Por Simón García
Aunque Nicolás Maduro
insista en llamar plan al conjunto de decisiones económicas que ha adoptado,
los economistas y expertos en políticas públicas expresan un consenso: acciones
parciales, desarticuladas y contradictorias que carecen de consistencia para su
éxito.
Pero no es en la
interpretación específicamente económica donde nos interesa detenernos, sino
más bien en su rebote social, que ya se está sintiendo en la vida cotidiana de
la mayoría y en el análisis de sus motivaciones y efectos políticos.
No se puede ignorar que las
medidas fueron presididas por una, de alto contenido progresista, como fue el
aumento inusitado del salario, en línea totalmente contraría a los
convencionales programas de ajuste que concentran la austeridad en reducir
salarios. Sorprendió una decisión, efectivamente dirigida a proteger a quienes
viven de su trabajo y que inusitadamente, por primera vez, ponía a los salarios
a subir por el ascensor.
También por primera vez, el
régimen parecía girar hacia una adecuación con su vacía retórica de justicia
social y daba una señal, de valorización del trabajo, como una de las bases de
recuperación del país. .”
Pero las buenas intenciones
no son suficientes, si carecen de medidas estructurales para frenar la
hiperinflación y si una flexibilización del modelo económico no se corresponde
con la flexibilización del sistema político y una reconstrucción de condiciones
democráticas en materia de procesos electorales y en términos de acatar los
mandatos de la Constitución Nacional, cuya vigencia esta suspendida de facto
por el Ejecutivo Nacional.
Respecto a su
intencionalidad política habría que precisar: 1. Al adoptar las medidas, Maduro
reafirma su posición preminente en la macolla de intereses que conforman el
poder en Venezuela. 2. La flexibilización económica es un falso paso atrás,
porque en vez de iniciar algún viraje en el modelo, se propone reforzarlo por
otras vías.3. Se intenta consolidar la hegemonía y el control del régimen sobre
la sociedad destruyendo las bases materiales que sostienen a la clase media y
empobreciendo a la mayoría de los trabajadores, condenados a un salario techo
que en dólares es el más bajo de América Latina y que está perdiendo
aceleradamente su capacidad de compra. 4. En esas condiciones, el envoltorio
progresista del aumento salarial es rasgado por una segunda intencionalidad
autoritaria: liquidar lo que aun queda de sindicalización y asociación
independiente al régimen. 5. La aparente flexibilización en las reglas
económicas aparejan una ofensiva contra los centros de transmisión y producción
de conocimientos que afectan gravemente a las Universidades, instituciones
culturales y a la libertad de información y formación.
Un hecho, a la vez
esperanzador y preocupante, es que la reacciones más visibles y concretas a la
intención conservadora de las élites en el poder; afanadas en ganar tiempo,
encontrar fuentes de financiamiento indiferentes al respeto de normas
institucionales y eludir un verdadero cambio de modelo, provienen del
movimiento social. Allí donde se siente el terrible golpe contra la cultura
democrática que significa anular la contratación colectiva para acordar todo lo
relativo a la remuneración, no sólo como medio de reproducción de la existencia
sino como estímulo al desarrollo humano.
Los partidos siguen
dominados por un silencio que ojalá obedezca a reflexión. Sin su concurso
unitario y a la altura de las modificaciones producidas en las tecnologías
autoritarias, el cambio será más lento e incompleto.
16-09-18
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