Alexandra Ulmer y Marianna Parraga 26 de diciembre de 2018
El
pasado 6 de julio, el mayor general Manuel Quevedo se unió en oración a su
esposa, un sacerdote católico y un grupo de trabajadores petroleros en una sala
de conferencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas.
El
militar de carrera, quien ha llevado las riendas de la atribulada petrolera
estatal en el último año, no presenció una misa ordinaria. En la ceremonia,
Quevedo y otros altos funcionarios de la industria petrolera venezolana le
pidieron a Dios incrementar la producción de crudo.
“Este
espacio de paz y espiritualidad”, se lee en un comunicado del Ministerio de
Petróleo que luego fue retirado de su página web, “estuvo acompañado por las
peticiones de la clase trabajadora dirigidas a la recuperación productiva de la
industria”.
El
presidente Nicolás Maduro sorprendió a muchos en noviembre de 2017 cuando
nombró a Quevedo, un alto oficial de la Guardia Nacional sin experiencia en el
sector petrolero, para dirigir PDVSA.
Desde
entonces, las acciones de Quevedo han despertado aún más dudas de que él y los
demás militares que dirigen PDVSA tengan un plan viable para rescatar la
empresa de una deuda aplastante, el éxodo de buena parte de sus trabajadores y
una producción menguante, que ha bajado a su menor nivel en casi siete décadas.
Además
de suplicar al cielo, Quevedo ha ejecutado en los últimos meses una serie de
polémicas medidas que expertos de la industria, empleados y contratistas de
PDVSA e, incluso, ciudadanos comunes, dicen está empujando a la ruina a la
otrora respetada y rentable compañía.
Soldados
armados con fusiles AK-47, siguiendo órdenes de prevenir trampas en los
manifiestos de carga, ahora abordan tanqueros para acompañar las inspecciones,
creando temor entre muchos capitanes y tripulantes extranjeros.
Los
trabajadores que cometan errores al operar los cada vez mas deteriorados
equipos de PDVSA enfrentan el riesgo de ser arrestados bajo acusaciones de
sabotaje o corrupción. Asimismo, jefes militares con nexos con el sector
privado se disputan con otros contratistas lucrativos contratos de servicios y
negocios de suministro a la compañía.
En un
revés poco difundido de la política gubernamental de nacionalización de la
industria, que perduró por casi dos décadas, la falta de experiencia entre
gerentes militares está llevando a PDVSA a contratar firmas externas para
mantener a flote incluso sus operaciones medulares, como perforar o producir
crudo en los campos petroleros.
Para
consternación de muchos actores familiarizados con la industria petrolera
venezolana, algunos contratos se asignan a compañías poco conocidas sin
experiencia en el sector.
Combinadas,
las acciones de las Fuerzas Armadas en PDVSA dejan a la compañía más importante
del país, responsable de más del 90 por ciento de sus ingresos por
exportaciones, con cada vez menos vías para reconstruir las finanzas
nacionales, pagar a sus numerosos acreedores y recuperar su holgada
autosuficiencia como productor de petróleo, dicen veteranos de la industria.
“Vemos
una política de destrucción de la industria petrolera”, dijo José Bodas,
secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, un sindicato
nacional de trabajadores. “Los militares no escuchan a los trabajadores.
Pretenden dar órdenes, con el agravante de que desconocen la naturaleza de un
trabajo tan complejo”.
“PDVSA
SOCIALISTA”
Maduro
defiende a los jefes militares argumentando que están más en sintonía con su
visión socialista en comparación con profesionales capitalistas de la industria
que “explotan” al país para beneficio personal.
“Quiero
a una PDVSA socialista”, dijo el presidente a la Asamblea Nacional
Constituyente a comienzos de año. “Una PDVSA ética, soberana y productiva. Hay
que romper el modelo rentista petrolero”, agregó.
Quevedo,
quien es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, no respondió a
las solicitudes de comentarios para este artículo. Ni el Ministerio de
Comunicación e Información ni la oficina de prensa de PDVSA respondieron a
llamadas telefónicas o correos electrónicos de Reuters.
