JAVIER CHICOTE 26 de enero de 2016
La
Asamblea Nacional de Venezuela va a abrir esta semana una investigación sobre
los contratos de asesoría que firmaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro con la Fundación CEPS, a la que ha pertenecido toda la cúpula de
Podemos, empezando por Pablo Iglesias. Esta entidad sin ánimo de lucro
domiciliada en Valencia cobró al menos cuatro millones de euros de los
gobiernos chavistas entre los años 2002 y 2012, aunque fuentes de la oposición
venezolana consultadas por ABC aseguran que «fue una cantidad mucho mayor».
Varios
diputados opositores comenzaron esta investigación hace meses, pero la mayoría
chavista la mantenía bloqueada. Ahora, con la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), que aglutina a la oposición al chavismo, controlando el Parlamento
venezolano tras las últimas elecciones, la investigación se va a reactivar.
Está previsto que esta misma semana la Comisión de Política Interior del
Parlamento y la de Contraloría abran sendas investigaciones, que analizarán
contratos y remuneraciones de la Fundación CEPS con seis ministerios y el banco
del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Varios de
estos convenios fueron publicados por ABC entre los meses de enero y marzo del año
pasado.
La
Comisión va a trabajar con abundante documentación, entre ella facturas y
correos electrónicos que hasta la fecha se desconocían. Se prevé que el
Gobierno de Nicolás Maduro intentará frustar los trabajos de la Asamblea
Nacional. Según las fuentes consultadas por este diario, por el momento hay
indicios de la comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro
de malversación de caudales públicos.
El
primero se refiere a que la Fundación CEPS «no ha pagado impuestos en Venezuela
de las cantidades que facturó al Gobierno», según aseguran a ABC fuentes de la
Mesa de la Unidad Democrática.
En
cuanto a la malversación, las asesorías pagadas a los consultores políticos de
la Fundación CEPS se cargaron a los presupuestos públicos, pero todos sus
trabajos estuvieron encaminados únicamente a perpetuar el chavismo y atacar a
la oposición. Así lo acreditan los informes que ha ido revelando ABC en los
últimos días, así como los publicados durante el pasado año.
El
Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) llegó a cobrar hasta 7.000 euros
mensuales por cada asesor que enviaba a Venezuela. De hecho, tenían despacho en
el Palacio Presidencial de Miraflores, separado solo unos metros del que
ocupaba el entonces presidente Hugo Chávez.
El contrato más lucrativo
El
vicepresidente de CEPS es Alberto Montero Soler, diputado de Podemos por Málaga
en el Congreso. Montero, que antes fue presidente de la fundación, es el
profesor que adjudicó a Íñigo Errejón la polémica beca de 1.800 euros mensuales
para estudiar la vivienda en Andalucía sin moverse de Madrid. El propio Errejón
es actualmente vocal de CEPS, tal y como aparece en la página web de la
organización sin ánimo de lucro. Por las filas del Consejo Ejecutivo de CEPS
han pasado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y Luis Alegre,
secretario general del partido en la Comunidad de Madrid. Carolina Bescansa,
diputada en el Congreso tras las elecciones del 20-D, también ha trabajado para
CEPS.
Esta
organización tiene alrededor de 300 miembros con un denominador común:
profesores de izquierdas. Combinan «una elevada formación técnico-académica y
experiencia militante en organizaciones de la izquierda política y social del
Estado español», según se presentan. Aseguran ser «una organización política no
partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo
cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas».
Precisamente,
entre los convenios que firmaban ambas partes, el más lucrativo solía ser el
suscrito con el Ministerio de la Presidencia, que reportaba a CEPS hasta
270.000 euros anuales, según la abundante documentación a la que ha tenido
acceso este diario.
CEPS
está íntimamente ligada a Podemos, aunque no hay dependencia orgánica entre
fundación y partido, que, como es público y notorio, fue registrado después, en
enero de 2014. Los líderes de ambas organizaciones se entremezclan, aunque
niegan vínculos financieros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico