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viernes, 1 de julio de 2016

10 momentos del Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno de Colombia


Por Gaby Arenas de Meneses


Tras 54 años de un conflicto armado que deja más de 220.000 muertes y seis millones de víctimas de secuestros, desplazamientos, lesiones y duelo, el 23 de junio de 2016, en La Habana, Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño Echeverri (alias “Timochenko”), máximo comandante de las FARC, firmaron el acuerdo para el cese bilateral y definitivo de hostilidades.

El proceso de negociación no ha sido fácil ni expedito. Este acuerdo es producto de más de cuatro años de negociaciones que se iniciaron en octubre de 2012, luego de la instalación de la mesa de conversación en Oslo, Noruega. Por eso es necesario conocer sus claves para comprender cuán importante es la firma de este cese bilateral y definitivo de hostilidades:


Momento 1. El 26 de mayo de 2013 se anunció el primer acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. Contemplaba todo lo relativo a la formalización de propiedad de la tierra y el estímulo a la producción agropecuaria. En noviembre de ese año se anunció un compromiso sobre la participación política.

Éste es el cuarto intento de negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla. Aunque la expectativa fue mucha, tanto dentro como fuera de Colombia, la opinión pública los colombianos pedían justicia y castigos para los responsables de los delitos cometidos por el grupo armado.

Momento 2. En mayo de 2014 se firmó un tercer acuerdo relacionado con las drogas ilícitas. Contemplaba programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades, programas de prevención del consumo y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Después de alcanzar estos acuerdos, quedaba por definirse lo más álgido: los procedimientos para la reparación de las víctimas y de justicia restaurativa, además de los mecanismos para la dejación de armas y el cese de hostilidades. Frente a este panorama, el gobierno y los negociadores de las FARC decidieron convocar a otros actores al diálogo: representantes de otros gobiernos, organismos internacionales, las iglesias cristianas, las organizaciones de mujeres, los movimientos LGBTI y las organizaciones sociales. Todos se sumaron a un proceso que se estableció La Habana como escenario neutral para las conversaciones.

Momento 3. Luego del secuestro del General Rubén Darío Álzate y sus acompañantes, el gobierno suspendió los diálogos de paz en noviembre de 2014.

Para los colombianos, la esperanza de vivir en paz siempre ha sido superada por la desconfianza. Estas nuevas agresiones por parte de los frentes armados del grupo volvieron a despertar la duda sobre la posibilidad de negociar la paz.

Momento 4. Luego de varias pausas en las negociaciones, las FARC entregaron a los secuestrados y anunciaron un cese al fuego unilateral.

Momento 5. En febrero de 2015, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregó su informe final, ratificando en sus hallazgos que el conflicto armado colombiano ha sido uno de los más largos y cruentos en la historia.

Algunas de las consecuencias de la guerra son evidentes para todos, como los homicidios, los secuestros y las lesiones por minas antipersonales. Sin embargo, la guerra también ha dejado consecuencias nefastas que no están a la vista. Hoy en día Colombia lucha por disminuir la trata interna de personas que se ha generado como consecuencia de los desplazamientos de familias y huérfanos en el territorio.

Momento 6. Las conversaciones siguieron avanzando y se llegó a un acuerdo sobre el desminado humanitario. También se anunció una suspensión de los bombardeos contra los campamentos de las FARC por parte del ejército.

La clave para que el desminado humanitario sea exitoso está en contar con el apoyo de las comunidades para lograr identificar los sitios afectados por minas. Y en las regiones de Colombia el silencio ha sido clave para la supervivencia de las familias por lo que este proceso tomará su tiempo y un esfuerzo particular.

Momento 7. El año 2015 fue, quizás, el más complejo para los diálogos de paz. En abril, 11 soldados murieron en un ataque de las FARC contra el ejercito en Buenos Aires, Cauca. En respuesta el gobierno reanudó los bombardeos y ataques contra los frentes armados matando a 26 guerrilleros en varios operativos militares. Como resultado, Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC, anunció el levantamiento del cese al fuego unilateral.

Momento 8. Luego de que un soldado del ejército colombiano muriera durante el desminado humanitario en Antioquia, las Farc ordenaron un nuevo cese al fuego unilateral y el gobierno hizo lo propio de forma gradual.

