Ángel Bermúdez 27 de septiembre de
2018
@angelbermudez
Se trata de una situación completamente inédita.
Este miércoles los gobiernos de Argentina, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y
abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de
2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Nunca antes desde la entrada en funciones de ese tribunal
con sede en La Haya (Holanda) en 2002, se había dado el caso de que Estados
parte del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la CPI, pidieran
abrir un procedimiento contra otro estado miembro.
"Lo novedoso de este proceso es que quienes hacen
la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque los casos
anteriores obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de
derechos humanos que los llevaron ante la Fiscalía de la CPI", explica
Juan Navarrete, exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, en conversación con BBC Mundo.
El experto destaca que, a diferencia de los casos que se
procesan a través de otros organismos como, por ejemplo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en los juicios que se procesan ante la CPI
la responsabilidad no es del Estado sino individual.
"Aunque se habla de la denuncia contra
Venezuela, no se va contra el Estado venezolano sino contra las
personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad. Además, aunque ellos mencionen a Maduro, siempre en la
investigación se afecta a toda la cadena de mando que hizo posibles esos
hechos", agrega.
Navarrete destaca que esta denuncia también pudo haber
sido hecha a través del Consejo de Seguridad de la ONU pero, en ese caso, tenía
que contar con la aprobación de la mayoría de sus miembros y sortear el derecho
a veto de los miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y
Francia).
La solicitud de investigación contra Venezuela se
fundamenta, entre otros elementos, en tres informes sobre violaciones a los
derechos humanos en ese país elaborados por la ONU, la Organización de Estados
Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la noche de este miércoles, en su discurso ante la ONU
pocas horas más tarde de la presentación de la denuncia, Maduro dijo que
existe una conspiración internacional en contra de su
gobierno.
¿Y ahora qué pasará?
La Fiscalía de la CPI abrió de oficio en febrero de este
año una investigación preliminar para determinar si en Venezuela, al menos
desde abril de 2017, se habían cometido crímenes que fueran de competencia de
ese tribunal.
Según explica Fernando Fernández, profesor de Derecho
Penal Internacional en la Universidad Central de Venezuela, ese tipo de
procedimientos pueden durar años, como ha ocurrido con un proceso sobre el
conflicto interno de Colombia que se encuentra en esa etapa desde 2004.
Cuando se encuentran elementos suficientes sobre un caso,
usualmente los resultados de esas primeras indagaciones son llevados por la
Fiscalía ante la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP), una suerte de tribunal
de control que decide si se cumplen las condiciones para admitir la
causa y dar luz verde a una investigación final con miras a realizar un juicio
penal.
El experto indica que con la petición de una
investigación presentada este miércoles, lo que ocurra con el caso venezolano
puede ser distinto.
"Ahora la Fiscalía está en situación de actuar. Esa
es la importancia de este paso. Tiene que determinar si abre una investigación
final por su cuenta o si lleva primero el caso ante la SCP. Hay una
interpretación jurídica que dice que en este caso no necesitaría ir a la SCP
porque existe la petición de los Estados, pero esa es una cuestión que
se va a dilucidar ahora porque es primera vez que ocurre", señala.
Si la Fiscalía acude a la SCP y esta admite la causa se
iniciaría la investigación formal con todos los elementos usuales: recolección
de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados,
exhumación de cadáveres, etc.
Una vez concluida la investigación, sus resultados serían
presentados ante la SCP para que esta autorice la realización del juicio.
Si en cualquiera de estas etapas, durante la
investigación preliminar o la final, la SCP rechaza el caso entonces habría que
esperar al surgimiento de nuevos elementos para poder volver a presentarlo.
Precedentes
Fernández destaca que todo lo que ocurra a partir
de ahora con la solicitud de investigación contra Venezuela será muy
importante porque sentará un precedente.
"Esto pone a prueba el Estatuto de Roma en toda su
capacidad porque mide su fortaleza como institución procesal", señala.
El experto señala que este procedimiento puede ser rápido
si las partes colaboran, pero que si no lo hacen como ocurrió el en caso del
presidente de Sudán, Omar al-Bashir, las cosas se pueden estancar.
En 2008, la Fiscalía de la CPI acusó al mandatario
sudanés de cargos de genocidio por crímenes de guerra cometidos en la región de
Darfur.
Al-Bashir se convirtió así en el primer Jefe de Estado en
funciones en ser imputado por esa instancia.
El gobierno sudanés rechazó las acusaciones y no ha
querido colaborar con el proceso, por lo cual Al-Bashir no ha podido ser
juzgado aún.
Eso, sin embargo, no le ha evitado pasar algunos malos
ratos. La CPI emitió en 2009 y 2010 dos órdenes de captura en su
contra, lo que le ha dificultado realizar viajes al extranjero.
En 2015, por ejemplo, Al-Bashir tuvo que abandonar
apresuradamente Sudáfrica, donde asistía a una cumbre de la Unión Africana,
para evadir la orden de un juez local que acordó su arresto para cumplir con la
decisión de la CPI.
Los jueces de ese tribunal han dicho que todos los países
firmantes del Estatuto de Roma están en la obligación de detenerle.
Hasta ahora, el mandatario sudanés ha evitado su captura
y ha seguido viajando, principalmente a lugares de África y Asia.
Sin embargo, no ha pisado Estados Unidos, Europa
occidental ni otros países en los que podría ser detenido.
El mundo, al parecer, se le ha hecho un poco más pequeño.
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