MUD 22 de marzo de 2017
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Luego
de sesionar en la calle en las inmediaciones de la sede en Venezuela del
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión de Política
Interior hizo entrega de un documento con la copia del acta de la sesión
ordinaria, al ente internacional, con los casos de violación de derechos
humanos, donde se destacan la muerte en manos de la OLP y Cuerpos de Seguridad
del Estado de jóvenes y niños entre 17 y 5 años de edad.
La
presidente de la mencionada instancia parlamentaria, la diputada por Miranda de
UNT, Delsa Solórzano, manifestó que diariamente reciben denuncias de los
familiares de las víctimas de los operativos que realizan las OLP en las
barriadas de Caracas, donde se cometen atropellos contra los ciudadanos
humildes, quienes manifiestan que no tienen ningún amparo por parte del Estado,
lo único que reciben es muerte y desolación, por lo que acuden ante la Comisión
de Política Interior en busca de apoyo y justicia por las violaciones a sus
derechos.
“En el
marco de los operativos de las OLP en el seno de la Comisión tenemos más de mil
denuncias por violación de derechos humanos, es decir que estos operativos no
han servido para resolver el problema de la inseguridad. Los venezolanos piden
a gritos que los problemas de seguridad ciudadana se resuelvan, que el gobierno comprenda que Venezuela es el
país más violento del mundo. Matando a los pobres no se resuelve el problema de
la seguridad en el país. Las OLP no han sido eficientes para resolver esta
crisis en materia de seguridad ciudadana”. Argumentó la diputada Solórzano.
También
se refirió a violación de derechos humanos como a los presos políticos que
tienen boleta de excarcelación y todavía el Sebin se niega a liberarlos. Los casos de ciudadanos que son agredidos
humillados y vejados por la Guardia Nacional u otros organismos de seguridad
del Estado , cuando están haciendo las colas para comprar alimentos con precios
regulados o pañales y productos de limpieza personal, también se refirió a los
casos de trabajadores que son despedidos injustificadamente o porque piensan
diferente a este gobierno.
Al
referirse al caso específico de los niños y adolescentes que mataron a
puñaladas a dos guardias nacionales el pasado domingo en la madrugada para
robarles sus pertenencias, la diputada Solórzano manifestó que este es problema
social muy complejo que el gobierno no ha querido enfrentar, que esos niños en
vez de estar en la calle deberían estar en un albergue recibiendo la atención
debida.
“Lo
que está pasando en Venezuela es que nuestros niños matan por hambre o mueren
por hambre. Esto es responsabilidad exclusiva del Estado que se hace la vista
gorda frente a una crisis que tiene ya mucho tiempo. Estos niños que matan son
los que han sido abandonados por sus padres y por el propio Estado, que para
comer hurgan en la basura, que deberían
estar en un albergue recibiendo atención
y lamentablemente eso no está ocurriendo con estos menores de edad entre
8 y 17 años”.
Agregó
que esta situación de crisis de la
seguridad ciudadana reviste de distintas aristas que no están siendo tratadas
por el gobierno. “Esto se está tratando en la Asamblea Nacional conjuntamente
con la Comisión de Familia, porque no es un tema exclusivo del área de
seguridad ciudadana o de derechos humanos, sino que tiene repercusiones más
allá de eso. Esto tiene que llamarnos a reflexión como país, porque se trata del futuro de
Venezuela, si nuestros niños hoy están cometiendo este tipo de crimines, cuál
es el futuro del país”.
Durante
la sesión en la planta baja del Edificio
donde se encuentra la sede del PNUD, se presentaron varios casos de violación
de derechos humanos, específicamente víctimas de las OLP, quienes denunciaron y
narraron los hechos, entre los casos
como del señor Alex Vega, quien
entre sollozos narro que funcionarios de la OLP, el día viernes 10 de marzo
6:30 de la mañana, entraron intempestivamente a su casa ubicada en el Valle
sector Cerro Grande, sacaron a su hijo
Alex Johan Vega Azuaje de 16 años de edad, de la cama, le dijeron que se
vistiera y luego le dispararon en el pecho sin mediar palabra alguna, también
lo agredieron a él, a su esposa e hija
de 11 años de edad, a quien le gritaban
que se callara y dejara de llorar..
“Además
se llevaron de mi casa una tabla y un DS, cuatro paquetes de azúcar, cuatro de
harina de maíz, café, mi reloj de mano.
No importa yo les hubiese dado todo hasta
la nevera, pero que no hubiesen matado a mi único hijo varón. Él no era
ningún delincuente, era un trabajador humilde, que dejó una niña que nació el
31 de diciembre del año pasado”. Expresó llorando el señor Vega
Otro
caso fue el de una joven Yusveli Álvarez quien narró que en el mes de noviembre
del año pasado, funcionarios de la OLP, entraron a su casa ubicada en el
municipio Sucre del Estado Miranda, con las caras cubiertas con pasa montañas
sin mediar palabra, disparando y asesinando a su hermana Jenifer Arroyo y a su sobrina Ailin Valentina Mendoza de 5
años de edad, caso que conmovió a los
presentes por tratarse de la muerte de
una inocente.
“Todo
eso fue en presencia de mi madre y además nos robaron los juguetes del niño
Jesús y ropa nuevas para mi hijo de 5 años también y mi sobrinita muerta. No
sabemos por qué entraron así disparando
y matando a mi hermana y mi sobrina. Yo lo que quiero es que se haga justicia,
mi hermana era una joven noble y mi sobrina una inocente.
Por su
parte el vicepresidente de la Comisión
de Política Interior manifestó que estos operativos de las OLP, tienen
el mismo modus operandi, asesinan y saquean las viviendas. “Aquí es evidente el
ajusticiamiento que tiene que ver con
terrorismo de Estado. Estamos frente a una violación masiva de los Derechos
Humanos. Esta sesión es para abrirles los ojos a los venezolanos, para que
sepan a qué nos estamos enfrentando.
Cada vez es más grave el nivel de violencia en el país. Este es un
espiral que va creciendo cada día” acotó.
Al
término de la sesión la diputada Delsa Solórzano, convocó para este jueves a las 10:00 de la mañana a una sesión
especial de la instancia parlamentaria, en el salón Miranda del Palacio
Legislativo, donde se hará entrega de la ley de Seguridad Social del Policía a
unos funcionarios, quienes tendrán un derecho de palabra.
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