Por Marco Negrón
La fragmentación de la
ciudad de Caracas en cinco municipios autónomos ha hecho de ella una auténtica
colcha de retazos y es causa importante, aunque no única, de su crónica
ingobernabilidad. Con todos sus defectos, la creación del Gobierno
Metropolitano en el año 2000 y luego del Instituto Metropolitano de Urbanismo
insufló alguna esperanza en cuanto a la posibilidad de avanzar hacia un grado razonable
de coordinación intermunicipal que mejorara la gobernabilidad, pero, en
general, ni las autoridades locales estuvieron a la altura del desafío ni las
metropolitanas entendieron a cabalidad sus inéditas responsabilidades; por si
fuera poco, a ello se sumó la creciente voracidad centralizadora del régimen
“bolivariano”.
El año pasado, con la
irresponsable e ilegal eliminación del Gobierno Metropolitano por parte de ese
engendro bautizado “asamblea nacional constituyente”, parecía que se le había
puesto la guinda a la torta. Desgraciadamente no fue así: entre fines de aquel
año y el actual tres gobiernos locales que se reclaman a la alternativa
democrática han dado muestras de estar dispuestos a llevar la fragmentación al
extremo, promoviendo en ámbitos submunicipales cambios parciales de
zonificación no sustentados en planes de renovación urbana (v. nuestro artículo
“Asfixiando las ciudades”, 4/9/18). Como se ha comprobado en la práctica,
además de soslayar su pertenencia al ámbito metropolitano, esas actuaciones
aisladas promueven el incremento de las densidades sin mejoras del medio
urbano, concentrando los beneficios en los promotores inmobiliarios y
expulsando parte de la población y actividades existentes.
Pero más allá de la crítica
urbanística, se trata de iniciativas incongruentes con un contexto en el cual
la economía se ha contraído en un 50,6% en apenas cuatro años, con una
hiperinflación que alcanza niveles delirantes; escasez, desempleo y
pauperización de la población con 87% de los habitantes sumidos en la pobreza
(Encovi), el sector industrial trabajando al 23,5% de su capacidad
(Conindustria), el 40% del comercio cerrado (Consecomercio) y la población
metropolitana estancada desde hace varios años. En paralelo los servicios
básicos de la ciudad, particularmente agua y energía, bordeando el colapso,
estimándose que su recuperación sólo será posible a mediano plazo siempre y
cuando cambie el contexto.
Carece de sentido insistir
en implementar, en un ambiente como ese, estrategias urbanas que, incluso en
condiciones de expansión o relativa estabilidad de la economía, han arrojado
resultados claramente insatisfactorios: en una situación tan adversa al
desarrollo urbanístico sano esas dispersas iniciativas de ámbito local
multiplicarán su ya considerable poder de causar daño.
La situación exige de las
autoridades locales un considerable esfuerzo innovador capaz de responder a la
crisis que vive la ciudad, centrado en una estrategia de resiliencia y no de
expansión, que con el mínimo de inversiones y mucha capacidad de gestión
produzca mejoras sensibles del medio urbano. Para ello es esencial tomar como
ejes clave la movilidad y el transporte, la recuperación y expansión del
espacio público (p. ej., calles total o parcialmente peatonalizadas), el control
de las densidades de construcción y el estímulo a la microempresa y a la
inversión inmobiliaria de las familias, las cooperativas y otras asociaciones
sin fines de lucro.
Carece de sentido tratar de
actuar con “normalidad” menos aun cuando ella se ha revelado tan perjudicial
para la ciudad y sus habitantes en un contexto como el descrito. Para las
autoridades locales que dicen encarnar la Venezuela por construir lejos del
centralismo y de la ruinosa dependencia petrolera el desafío es enorme, pero ineludible
Nota: En este texto se
entiende por resiliencia la capacidad de los sistemas urbanos para enfrentar
las crisis y situaciones adversas en general, superarlas, reformular los
objetivos y retomar el desarrollo.
18-09-18
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