de los procesos judiciales, maltrato a los
familiares de los presos, incumplimiento de las medidas de excarcelación
dictadas, intimidación a la población mediante diversos mecanismos. Todo ello
se suma a la escalada de la represión masiva a todas las formas de protesta
social y política.
Es una paradoja lacerante que
sectores que denunciaron las violaciones a los derechos humanos durante la
república civil, algunas víctimas directas de estas acciones, se hagan la vista
gorda frente a lo que viene sucediendo en este terreno en nuestros días.
Mientras se transmiten en los medios de comunicación oficialistas los
testimonios de estos eventos del pasado, que merecen el más contundente
rechazo, se guarda un silencio cómplice frente a hechos y actuaciones que
requerirían una actitud igualmente firme para ponerle fin.
En el prólogo del libro de
J.V. Rangel, Expediente Negro (1967, 1969), Orlando Araujo nos
muestra cómo cuando la democracia no puede serlo auténticamente, se refugia en
la antesala de las leyes y de las instituciones para agredir a quienes de
luchan por desenmascarar la violación de los derechos ciudadanos.
No puede aceptarse un doble
rasero para la vigencia de los derechos humanos. Su violación tiene que
denunciarse y detenerse cualquiera sea el signo del gobierno de turno.
Las cada vez más frecuentes
denuncias de violación de los derechos humanos en nuestro país, en muchos casos
con una saña vengativa, muestran la degeneración a la que llegan los regímenes
autoritarios cuando pierden el apoyo popular y se niegan a someterse a la voluntad
mayoritaria intentando perpetuarse en el poder.
La labor que vienen realizando
tanto ONG como la Asamblea Nacional para denunciar, documentar y defender a las
víctimas de violación de los DDHH, puede ser el material de un libro que se
llame Expediente Negro II, algo que pensamos que habíamos erradicado, pero este
camarilla en poder ha reintroducido en la vida nacional.
Una razón más para persistir
en la lucha pacífica, social, política y electoral, para rescatar la democracia
que nos está siendo arrebatada.
08-09-17
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