Por René Núñez, 25/01/2016
El gobierno no quiere dar su brazo a torcer. La recurrente insolencia
de mantener la revolución, un proceso continúo de desaciertos y frustraciones,
en vez de ayudar, impide la búsqueda de una salida institucional concertada
como inteligentemente la mayoría de la gente la exigió con sus votos el pasado
6 de diciembre de 2015.
La crisis económica y social es de tal dimensión que los odios y
resentimientos sociales estimulados desde el poder por mucho tiempo en los
niveles sociales más vulnerables, hoy se les están revirtiendo en su contra
poniendo en peligro la estabilidad emocional e institucional de la república.
No debe el gobierno central seguir mirando a la mayoría de los
venezolanos como una lucha permanente de clases; partiendo de la premisa
fracasada e irresponsable de pensar que para poder subsistir la revolución
necesariamente hay que destruir al adversario político al costo y riesgo que
sea.
El país quiere y exige soluciones. No más conflictos. Reclama diálogo y
cooperación tanto de todos los poderes públicos como de los dirigentes,
organizaciones partidistas, sectores económicos y sociales.
La nueva Asamblea Nacional, por su lado, bajo ninguna circunstancia
debe dejar de cumplir con sus funciones básicas como las de discutir, legislar
pero sobre todo de controlar el ejecutivo. El resto de los poderes, no pueden
seguir operando como apéndices del gobierno nacional menos haciéndose cómplices
de una revolución que constitucionalmente no están obligados a seguir y
obedecer. La coyuntura histórica los insta a dar un paso adelante de autonomía
e independencia para contribuir con el deber de crear y garantizar un clima de
legalidad, respeto y equilibrio.
El poder ejecutivo en cualquier democracia, no tiene otra misión
general que la de ser el núcleo y el motor del progreso y desarrollo de los
ciudadanos y de las instituciones humanas que abarca. No puede abrogarse la
iniquidad de disponer de los destinos de los pueblos al antojo de un proceso
ideológico u oligarquía política, pues de hacerlo estaría atentando contra el
bien común nacional. Cuando ello ocurre, los pueblos les asisten el derecho
moral de impedirlo por las vías electorales que las constituciones establezcan
para reponer la normalidad institucional y la paz social.
En el caso de nuestro país, la Carta Magna del 99 contempla 4 opciones
para superar la conflictividad de poderes cuando no hay voluntad política para
superarla, ellas son: 1. El Referéndum revocatorio (art. 72) 2. La
Enmienda constitucional (Arts.340, 341) 3. La Reforma constitucional
(Arts. 342, 343, 344, 345 y 346) y 4. La Asamblea constituyente (Art.
347). Cualquiera sea la vía escogida, siempre serán los ciudadanos electores
los soberanos de aprobar la consulta.
Los ciudadanos estamos exigiendo a todo nivel un cambio material,
intelectual, y moral a fin de desarrollar nuestras potencialidades materiales,
intelectuales y morales. Una auténtica toma de conciencia de las
transformaciones, no como hasta ahora se ha pretendido, un simple cambio de
actores o gobiernos.
Es el momento histórico para sustituir una cultura facilista, de vicios
y trampas, dependiente del Estado, desconocedora de méritos y resultados por
una inspirada en principios éticos de vida particular y pública; donde impera
el poder persuasivo de la verdad y no el de la mentira o de la violencia.
No es una ilusión, una utopía, construirla. Podemos hacerla. Asumiendo
un compromiso colectivo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para
enarbolar las banderas de las grandes realizaciones materiales, espirituales y
humanas de cada uno de los venezolanos y de todos los venezolanos. No hay otro
camino para la paz y la justicia social. El deber nos llama. Es un acto que no
solo le corresponde a los políticos y gobernantes. “Cumplid vuestro deber y
dejad obrar a los Dioses” (Pierre Corneille).
Presidente del Ifedec, Capítulo Bolívar
@renenunez51
Los domingos, 8 a 9 am, en Onda Global por Onda 97.3 FM, Guayana
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