EFE 21 de septiembre de 2018
Los
cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú pedirán el próximo
martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación
preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desveló hoy a Efe el
vicecanciller peruano, Hugo de Zela.
“Nos
hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina,
Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una
carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de
los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, explicó De Zela.
El
vicecanciller, de visita de trabajo en Washington, aseguró que Canadá estudia
unirse a la denuncia, aunque aún no ha tomado una decisión.
La
misiva de los cinco cancilleres irá acompañada de dos informes, uno elaborado
por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
(OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras
violaciones de derechos humanos, detalló De Zela.
El
otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Ese
grupo de expertos concluyó que existía un “fundamento razonable” para
considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas supuestamente habían cometido
crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.
Almagro
ya remitió ese informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo para
pedirle que abriera una investigación.
Los
cancilleres no pedirán a la Fiscalía de la CPI que investigue a una persona
concreta, sino que “se verifique en la investigación preliminar quiénes son los
culpables”, precisó De Zela.
La
demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de
historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta
fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de
lesa humanidad perpetrados en terceros países.
Los
cancilleres han decidido dar ese paso porque se ha alcanzado un punto de “no
retorno”, en opinión del político peruano.
“La
impunidad -subrayó- ha llegado a un extremo que ya se hace insostenible, ya en
este momento de manera racional nadie puede negar que en Venezuela hay un abuso
de poder diario y que la gente está sufriendo, y es obligación humanitaria de
los países poner en marcha todos los mecanismos legales de los que disponemos
para tratar de impedir que esto continúe”
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