Por: VANESSA MORENO LOSADA
Los agricultores luchan pese
a las pérdidas que ocasionan los asaltos a sus fincas, las extorsiones, secuestros
y homicidios. En julio de 2013, Rangel Ávalos se reunió con hampones del área
para ofrecerles trabajo a cambio de deponer sus armas
En Barlovento bastan dos
horas para obtener más de 600 mil bolívares. Seis hombres encapuchados, con
fusiles de guerra y vestidos de negro, le quitaron a los hermanos Martínez
López y a sus 10 obreros el trabajo de tres meses en los cultivos de cacao. En
una camioneta último modelo, los delincuentes cargaron 20 sacos de cacao seco,
15 latas sin fermentar y 300.000 bolívares en efectivo (destinados al pago de
la nómina), mientras que las víctimas quedaron amarrados y amordazados en
distintos sitios de una casa cercana a la plantación de cuatro hectáreas,
ubicada en el sector Cumbo del municipio Andrés Bello de Miranda.
El robo a los Martínez López
en diciembre de 2014 no fue registrado en los diarios del país ni en actas
policiales, pero sí figura en los cálculos de la Asociación de Productores de
Cacao de Venezuela (Asoprocave) como parte del 40% de los agricultores de
la región mirandina afectados por el hampa. La organización agrupa a 2.180
cacaoteros del país y comercializa casi 80% del grano que se vende al Estado.
Sus dirigentes reciben al menos cinco denuncias cada semana por robo, extorsión
y homicidio de cacaoteros en Barlovento.
Un año antes, los seis
municipios de la región al este del estado Miranda fueron tocados en julio de
2013 por el Movimiento por la Paz y la Vida, dirigido por el entonces
viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ávalos. El proyecto fue
presentado por el Ejecutivo como una iniciativa social y cultural de rescate de
jóvenes en situaciones de riesgo.
Rangel Ávalos se reunió con
grupos delictivos de Barlovento para ofrecerles trabajo a cambio de deponer sus
armas. Cuando los delincuentes aceptaron la propuesta, el Gobierno cantó
victoria y llamó al sector como un “territorio de paz”. Videos transmitidos por
Venezolana de Televisión muestran al vocero del Gobierno rodeado por hombres
jóvenes que lucían sus mejores armas ante las cámaras.
La implementación de este
plan afectó a las 291.205 personas que residen en
Barlovento. Contrapunto visitó varios caseríos en la ruta que
comunica a San José de Barlovento con Las Delicias, donde los vecinos aseguran
que se instalaron zonas de paz. Allí no solo se ven niños barrigones descalzos
y casas que alaban a Dios; también delincuentes que cargan sus armas dentro de
bolsos cruzados o entre el pantalón y la camisa.
Al margen de la carretera,
la semilla del cacao se tiende sobre el asfalto para secarla bajo el sol.
Pequeños agricultores esparcen el grano durante el día y cuando el ocaso se
acerca, amontonan la cosecha para meterlas en un cuñete y resguardarlas. Aunque
esta ciudad parece estar olvidada por el desarrollo urbano, el comercio cacaotero
es un negocio que ni sembradores ni “malandros” dejan perder.
La lucha de los cacaoteros
Cinco reuniones mensuales
mantiene la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela
(Asoprocave) con el Ministerio para Agricultura y Tierras. En cada una de
ellas los voceros llevan las mismas peticiones: liberación de los permisos de
exportación, asistencia técnica, control de los procesos de compra y enlace con
el Ministerio para las Relaciones de Interiores Justicia y Paz para frenar la
plaga de la inseguridad.
“Tenemos información de que
hay bastantes robos en las haciendas de cacao. Sí, hay muchachos de Cumbo que
participaron en el programa y ahí hubo una paz que duró aproximadamente cuatro
meses. Lamentablemente, unos factores intervinieron allí y parte de estos
muchachos volvieron a entrar y han seguido delinquiendo. Bueno, ahí está el
plan Patria Segura que está actuando y tiene que seguir actuando”, aseguró el
viceministro Rangel Ávalos en una entrevista conContrapunto concedida el
10 de febrero.
Un miembro de Asoprocave,
Juan Cuevas*, contó que uno de los agremiados recibió siete tiros entre los
matorrales de su casa en el sector Perdomo, del municipio Acevedo, por
descubrir a unos hombres que le estaban robando cacao. “Se salvó porque los
vecinos salieron al escuchar los disparos y los ladrones huyeron. Por cosas
como éstas y por la falta de asistencia técnica, es que nuestra producción bajó
de 10.000 toneladas en 2012 a menos de 5.000 toneladas en 2014”, dijo Cuevas.
