Marta de la Vega 27 de septiembre de
2018
Pareciera improcedente en medio de la crisis atroz que
sufre Venezuela ocuparse de la condena por corrupción contra Maduro que tuvo
lugar el 15 de agosto de 2018 en el Salón Constitución del Congreso de la
República en Bogotá.
Tampoco parece haber tenido relevancia en los medios de
comunicación informativos, ni en los portales electrónicos en Venezuela, tal
vez por el bloqueo comunicacional y la hegemonía que ejerce el oficialismo en
cuanto a circulación de noticias.
Ni les conviene ni les interesa a los funcionarios del
Estado ni a los políticos que dominan el desgobierno actual abrir espacio a
este hecho, sin duda muy importante a largo plazo en la historia contemporánea
venezolana. A escala internacional el juicio contra Nicolás parece
haber sido periférico.
Al preguntar en Caracas a distintas personas de ocupación
y estrato social diferentes acerca de la repercusión de este asunto, para
ninguno es significativo. La preocupación principal en ellos es cómo
sobrevivir en medio de las calamidades diarias sin demasiado daño emocional.
Las restricciones materiales y la escasez se han
acrecentado de manera inversamente proporcional al dinero disponible para
satisfacer las necesidades básicas de ellos y de sus familias. Peor aún: el
desastroso o inexistente servicio público, aunque siguen llegando las facturas
y se pagan mensualmente los bienes básicos que el Estado tiene obligación de
proveer a la ciudadanía como agua, energía, telefonía, infraestructura vial, parece
irreversible.
Se vuelven normales los racionamientos severos cotidianos
o persisten las averías masivas que dejan incomunicados sectores residenciales
o de oficinas de la capital como ocurre con las líneas telefónicas fijas de
Cantv desde principios de julio de 2018 en Santa Eduvigis, Santa María o Sebucán,
pese a los múltiples reclamos. A la vez, hay que luchar contra los
conatos de extorsión o chantaje para resolver el problema, supuestamente
irresoluble por falta de repuestos pero que algunos pícaros de la propia
empresa ofrecen arreglar por debajo de cuerda o se sucumbe a ofertas privadas
de servicios paralelos a los institucionales y precios astronómicos.
Pareciera que la gente asume de manera casi fatalista las
carencias, la disminución o involución significativas de su calidad de vida. La
alienación de muchos sumidos en la desesperanza y resignados al letargo por la
necesidad extrema de conseguir alimentos a precios regulados o de encontrar
medicinas agota toda energía disponible que no sea para resolver aunque sea
precariamente su existencia
El país está cortado como en una especie de esquizofrenia
social. Unos pocos en la opulencia con frecuencia mal habida no resienten ni
escasez ni urgencias alimentarias o médicas; han privatizado sus exigencias de
energía mediante plantas eléctricas domésticas o de agua mediante tanques
internos o de salud mediante seguros pagados en dólares con cobertura completa
en clínicas que funcionan como en el primer mundo, inaccesibles para
las mayorías.
Mientras algunos gozan dispendiosamente de productos
abundantes y variados de calidad finísima y consumidos con derroche en fiestas
o suntuosas recepciones, el raso pueblo o sectores empobrecidos de
profesionales de alto nivel y clases medias han sido despojados de su dignidad
para vivir. Se alimentan de la basura, de limosnas, de ayuda solidaria.
Algunos privilegiados, de los dólares que del exterior envían sus familiares.
¿Hasta cuándo nos vamos a calar este horror cotidiano?
¿Hasta cuándo el refinamiento en el modelo cubano de opresión convertido en
hambre, ausencia de tratamientos médicos adecuados, largas colas para conseguir
lo básico, escasez de personal para atender a clientes en bancos públicos,
servicios que no funcionan y total desamparo ciudadano de un Estado forajido y
despiadado con todos, sean disidentes o presos políticos, sean incautos
seguidores de la demagogia populista y militarista, sean hijos comunes de una
patria que no es tal?
Marta de la Vega
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