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domingo, 19 de marzo de 2017

Seguridad Alimentaria en la Agenda Parlamentaria, @carome31



Por Carlos Romero Mendoza, 17/03/2017

En el año 2016, Valencia, España fue elegida Capital Mundial de la Alimentación 2017, reconocimiento que se hace en el marco del Pacto Mundial sobre la Política Alimentaria Urbana. Enrique Yeves, director general de comunicación de la FAO, justificó esta elección señalando que “Valencia se ha caracterizado en el último año por un profundo cambio de política en el que ha puesto el tema de la alimentación como uno de los ejes fundamentales en la gestión municipal con grandes resultados que ya se están viendo”[1].

Una de las actividades que Valencia desarrollará en el marco del año 2017, en su condición de capital mundial de la alimentación, es el Encuentro Mundial de Alcaldes,que se presenta como un espacio para compartir iniciativas y soluciones para garantizar, a través de políticas, el derecho y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria.


En México, específicamente en Puebla, 15 estados, entre ellos Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Zacatecas y Veracruz, se reúnen y acompañan a más de 200 productores agroindustriales en el III Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria que se celebra hasta el 15 de marzo de 2017[2].  Importante destacar que la Seguridad Alimentaria encuentra un espacio en el Plan de Desarrollo Municipal de Puebla, cuando el municipio asume el compromiso de incrementar el valor de la producción agrícola en el Municipio, como una forma de cooperar con el objetivo del Estado de impulsar un sistema agroalimentario eficiente y con el objetivo nacional que prevé construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria en México.

En otras palabras, el tema seguridad alimentaria incluye a todos los actores políticos y es un tema que está en el debate permanente de la sociedad en general.

Mientras los municipios, estados y gobiernos se ocupan en garantizar la seguridad alimentaria a sus ciudadanos, en Venezuela la política es controlar políticamente a la sociedad a través de una inseguridad alimentaria sostenida.


En tal sentido, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el 14 de marzo de 2017 una Declaratoria de Crisis Humanitaria en materia alimentaria. Previamente, el 11 de febrero de 2016, es decir un año atrás, había aprobado un Acuerdo mediante el cual declaró crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la población venezolana.

En este mismo contexto, el 21 de julio de 2016, la Asamblea en otro Acuerdo condenó y rechazó la represión política y violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

Es importante destacar, en el marco del tema alimentario, que el 8 de febrero de 2017 la Asamblea, mediante un Acuerdo, registró la situación en materia nutricional de la población venezolana, elevando una serie de exigencias concretas al Ejecutivo Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República[3] para enfrentar la crisis nutricional.

En tal sentido, desde febrero de 2016, la Asamblea Nacional exigió al Presidente la presentación ante el Parlamento de un Plan de Seguridad Alimentaria, que garantizara, entre otras cosas, el abastecimiento de alimentos a los venezolanos de manera inmediata, a través del apego a la producción nacional y el uso de divisas en la importación de materia prima, insumos, agroquímico, repuesto y maquinarias para la producción agrícola y de alimentos en Venezuela.

Así mismo, desde febrero de 2016, la Asamblea Nacional también le exigió al Banco Central de Venezuela la publicación periódica y detallada de las cifras sobre escasez de alimentos. Así mismo, incluyó en el Acuerdo de febrero 2016 al Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Nacional de Nutrición, exigiendo la publicación perentoria, periódica y actualizada de cifras relativas a la pobreza, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta básica.

En el Acuerdo aprobado el 14 de marzo, la Asamblea Nacional exigió a los órganos del Poder Público que adopten, atendiendo a sus atribuciones respectivas, medidas institucionales y urgentes para combatir el hambre.

Por otro lado ,en esos Acuerdos, la Asamblea Nacional se había comprometido a levantar información sobre los acuerdos celebrados en nombre de la República con otros países en materia de intercambio de alimentos y transferencia de tecnología alimentaria o asistencia de producción.

También se comprometió a solicitar información sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de todas las empresas del Estado o administradas por el mismo, dedicadas a la producción agrícola, de alimentos, y materias primas e insumos para estos sectores, de la superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución pública de alimentos en general, los planes que aquel ministerio desarrolla y los indicadores que le sirven de base para su misión.

El Acuerdo de marzo de 2017 creó una Comisión especial responsable de definir, con participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos y mediante consultas desarrolladas en el ámbito local, regional y nacional, las acciones que deben emprenderse para impedir que la crisis alimentaria siga causando perjuicios a veces irreversibles a los venezolanos y venezolanas.


A esa Comisión se le delegó la tarea de identificar fuentes de cooperación internacional para combatir el hambre en Venezuela, incorporando a Caritas de Venezuela a sus actividades y mediante visitas a delegaciones diplomáticas y a organismos internacionales.

Por último,  la Asamblea Nacional se comprometió a la pronta presentación y discusión de un Proyecto de Ley sobre la Crisis Humanitaria en materia Alimentaria, que recoja lineamientos fundamentales dirigidos a proteger a la población frente al hambre. En este sentido y como forma de contribuir a un debate sobre la producción nacional, el pasado 30 de noviembre la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.

El problema del desabastecimiento de alimentos, una de las expresiones de la crisis humanitaria en materia de seguridad alimentaria, fue precisamente una de las razones que la Asamblea Nacional argumentó cuando planteó la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro el pasado 13 de diciembre de 2016.

La Asamblea Nacional en aquel Acuerdo de diciembre expresó de manera expresa que el desabastecimiento es consecuencia de la agudización de la crisis económica, cuyo único responsable es el Presidente Nicolás Maduro en su condición de administrador de la hacienda pública nacional, cuya actuación está sometida a una serie de principios que están claramente recogidos en la Constitución Nacional.

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[1] Valenciaextra.com Valencia capital mundial de la alimentación sostenible. 15 de octubre de 2016. Online en:

[2] El Sol de Puebla. Inauguran tercer encuentro de seguridad alimentaria. 11 de marzo de 2017. Online en:

[3] Romero, Carlos. La Asamblea Nacional y su posición frente a la crisis nutricional del país. 9 DE FEBRERO 2017. Online en:

Escrito para @PolitikaUCAB


Carlos Romero Mendoza
@carome31