Este afiliado fue víctima de
otros tres ataques previos. Pero después del último robo, un delincuente que
vivía en su comunidad comenzó a pedirle 6.000 bolívares para abastecerse de
municiones. El cacaotero se negó, pero las amenazas a su integridad y a la de
su familia se hicieron más frecuentes. Finalmente, tomó la justicia por sus
manos. “Le pagó a alguien de afuera para que matara al malandro”, confesó
Cuevas.
Aunque el valor del kilo de
cacao seco fijado por el Gobierno en 2012 sigue siendo de 25 bolívares, la
semilla de Barlovento se cotiza entre 500 y 700 bolívares el kilo entre los
intermediarios, que son locales comerciales con cacaos dibujados en las paredes
o casas que muestran avisos como “Se compra cacao” pintados en el portón. “Un
ladrón tiene varios sitios donde vender lo que roba. Nadie controla eso, ni
puede sospechar de él porque a pesar de que los dueños de fincas somos
conocidos por todos, los jornaleros no”, precisó Cuevas.
Agregó que los robos de
la semilla ocurren a partir de diciembre, cuando la cosecha todavía está verde,
pero que puede ser madurada tras un proceso de cocción. Desde septiembre de un
año hasta julio del siguiente, los cacaoteros deben ir a sus haciendas una vez
por semana para verificar el crecimiento de la planta y cerciorarse de que no
hayan sido arrancadas ilegalmente.
Para el representante de
Asoprocave, la impunidad promueve el crecimiento de los índices delictivos
en Barlovento. “Mientras las autoridades no reconozcan el problema que crearon
las zonas de paz, la productividad de la región seguirá decayendo”, apuntó.
¿Quién es responsable en
Miranda?
El Ministerio de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz intervino el lunes 20 de julio en Miranda con la
Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en la
que fueron desplegados 1350 uniformados y 11 personas fueron asesinadas en
enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Según el balance oficial,
detuvieron a 233 individuos, 24 de ellos extranjeros. Recuperaron 996
apartamentos, 13 vehículos, 4 motocicletas, 68 uniformes militares, 352 cartuchos,
cargadores de pistolas, radios de comunicaciones, equipos electrónicos, y
diferentes drogas, entre ellas 14 plantas de marihuana.
Para Gustavo González López,
jefe de ese despacho, el responsable por la violencia en el estado es el
gobernador opositor Henrique Capriles. “La situación habla por sí sola sobre
las políticas de seguridad implementadas por el gobierno regional”, indicó.
En julio del año pasado,
durante un acto de ascenso de funcionarios de Polimiranda, Capriles apeló a un
argumento similar para atribuir la responsabilidad del Ejecutivo. “Las cifras
hablan por sí solas, no es con planas de televisión que se resuelve el
problema. El Gobierno vive permanentemente escurriendo el bulto y buscando a
quién le echa la culpa. Un ejemplo de acciones erráticas son las zonas de
paz creadas por el Gobierno que son áreas de impunidad”, afirmó.
Rangel Ávalos dijo
a Contrapunto que las zonas de paz no existían. “Zonas de paz es
una palabra (sic) que sobretodo lo ha comentado la oposición para, lamentablemente,
sabotear este trabajo que es tan importante”, exclamó.
El entonces viceministro le
propuso a los miembros de las bandas, en su mayoría de varones entre 16 y 25
años, que se organizaran en cooperativas para montar talleres de
herrería, carpintería, bloqueras, plomería, soldaduras, o recibir utensilios
para la siembra. Señaló que en algunos casos los “desmovilizados” fueron
incorporados a la nómina de una alcaldía o de un ministerio para recibir un
sueldo semanal por trabajos de mantenimiento de vías, escuelas o canchas.
Aunque Rangel Ávalos negó
que se le haya dado la orden a los cuerpos de seguridad de suspender el
patrullaje de las zonas donde el Gobierno negoció con las bandas, policías
consultados por Contrapunto señalaron que los criminales aprovecharon
la concesión de las autoridades para utilizar los territorios de pacificación
como guaridas para reorganizarse y “profesionalizar” el delito.
“Las bandas utilizaron el
dinero para reforzar su parque de armas. UZI, 9 mm, escopetas, fusiles
AK-45, granadas y pistolas con cargadores modificados de 32 municiones son
parte de su arsenal”, relató un agente de una policía municipal de la subregión
mirandina.
Funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana, Policía de Andrés Bello, Policía de Buroz y Polimiranda
coincidieron en querecibieron comunicados de las directivas de cada institución
u órdenes de palabra en reuniones con sus jefes para eliminar el
patrullaje. “Esa fue una condición impuesta por las bandas delictivas que se
incorporaron al Movimiento por la Paz y la Vida”, aseguró una agente.
* Nombre ficticio para
proteger la identidad del entrevistado
16-08-15
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