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sábado, 30 de enero de 2016

La crisis del agua y la debilidad institucional del Estado, @carome31



Por Carlos Romero M., 29/01/2016

El 6 de diciembre de 2015 el resultado electoral abrió la oportunidad de recuperar la Asamblea Nacional como espacio para el debate político sobre los problemas nacionales y como instancia para asumir un control político sobre la gestión del gobierno nacional y una función legislativa al servicio de los ciudadanos, sin discriminación política, social, económica y cultural.

El pasado 27 de enero la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la nueva Asamblea Nacional, abrió en su agenda un espacio para abordar con las autoridades respectivas el problema del agua en Venezuela y, en tal sentido, ejerciendo su labor de control político, interpeló a las autoridades de Hidroven y de las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento.

En esa interpelación, la Presidenta de Hidroven reconoció que actualmente hay dos embalses fuera de servicio, ubicados uno en el estado Guárico y otro en Miranda, y que hay otro en el estado Sucre que está muy afectado por el bajo nivel de agua[1]. En sus palabras, reconoció que ya en 2014 las precipitaciones eran muy pocas, lo cual impedía que los embalses recuperaran sus niveles normales[2].

José María De Viana, experto en el tema de agua potable, en una entrevista realizada el 10 de mayo de 2014, advertía que los acueductos operativos no tenían la capacidad de satisfacer la demanda de la población y sugirió compensar con embalses que almacenen agua durante los meses húmedos, para tener agua durante los meses secos. En esa fecha, alertó que, en Caracas, los embalses existentes eran insuficientes y reclamó que el embalse de Curia debió estar listo para el año 2005 y no fue así[3].

Para De Viana, el proselitismo político y el activismo electoral ocuparon las prioridades del gobierno que, en consecuencia, ignoró durante estos años la necesidad de trabajar en la eficiencia empresarial de las empresas prestadoras del servicio de agua potable.


Ese mismo año, 2014, el Presidente Maduro, en cadena nacional, anunció la creación de un Consejo Nacional de Agua, presidido por Ricardo Menéndez e integrado por varios ministros, gobernadores, alcaldes y expertos en el tema.  La misión de este Consejo no era otra que articular las acciones necesarias para hacer frente a la sequía que afectaba al país en ese momento y prepararse para la sequia que amenazaba los próximos años.  La responsabilidad de aquél Consejo era ubicar  nuevas fuentes de agua, diseñar un nuevo concepto para el manejo de los recursos hídricos y un nuevo sistema de riego para la agricultura[4].

Curiosamente, en 2015, el gobierno anuncia la creación de otro Consejo Nacional Presidencial del Agua, que se activaría en el marco de lo que llamaron la Revolución del Agua[5].  No pareciera ser una versión nueva del mismo Consejo creado en 2014, pero tampoco su estructura responde al Consejo Nacional de Agua que crea la Ley de Agua vigente.

¿Qué ha resultado de aquellos Consejos creados en 2014 y en 2015?  ¿Qué medidas concretas se tomaron para afrontar la previsible sequía y el impacto del fenómeno de El Niño?

Ahora, en el mapa de actores nacionales para abordar el problema del agua en Venezuela aparece otra figura, llamada Estado Mayor del Agua, creado recientemente en el estado Zulia, integrado por la Fuerza Armada Nacional, el gobierno regional y otras autoridades[6]. Aun cuando la Presidenta de Hidroven hizo mención a esta figura en su interpelación como una de las acciones que se han tomado para abordar el problema del agua, no hay información alguna sobre ese Estado Mayor del Agua en la página institucional de Hidroven y menos aún en la del Ministerio de Ecosocialismo y Agua para el 29 de enero 2015.

Claramente, estas estructuras creadas responden a ese proselitismo político y electoral del gobierno nacional que denunció en 2014 José María De Viana y que mantienen como política de Estado, impactando en la actualidad la dinámica de las Mesas Técnicas de Agua, que al integrarlas a lo que denominan Salas de Gestión Comunitarias de Agua, las convierten en agentes operativos del gobierno nacional, desnaturalizando su existencia como mecanismos de participación ciudadana para la promoción de los derechos ciudadanos y de la información adecuada en materia de la gestión integral del agua.

Por cierto, es oportuno destacar que esas Mesas Técnicas de Agua que hoy se mencionan, deberían contar con unos lineamientos generales para su creación y funcionamiento, dictados por algo que se llama Superintendencia Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que además, está llamada por Ley a crear un registro nacional de esas instancias para darle validez y fuerza en su representación comunitaria, lo cual debe ser complementado con la labor reglamentaria del Poder Público Municipal, a los fines de garantizar su funcionamiento efectivo.

Esa Superintendencia Nacional, no existe, y es precisamente esa instancia la responsable legal del control y supervisión de la calidad del agua, así como también de las actividades de la Prestadora del Servicio de Agua Potable.   La inobservancia de la Ley por parte del gobierno en materia institucional relacionada con el agua en Venezuela, hace que la gestión integral del agua sea poco confiable y en consecuencia genere dudas razonables sobre su transparencia y capacidad técnica para manejar la crisis de agua que hoy impacta a Venezuela.


La Presidenta de Hidroven, en su intervención ante la Asamblea Nacional, afirmó que en Venezuela no hay una grave crisis; ignorando que una gran parte del país hoy no disfruta de agua continua, y que muchos ciudadanos, pasaron de disponer agua las 24 horas de los 7 días, a un plan de racionamiento que se extendió por todo 2015, y ahora a otro plan de racionamiento más severo aún, donde sólo la “suerte” pareciera determinar si hay o no agua en casa.  ¿No es eso síntomas de una crisis que claramente se advertía desde 2014?  El niño claramente impacta la situación actual, pero impacta igual a Colombia, la diferencia en el manejo de esta situación con otros países esta precisamente en la capacidad que tenga el Estado de prever y asumir con capacidad las contingencias.

Sólo queda a la población enfrentar la crisis, pues ésta ya llegó.   La Asamblea Nacional y el Poder Público Municipal, éste último facultado por la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, en su artículo 44, son dos actores claves para enfrentar esta situación de crisis y para garantizar la información oportuna y veraz a los ciudadanos, pues a través de inspecciones a embalses y plantas de tratamiento, pueden levantar la información adecuada y lograr un diagnóstico real de la situación, para así valorar los niveles de crisis y abordar responsablemente su impacto en la deteriorada calidad de vida de los venezolanos.
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[1]El Nacional. Situación del agua en el país no es grave. 28 de enero 2016. Online en:

[2]Hidroven. Inversión al sector agua potable y saneamiento supera 9,5 millones de dólares. 28 de enero 2016. Online en:

[3]Prodavinci. “Hay racionamiento de agua por falta de inversión”. Una entrevista a José María De Viana .  10 de mayo 2014.  Entrevista

[4]VTV. Gobierno venezolano instaló Consejo Nacional de Agua para enfrentar la sequía. 08 de agosto de 2014. Online en:

[5]AVN. Nace Consejo Presidencial de Agua.  30 de septiembre de 2015. Online en:

[6]Hidroven. Constituido Estado Mayor del Agua en el Zulia. 14 de enero 2016. Online en:

Escrito para @PolitikaUCAB


Carlos Romero M.
@carome31

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