Fernando Camino Peñalver 01 de diciembre de 2017
Más
allá de la urgencia de superar la grave crisis humanitaria, que diezma nuestra
población a causa de la escasez y carestía de los alimentos, se requiere de una
solución permanente para resolver definitivamente el tema de la oferta de
alimentos y de la nutrición en nuestro país. Para ello, es fundamental
establecer una Política de Estado que involucre a todos los poderes públicos,
al sector privado y a la academia, con la finalidad de crear una estructura
institucional que perdure y no esté sujeta a la posible improvisación del
gobierno de turno.
El
diseño de una Política de Estado para el pleno abastecimiento de alimentos debe
dar prioridad a la producción nacional, tomando en consideración nuestras
condiciones agrológicas y las limitaciones coyunturales que pueda afectar la
producción. Es fundamental que la producción se efectúe en armonía con el medio
ambiente donde se desarrolle. El desarrollo sustentable debe ser factor
principal de la nueva política de oferta de alimentos a nuestra población.
Un
factor esencial de esta política es el marco legal que garantice seguridad
jurídica a los productores, como el derecho a la propiedad y la libertad
económica establecida en nuestra constitución. El marco legal debe también,
como principio fundamental de la seguridad alimentaria, garantizar a nuestra
población el derecho a disponer de una oferta de alimentos en excelentes
condiciones sanitarias y nutricionales de forma suficiente y oportuna.
Es
necesaria la organización institucional pública del sector, mediante la
creación de un organismo rector de la producción y el abastecimiento. De esta
manera, se resolverá la duplicidad de funciones y la actividad pública en labores
inherentes a la actividad privada. El ente rector dentro del marco de la
política de descentralización, coordinará con los gobiernos regionales y
municipales, la transferencia de recursos y la aplicación de políticas públicas
tendientes al desarrollo de la producción de alimentos en cada una de las
regiones.
La
distribución y la comercialización de los alimentos, dentro de la nueva
normativa legal, deben estar sujetas a la actividad de la oferta y la demanda.
Su regulación será para evitar monopolios, oligopolios y la preservación de las
condiciones sanitarias y nutricionales. Deberá existir una relación armónica
entre la producción nacional y las importaciones, tanto de materia prima como
de productos manufacturados. Esta relación deberá ser articulada mediante una
comisión tripartita, conformada por el sector agrícola, la agroindustria y el
sector comercio. El gobierno nacional solo actuaría como mediador de esta
comisión.
Un
factor primordial de la nueva política de producción de alimentos, será el
respeto al derecho del productor a tener rentabilidad de lo que produce. La
rentabilidad aumenta la propensión a invertir en tecnología, para mejorar la
productividad. Si tenemos rentabilidad en la producción, aumenta la oferta y
estimula la competencia. A mayor oferta, mejores precios en todo el circuito de
comercialización y por supuesto, para el consumidor.
Cuando
una actividad económica es rentable, se convierte en una inversión atractiva
para el sector financiero. Si la producción de alimentos mejora mediante el uso
de tecnología de punta y la utilización de insumos y maquinarias a tiempo, no
existirá dificultad para que la actividad aseguradora pueda ampliar su
cobertura hacia este sector.
El
sector financiero público debe ser transformado para convertir el Fondo de
Desarrollo Agrícola Socialista (Fondas) en un una institución financiera de
segundo nivel. Esta institución dará apoyo a la banca privada, a la banca
pública y a los fondos regionales, en el otorgamiento de créditos a largo plazo
para financiar la infraestructura de la producción de alimentos. El Banco
Agrícola de Venezuela dará prioridad en sus líneas de financiamiento a los
agrotécnicos y productores que estén imposibilitados para ser sujetos de la
banca comercial.
Existen
muchos proyectos para resolver el déficit de la oferta de alimentos, pero
consideramos que debemos coincidir que sin un compromiso, de parte de los
poderes públicos nacionales para asumir la oferta de alimentos como Política de
Estado, quedaremos a merced del libre albedrio del gobierno de turno. Es por
ello, que tiene que existir la normativa legal y los lineamientos de políticas
públicas, para la solución definitiva de este problema tan importante para la
supervivencia de nuestra población.
Fernando
Camino Peñalver
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico