AP 07 de diciembre de 2017
La
cámara de representantes aprobó el jueves un proyecto de ley que ordenaría al
Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales para
enviar alimentos, medicinas y asistencia técnica
a Venezuela.
La
medida, aprobada 388-29 por el pleno de la cámara, también extiende hasta el
2022 la vigencia de una ley aprobada en 2014 por el entonces presidente Barack
Obama para sancionar a funcionarios venezolanos acusados
de violar derechos humanos o perpetrar actos de corrupción.
El
mandato para imponer sanciones que estipula la ley vigente --y que ha permitido
a Washingtoncongelar bienes y suspender visas a decenas de
funcionarios venezolanos-- culmina en 2019.
El
proyecto de ley --de los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart,
y los demócratas Eliot Engel y Albio Sires-- busca
dar al Departamento de Estado 90 días para definir un plan para distribuir la
ayuda humanitaria.
Engel exhortó
en un comunicado a los senadores “a aprobar este proyecto de ley
inmediatamente, para que pueda llegar al presidente antes de fin de año”.
Una
versión similar del demócrata Ben Cardin sólo cuenta con 13
patrocinadores desde su presentación en mayo en el Senado.
The
Associated Press solicitó un comentario a la comisión de
relaciones exteriores del Senado, sin obtenerlo de inmediato.
Los
100 integrantes del Senado sólo podrán votar esta iniciativa
una vez haya sido aprobada por la comisión de relaciones exteriores.
El
plan describiría la estrategia de Washington para lograr el
apoyo de donantes internacionales y países en la región dispuestos a brindar ayuda
técnica y financiera.
En el
caso de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se
oponga a distribuir la ayuda humanitaria, la propuesta de ley dispone que el
presidente Donald Trump ordene a la embajada estadounidense en
la ONU impulsar una resolución que ordene a Caracas recibir la
ayuda y distribuirla.
“Durante
casi dos décadas, este país ha sufrido bajo los regímenes chavista y de Maduro,
y Estados Unidos se mantiene firme en su promesa al pueblo venezolano”,
dijo Díaz-Balart.
Hasta
el momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal
humanitario alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y
medicinas que aqueja a los venezolanos.
El
proyecto de ley también daría 180 días al Departamento de Estado para
entregarle al Congreso un reporte sobre la vinculación de altos funcionarios
gubernamentales venezolanos en actos de corrupción.
Además
ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas
venezolanas con Rusia.
La
cámara baja acompañó el proyecto de ley con una resolución que exhorta a los
mandatarios del continente y a la Organización de Estados Americanos a
seguir presionando a Maduro para que libere a los presos
políticos, disuelva la Asamblea Nacional Constituyente y
convoque elecciones libres y justas.
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