Cuatro de mayo de 2017
Los
Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México y Paraguay deploramos el deterioro de la situación interna y el
recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que
desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de
heridos.
Condenamos
el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la
población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que
afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana
y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.
Hacemos
un llamado enérgico al Gobierno venezolano para que respete los derechos
humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.
Como
actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la
República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas
más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en
cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados
internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado.
En el
marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la
estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de
cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las
funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar
la separación de poderes.
Por
último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que
generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la
hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución
duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela.
4 de
mayo de 2017
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