Veintiocho de enero de 2016
En la
Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales tuvo lugar este miércoles
la asunción a la presidencia del profesor Humberto García Larralde para el
período 2016-2018. A continuación una síntesis de su discurso.
“La
economía venezolana sufre actualmente el peor descalabro del que se tenga
registro, a pesar de los ingentes recursos percibidos por la exportación
petrolera en los últimos diez años. Esto ha tenido terribles consecuencias para
la vasta mayoría de la población. Se evidencia en las enormes colas que a
diario se hacen frente a supermercados y farmacias. Gente resignada a perder
horas enteras con la eventualidad –incierta- de conseguir alimentos, pañales y
otros productos que antes eran adquiridos en completa normalidad”.
“También
es el terrible drama de aquellos que se ven obligados a acudir infructuosamente
a farmacia tras farmacia en procura de medicamentos que no consiguen, que
podrían salvarles la vida. Para mayor desgracia, las cifras oficiales y, más
aún, las extraoficiales, registran un incremento en el costo de la vida mucho
mayor que en cualquier otro país del mundo y muy superior a los incrementos
salariales decretados. La inflación en Venezuela es hoy más alta que en
cualquier otro momento de su historia”.
“Más
allá de los contratiempos personales se asoma la evidencia de numerosas empresas
paradas o trabajando a media máquina por no disponer de insumos, repuestos y/o
equipos, o por no poder cubrir sus costos con las regulaciones y controles de
precio a que han sido sometidas. En consecuencia, mengua la productividad y por
ende, los salarios, y aumenta el desempleo. El resultado de todo lo anterior no
podía ser sino el incremento de la pobreza, como lo recoge la encuesta sobre
condiciones de vida de los venezolanos, ENCOVI, realizada en 2015 por las
universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, que
registró un 73% de la población en situación de pobreza por ingreso. Esto podrá
avanzar rápidamente hacia estadios de verdadera hambruna en algunos segmentos
de la población, si no se atajan las causas de tal descalabro”.
“Es
muy censurable que el Banco Central de Venezuela se haya negado a publicar,
durante largos períodos, la información pormenorizada sobre el comportamiento
de distintas variables económicas, como es su deber. Mantener a la población
venezolana en ascuas acerca de la conducción de la economía no sólo dificulta
la labor profesional del economista; disuade el financiamiento internacional
que tanto necesita el país en estos momentos; niega la información fidedigna
con la que empresarios, trabajadores y consumidores, puedan tomar decisiones
acertadas; y, al esconder las dimensiones y el perfil de la crisis, arroja al
venezolano de a pie a entregarse angustiado a rumores sobre su suerte”.
“Lamentablemente,
la anterior Asamblea Nacional, justo antes de que feneciera su período, reformó
la Ley del Banco Central de Venezuela buscando otorgar piso legal a esta
violación de su deber constitucional, alegando situaciones de “amenaza a la
Seguridad Nacional -con mayúsculas en el original del artículo 40 reformado- y
a la estabilidad económica de la Nación”, como excusa para no publicar las
cifras. Este ocultamiento de información se une al desacato de los ministros de
la economía por rendir cuentas a la Asamblea Nacional en ocasión del debate
sobre el Decreto de Emergencia Económica, recién concluido. Es oportuno
recordar que la Constitución en su artículo 141, señala:
“La
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el
ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
(negritas mías, HGL)
“El
escamoteo de la realidad económica acarrea severos costos económicos y humanos.
En democracia no es aceptable que servidores públicos oculten a los ciudadanos
la información requerida, para que éstos puedan apreciar las consecuencias de
las decisiones tomadas y evaluar el desempeño de estos funcionarios en el
cumplimiento de sus deberes frente a la Nación”.
Mercados
competitivos y transparentes
“El
desarrollo de la ciencia económica, puesta a prueba reiteradamente en las
experiencias de incontables países a través del globo, concluye de manera
fehaciente que mercados competidos y transparentes, en los que se conocen
precios y calidad de lo que se transa constituyen la forma más eficiente de
satisfacer los requerimientos de la sociedad con los recursos y capacidades
disponibles”.
“Cualquier
desajuste entre demanda y oferta de un bien o servicio habrá de expresarse en
su precio, incentivando la concurrencia de nuevos oferentes si sube, o
desplazando a aquellos menos eficientes en caso contrario. En competencia, el
sistema de precios orienta a los consumidores hacia las mejores ofertas y
señala oportunidades de negocio a los emprendedores. Además, presiona a cada
firma a perfeccionar su oferta, so pena de que un competidor satisfaga mejor la
demanda y la desplace del mercado. Esta dinámica incentiva la innovación, mejorando
la calidad de los bienes y servicios producidos, disminuyendo sus costos y
generando espacios para la inversión, el crecimiento y el empleo productivo”.
