Por Michael Penfold
El Gobierno huye hacia
adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta
previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio
de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un
acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la
OEA, anticipando la posibilidad de que se activase la Carta Democrática. Al
apelar a los artículos 347, 348 y 349 que le permiten al Presidente convocar
vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro prefirió hacer una
apuesta aún más incierta que, incluso, continuar profundizando el conflicto de
desgaste que mantiene con la oposición. Esto es en sí mismo sorprendente.
Quizás las presiones
internas e internacionales fueron tan grandes sobre el Gobierno para convocar
algún tipo de elección –regionales o probablemente una mega elección–, y ante
la certeza de tenerlas perdidas, es muy probable que estas mismas presiones
terminaran obligándolo a impulsar este tipo de convocatoria precisamente para
continuar posponiendo, esta vez formalmente, el calendario electoral. El
argumento político del oficialismo es bastante obvio: mientras haya un proceso
Constituyente quedan oficialmente suspendidos todos los comicios para
gobernadores, alcaldes y también para presidente. La Constituyente ayuda así a
darle un barniz “legal” a la situación de facto que nos cobija: que el chavismo
ya no gana elecciones y que dejó de estar dispuesto a medirse bajo sus propias
reglas constitucionales y electorales.
Sin embargo, tanto para el
chavismo como para el presidente utilizar este instrumento constitucional es
políticamente muy riesgoso. Puede perfectamente representar un quiebre
irreparable. Las constituyentes sirven para promover un cambio institucional,
incluso uno que permita concentrar más poder en la Presidencia como lo logró la
revolución bolivariana a finales del siglo pasado, pero pocas veces para
atrincherarse, sobre todo en medio de un colapso económico como el que
experimentamos, y con unas protestas sociales y políticas como las que se
presentan en la actualidad.
Evidentemente, el carácter
corporativista e incluso de representación indirecta que asoman las bases
comiciales que diseña el Ejecutivo le va a restar cualquier viso de
constitucionalidad y legitimidad a ese proceso; pero sobre todo es difícil, por
no decir imposible, explicarles a los ciudadanos de a pie cómo es que una
constituyente ayuda a resolver los problemas económicos y sociales del país. Mi
impresión es que esta convocatoria es un boomerang que puede terminar
haciendo al Gobierno aún más impopular (y no sólo más autoritario) pues va a
terminar de confirmar en la opinión publica lo irreparable que resulta su
propia ineficiencia y, más aún, su afán de mantenerse en el poder a cualquier
costo.
¿Cómo es que una
Constituyente resuelve los problemas de abastecimiento e inflación por los que
protestan los sectores populares en el oeste de Caracas? La Constituyente va a
hacer que en la opinión publica el chavismo parezca aún más desconectado de sus
propias bases electorales y sociales. La idea de que el carácter corporativista
de la constituyente –misiones, obreros, sectores productivos, comunas,
etc.– va a dinamizar esa conexión, me parece que es un acto de fe más que
un cálculo político realista. Tratar de ejercer el control político a través de
este mecanismo es una propuesta no solo temeraria sino tremendamente
irresponsable.
Esta decisión gubernamental
también va a profundizar la presión internacional. El Gobierno va a tratar de
venderle a la comunidad internacional que la decisión es perfectamente
constitucional y que abre además un camino electoral que es precisamente lo que
la oposición ha venido solicitando. Y evidentemente muy pronto el Gobierno
también contará con el respaldo de la Sala Constitucional del TSJ para blindar
aún más sus argumentos. Pero el Vaticano debe estar sorprendido –así como los
países de la región que estaban dispuestos a buscar una solución negociada
fuera de la esfera de influencia de la OEA–, de cómo es que un Gobierno que
viene hablando de negociación y diálogo como una condición necesaria para
lograr la paz, impone repentinamente una salida corporativista de este tipo.
En la mente de los actores
internacionales esta convocatoria profundiza más bien la ruptura constitucional
y le resta más credibilidad al Gobierno. Tampoco nos debería sorprender que las
fisuras internas dentro del chavismo a partir de ahora comiencen a hacerse cada
día más evidentes. En la medida en que la convocatoria vaya siendo rechazada en
la opinión pública, en esa misma medida actores internos se van a ir
deslindando. La sociedad, por su parte, conjuntamente con los partidos
políticos de oposición, continuará protestando en las calles. La sociedad
percibe que esta es su responsabilidad existencial frente a un Gobierno que
hace rato perdió el compás moral y político.
Venezuela, por decir lo
menos, es oficialmente un berenjenal.
02-05-17
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