 Durante ese estadio de las negociaciones, eran pocos los detalles que los ciudadanos conocían sobre los acuerdos. Algunos mantenían la esperanza en que tendrían éxito y traerían la paz a Colombia, otros cuestionaban el proceso y los compromisos que el gobierno establecía con las Farc, mientras algunos pocos comenzaban a hablar de postconflicto y de los retos que el país debería enfrentar una vez se llegara a un acuerdo de paz definitivo.

Momento 9. En diciembre de 2014 se presentó un acuerdo completo sobre el tema de reparación de víctimas y se acordó un modelo de justicia transicional para aquellos agresores que reconozcan su responsabilidad.

Momento 10. El gobierno, las FARC y la ONU acordaron un mecanismo tripartito para verificar la dejación de armas, se anuncio un acuerdo sobre la salida de menores de los frentes armados y se estableció que el acuerdo final sería refrendado para que sean los colombianos quienes acepten o no lo pactado.

Ahora parece que el proceso ha llegado a su trecho final. El pasado jueves 23 de junio las FARC y el gobierno colombiano firmaron en La Habana el acuerdo para un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo: el punto final del conflicto armado con el cual han crecido más de dos generaciones de colombianos. Sin embargo, la construcción de paz en Colombia apenas comienza.

La dejación de armas será realizada en 23 veredas donde los excombatientes deberán entregar su armamento y se prepararán para la reincorporación a la vida como civiles. En la subcomisión técnica del Ministerio de Defensa Nacional utilizaron los siguientes criterios para determinar cuáles serán estas veredas:

“Distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales; con una extensión razonable que garantice la verificabilidad; con condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas”

La ONU será la encargada de verificar el proceso de desarme y velará porque estos campamentos sean territorios transitorios donde no podrá establecerse población civil. Y el desplazamiento de los excombatientes de las FARC hacia las veredas se realizará siguiendo unos protocolos establecidos por el Ministerio de la Defensa para garantizar la seguridad de los civiles que habitan en zonas aledañas. De acuerdo con el acuerdo firmado el desarme será un procedimiento

“técnico, trazable y verificable, que se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”

En 180 días se espera que culmine el proceso de desarme para que la ONU destruya todo el armamento recuperado. Y ese material será utilizado para la construcción de tres monumentos.

Por su parte el gobierno anunció que intensificará las acciones contra cualquier organización criminal que amenace la construcción de paz en el país. Adicionalmente se creará una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que “tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo”. Y este compromiso final incluye también

“un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios”

Tanto el gobierno colombiano como las FARC anunciaron que acatarán la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley que crea el plebiscito por la paz. Este acuerdo representa un hito histórico para la construcción de paz en Colombia.

A muchos colombianos la firma del acuerdo de paz les sonaba imposible. Ahora que se ha concretado, quizás sea momento de pensar que la construcción de paz será posible para todos. Es a lo que hoy apuestan los colombianos. Y aunque muchos saben que los secuestros y las extorsiones que sufren los habitantes de las regiones no son necesariamente cometidos por las FARC, también están seguros de que este primer paso puede dar pie a que el gobierno evite la actuación de otros grupos armados.

Aunque es necesario considerar que durante los cincuenta años del conflicto armado colombiano se cometieron más de 220.000 homicidos, en la última década se han cometido más de 296.048 crímenes fatales no directamente relacionados con grupos guerrilleros, paramilitares o militares. En el 70% de estos casos, los asesinos son familiares o conocidos de las víctimas, a la vez que 90% de las agresiones con lesiones no fatales en Colombia están vinculadas con violencia familiar.

No se puede hablar de construcción de paz y post-conflicto desde una única dimensión. Hay que considerar que existen otros tipos de violencia como (interpersonal, intrafamiliar, institucional, delincuencial) que afectan la convivencia cotidiana y las relaciones cercanas. Y, por tanto, afectan a la paz.

Si Colombia quiere evitar los errores que se han cometido en otros procesos de paz alrededor del mundo debe tener en consideración que no se trata sólo de un tema del gobierno de turno: se debe contar con la participación y la veeduría de la ciudadanía, así como de los demás factores políticos e institucionales que hacen vida en el país.

Ahora en Colombia deben atenderse, evitarse y condenarse todos los tipos de violencia, para que de esta forma pueda existir una convivencia pacífica y armónica para todos.

28-06-16




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