“Corresponde
a los gobiernos estimular la competencia, promover la transparencia de los
mercados, regular los monopolios naturales y forjar condiciones que promuevan
la innovación y el cambio tecnológico. Deben procurar los equilibrios
macroeconómicos que están en la base de la estabilidad de precios, del
financiamiento competitivo y del intercambio provechoso con el extranjero.
Asimismo, es menester un marco institucional que promueva la confianza y la
iniciativa de inversionistas, productores y comerciantes”.
“A la
vez, el Estado debe producir los bienes públicos que requiere la sociedad,
compensar las fallas de mercado ocasionadas por la presencia de externalidades
y velar por la equidad y la justicia social –atendiendo, en particular, a los
sectores más vulnerables de la población-, sin matar la gallina de los huevos
de oro de la iniciativa privada”.
Política
económica
“Pero
el gobierno nacional desde hace demasiado tiempo viene haciendo exactamente lo
contrario. Obnubilado por nuestra condición de país petrolero y emborrachado
con el alza de sus precios a niveles nunca vistos en el mercado internacional,
se desentendió de los criterios de racionalidad propios de una economía de
mercado y pensó en dispensar directamente los proventos de esta industria para
apuntalar su particular proyecto político. El usufructo discrecional de estos
recursos en la prosecución de estos fines requería abatir las instituciones que
resguardan la seguridad jurídica de los agentes económicos, y que promueven la
iniciativa privada y la eficiencia de los mercados”.
“En su
lugar se ha instrumentado un sistema de controles y regulaciones, y de acoso a
los sectores productivo y comercial, que ha generado graves distorsiones en el
quehacer económico. En particular, la fijación administrativa de precios sin
tomar en cuenta los costos de producción, ha hecho desaparecer númerosos ítems
de los mercados, fomentando la emergencia de una vasta economía parasitaria de
revendedores que logran ofertar tales productos por canales de comercialización
informales, pero a precios varias veces superior. El caso más extremo es el de
la gasolina, prácticamente regalada en el país, cuya reventa en el extranjero,
en connivencia con funcionarios destacados para resguardar las fronteras,
genera ganancias inimaginables”.
“El
ocultamiento de información, y la ausencia de transparencia y de rendición de
cuentas en la gestión pública, ha permitido que se enseñoree una conducta
patrimonialista por parte de quienes controlan el poder, en el sentido de
manejar la Res-pública –la cosa pública- como si fuera su patrimonio personal.
La excesiva y discrecional intervención del Estado de los últimos años ha
desatado una profusión de incentivos para lucrarse con la intermediación y
reventa de productos regulados, comisiones en los contratos con el sector
público, arbitrando entre distintas cotizaciones del dólar, extorsionando a
empresarios con la amenaza de leyes punitivas, con el lavado de dineros mal
habidos y en otros ilícitos. Puede afirmarse que la economía de controles lo
que ha prohijado es corrupción, a expensas de la actividad productiva”.
“Por
otro lado, bajo el amparo de ingresos extraordinarios por la venta de petróleo,
se quebrantaron los principios de una sana conducción macroeconómica. Prácticas
populistas y clientelares incrementaron el gasto público de manera desordenada
e insostenible, revelándose déficits fiscales descomunales al no crecer el
ingreso petrolero en igual proporción. Desde 2011, tales déficits se financian
en buena medida con la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco
Central”.
“Aunque
ello lo prohíbe el artículo 320 de nuestra Carta Magna, se le ha querido dar
visos de legalidad con la reforma de la Ley de Banco Central de diciembre
pasado, antes aludida. Como consecuencia, la liquidez monetaria prácticamente
se duplicó durante 2015: casi la mitad de este crecimiento vino de la
“maquinita” del BCV. Tal desorden monetario ha llevado a un severo
racionamiento de las divisas, que ha disparado el precio del dólar en el
mercado paralelo a niveles más de 100 veces superior al tipo de cambio oficial.
Todo ello impulsó la inflación por encima del 200% en el último año,
empobreciendo brutalmente a la inmensa mayoría de venezolanos”.
“No
hay excusa ni justificación alguna para que el Gobierno no reconozca los
efectos desastrosos de estas políticas. El costo social y humano conllevado
hace imperativa su rectificación. Ya basta de pretender comprar tiempo alegando
conspiraciones o inventando una “guerra económica” para intentar evadir
responsabilidades. No hay razones válidas para soslayar los cambios requeridos
y corresponde al Ejecutivo Nacional asumirlas, como demanda un país expectante.
