Trino Márquez 02 de septiembre de 2020
@trinomarquezc
La
medida de gracia decretada por Nicolás Maduro a favor de ciento diez
compatriotas que se encontraban presos en las cárceles del país, en las sedes
de distintas embajadas o que debieron huir al exterior, no tiene nada que ver
con un indulto; y mucho menos con un gesto humanitario de buena voluntad en
aras de la reconciliación nacional, tan necesaria para sacar al país del foso
donde el régimen la hundió.
No
puede considerarse indulto porque ninguno de esos venezolanos cometió el delito
que el gobierno les imputó. A ninguno de ellos se les respetaron sus derechos
humanos o se les siguió el debido proceso. A los diputados no se les aplicó el
procedimiento pautado en la Constitución cuando es preciso allanar la inmunidad
parlamentaria. En realidad, esos dirigentes democráticos estaban secuestrados o
expatriados. Aunque el guiño hay que saludarlo y alegrarse porque esos
compatriotas volvieron a estar con sus familias y seguirán luchando en las
calles por recuperar la democracia, la iniciativa gubernamental hay que
analizarla desde la perspectiva política, no emocional. No se trata de que el
mandatario tuvo un ataque repentino e incontenible de bondad.
Nicolás
Maduro tiene que darle unos brochazos de legitimidad al proceso electoral
convocado y organizado por el Consejo Nacional Electoral designado por Maikel
Moreno, violando a la Asamblea Nacional y al Comité de Postulaciones que esta
había designado de común acuerdo con la bancada oficialista. El gobierno se
encuentra aislado internacionalmente y con unas finanzas que no le alcanzan ni
siquiera para mantener prácticas que merezcan el nombre de populistas. El
mandatario se ve en el espejo de mayo de 2018, cuando, violentando todas las
formalidades, le ordenó a la asamblea constituyente presidida por Diosdado
Cabello que convocara las elecciones del 20 de mayo de ese año. Esa consulta
fue rechazada por la oposición y, mucho pero aún, por la gran mayoría de los
países democráticos más prósperos del mundo. Ese costo lo está pagando. No
quiere volver a pasar por ese trance. Requiere que las democráticas del mundo
lo vean con mayor benevolencia. Que las sanciones se atenúen. Sabe que los
microgrupos que conforman la Mesa de Diálogo Nacional no le sirven para cubrir
las apariencias. Tampoco le dan mucho músculo los partidos que les fueron
expropiados a sus legítimos líderes. Forman una hoja de parra demasiado delgada
para que los factores internacionales de poder le confieran algún grado de
legitimidad a la consulta de diciembre.
La
decisión de Maduro representa una jugada maquiavélica legítima. Así es la
política. Incluye giros sorpresivos e inesperados. Lo malo es que ha colocado a
la oposición ante un nuevo disparadero. Para algunos dirigentes y analistas esa
forma retorcida de invitar a participar en las elecciones parlamentarias no
debe despreciarse. La gentileza de Maduro debe responderse con la misma
caballerosidad. Craso error. La oposición no debe acudir a las próximas
votaciones por la simple razón de que se le estaría entregando la Asamblea
Nacional al régimen en unas condiciones tales de debilidad, que no se contaría
ni siquiera con el respaldo de la Unión Europea, instancia que ha pedido que la
cita se aplace hasta que existan las condiciones mínimas para realizarla.
En
la atmósfera impuesta por la Covid-19, no es posible que la oposición lleve
adelante una campaña electoral con la mínima posibilidad de que se exprese el
enorme rechazo que el país siente por el gobierno. El régimen parte con una
base de 30%, conformada por quienes reciben de forma regular las bolsas clap,
los subsidios monetarios repartidos a través de la banca oficial y los otros
auxilios otorgados por el régimen. A Maduro, en realidad, no le hace falta
iniciar una campaña para obtener la mayoría de la Asamblea. Él vive en campaña.
Copó o silenció a los medios de comunicación. Domina la mayoría de los medios
radioeléctricos e impresos. Posee el control casi absoluto de la banda ancha de
internet. Sus candidatos no necesitan salir de sus casas para llevar a cabo la
campaña electoral. Cuentan con el respaldo irrestricto de la maquinaria
gubernamental. Mucho más difícil les resulta lograr un puesto en la apretada
lista del PSUV, que obtener la curul.
Ese
no es el caso de los eventuales candidatos opositores. A estos el régimen les
exigirá hasta costosos trajes de bioseguridad si aspiran a repartir folletos en
una esquina de Caracas o recorrer una barriada popular. No podrán visitar casa
por casa. Ni barrio por barrio. No podrán decirles a los ciudadanos de forma
directa cuáles son las ventajas de votar y por qué ellos se beneficiarán si el
aspirante demócrata de su circuito llega a la AN. Ese vínculo sensorial que el
candidato a diputado opositor requiere para empatizar con el elector, no podrá
tejerse. Lo más sensato, por lo tanto, es no dejarse seducir por el caramelito
de arsénico entregado por el régimen. A esos comicios la oposición con debe
acudir. No tiene forma de triunfar aún siendo clara mayoría.
Aplaudir
la liberación de los compatriotas perseguidos y secuestrados, y considerar el
voto como una herramienta extraordinaria de lucha democrática, no significa que
la oposición deba suicidarse en primavera.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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