En cumplimiento de su mandato legal, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas está presta a dar su opinión y a sugerir propuestas de política para
superar el atolladero que hoy agobia a los venezolanos”.
Soluciones
a la crisis
“Es
menester atajar de inmediato la cruel caída en los ingresos reales de la
población. Para ello hay que neutralizar los factores que nutren la altísima
inflación que hoy padece el país. Debe reducirse significativamente el déficit
de la gestión pública, haciendo más eficiente la recaudación de ingresos –entre
otras cosas, sincerando los precios de la gasolina y de otros bienes y
servicios prestados por el Estado-, eliminar el gasto dispendioso y focalizarlo
en las necesidades prioritarias, a la par que se prescinde del financiamiento
monetario por parte del Banco Central”.
“Ello
es base de la unificación del tipo de cambio -en un mercado de libre
transacción-, y la negociación del financiamiento internacional, sin el cual
Venezuela no podrá cuadrar sus cuentas externas ni defender la paridad del
bolívar. Honrar la deuda con los proveedores foráneos y los compromisos del
servicio de la deuda financiera externa contribuirá, a su vez, con el
restablecimiento de un clima de confianza para atraer a inversionistas
extranjeros y propulsar la inversión local. La disponibilidad de insumos,
maquinaria y repuestos importados, hecho posible por el libre acceso a las
divisas, significará un paso gigantesco en la liberación de las fuerzas
productivas del estrangulamiento a que han sido sometidas”.
“Estas
acciones deberán complementarse con el desmantelamiento del punitivo sistema de
controles y restableciendo las seguridades jurídicas a la propiedad y a las
transacciones comerciales, condiciones sine qua non para ampliar la oferta de
bienes y servicios demandados, sustituir importaciones -ahorrando divisas-, y
proveer empleo productivo bien remunerado”.
“El
gobierno descubre ahora la importancia decisiva de incrementar la producción
como vía para superar la crisis. Pero hay que decirle que este llamado no
responde a simples deseos o exhortaciones; debe estimularse con políticas
coherentes y creíbles, que den confianza”.
“Se
trata, en definitiva, de la imperiosa necesidad de echar los fundamentos de una
economía competitiva, capaz de asegurar procesos sostenidos de crecimiento y de
mejora en el bienestar de los venezolanos a través del emprendimiento y el
dominio tecnológico, de manera de trascender las perversiones del rentismo
petrolero”.
“El
disparate de creer que se podía arrinconar sin mayores consecuencias el aparato
productivo doméstico se pone hoy de manifiesto con la abrupta caída de los
precios internacionales del crudo. Superar el rentismo implica instrumentar
cambios institucionales profundos que requerirán de un liderazgo político capaz
de generar los consensos necesarios para su instrumentación y sostenibilidad”.
“La
discusión e implantación de estos cambios es una agenda imprescindible para los
próximos años. Las perspectivas de que se prolonguen los bajos precios
internacionales del petróleo, así como los compromisos adquiridos por la
mayoría de los países del mundo en la reciente Conferencia de París para
reducir su dependencia de los combustibles fósiles que generan gases de
invernadero, nos señalan de manera terminante que nuestro bienestar futuro no
podrá recostarse sólo del petróleo”.
“En
fin, enfrentar las realidades duras de la situación económica del país, nos
guste o no nos guste, representa un imperativo vital en estos momentos. La
Academia Nacional de Ciencias Económicas renueva su aspiración a continuar
promoviendo el debate de los aspectos centrales del desarrollo y de las
políticas requeridas para ello. Permítaseme concluir estas breves palabras
recordando un exhorto de nuestro pronunciamiento sobre la situación del país de
noviembre del año pasado:
“La
Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades
públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los
trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para
producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así
poder superar la grave situación en que nos encontramos.”
“Ya el
pueblo se manifestó clara y contundentemente a favor del cambio en los comicios
recientes del 6 de diciembre. Los factores políticos, económicos y sociales
capaces de incidir en la toma de decisiones no pueden eludir este mandato.
Corresponde al Ejecutivo, respetando la autonomía y competencias de la Asamblea
Nacional recién electa, negociar los acuerdos y compromisos imprescindibles
para superar el terrible drama que azota hoy a los venezolanos. Desde la
Academia Nacional de Ciencias Económicas ofrecemos nuestro modesto aporte al
éxito de las transformaciones requeridas”.
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