PDVSA
y el Ministerio de Petróleo han revelado escasa información sobre Quevedo, que
tiene 51 años, según su registro de seguridad social. Aunque rara vez hace
discursos públicos, a su llegada a una reunión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo en Viena en junio, Quevedo dijo a periodistas que
PDVSA era consciente de sus desafíos y esperaba revertir en pocos meses la
caída de la producción.
“Esperamos
a fin de año recuperar la producción diferida”, dijo en un pronóstico que no se
cumplió. “Tenemos la capacidad, hemos llamado a la fuerza de los trabajadores”,
agregó.
Casi
20 años después de que el fallecido presidente Hugo Chávez lanzó su “revolución
bolivariana”, los problemas se acumulan en Venezuela. Alimentos y medicinas
escasean, la hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los
ciudadanos, cada vez más desesperados, y cerca de tres millones de venezolanos
han salido del país en busca de una mejor vida.
En
PDVSA, la gerencia buscó por mucho tiempo mantener a la empresa funcionando
incluso cuando la crisis económica y los declinantes precios del petróleo
recortaron los recursos disponibles para invertir en exploración, crecimiento y
mantenimiento básico.
Pero
sus esfuerzos no fueron suficientes para detener el progresivo deterioro, que
condujo a una disminución en la producción aún mayor, daño acumulado en las
instalaciones y pérdida progresiva de trabajadores calificados.
Ahora,
dicen los críticos, los militares que dirigen PDVSA han dejado de lado
cualquier pretensión de manejar la compañía como un verdadero negocio, haciendo
poco por detener la veloz caída en la producción o aliviar los problemas
financieros, operativos y de personal de la petrolera.
Sin
importar el grado de disfunción, PDVSA sigue siendo una rara y crucial fuente
de moneda extranjera para la debilitada nación OPEP. Para Maduro, quien llegó a
la presidencia después de que Chávez falleció en 2013, la entrega de la compañía
a los militares fue un movimiento calculado para comprar la lealtad de
oficiales clave, según observadores.
“Ahora
nadie va a poder sacar a los militares de PDVSA”, dijo Rafael Ramírez,
exministro de Petróleo. En tiempos de Chávez también dirigió la compañía
durante una década, pero tras la muerte del mandatario se enfrentó a Maduro,
quien lo acusa a él y a otros exejecutivos de corrupción. “PDVSA es un
cuartel”, dijo Ramírez.
La
petrolera enfrenta dificultades para cumplir sus contratos de suministro a
clientes, incluyendo acreedores de China y Rusia que adelantaron miles de
millones de dólares al país en la última década a cambio de petróleo.
El mes
pasado, Igor Sechin, jefe de la petrolera estatal rusa Rosneft, voló a
Venezuela y se quejó ante Maduro por los retrasos en los pagos con crudo,
informó Reuters.
Si
bien el apetito por el petróleo venezolano en el mundo no ha disminuido, los
problemas operacionales durante la gestión de Quevedo han hecho que la
producción caiga un 20 por ciento, a 1,46 millones de barriles por día, según
las últimas cifras que Caracas reportó a la OPEP.
En
enero Quevedo asumirá la presidencia rotativa de la OPEP por un año. Los
problemas financieros de PDVSA probablemente demandarán gran parte de su
atención.
Se
proyecta que el valor bruto de las exportaciones petroleras de PDVSA caerá a
20.900 millones de dólares este año en comparación con los 24.900 millones de
dólares del año pasado, según cálculos proporcionados a Reuters por el Centro
Internacional de Energía y Ambiente del IESA, una escuela de negocios en
Caracas.
Hace
una década, el valor de las exportaciones era cuatro veces más alto, de unos
89.000 millones de dólares, según datos de PDVSA. La petrolera no ha publicado
su balance financiero de 2017 y tampoco estadísticas sobre su gestión este año.
LA
PURGA
Poco
han dicho públicamente PDVSA y el gobierno de Maduro sobre la transformación
militar dentro de sus filas.
Una
revisión hecha por Reuters de documentos confidenciales de PDVSA, así como
entrevistas con docenas de empleados y extrabajadores, comerciantes,
intermediarios, ejecutivos de petroleras extranjeras y socios de negocios con
la compañía muestran cómo la Guardia Nacional de Quevedo se está filtrando en
todas las facetas del negocio petrolero.
Los
documentos incluyen registros de empleo, acuerdos con contratistas y notas
internas.
Quevedo
ha colocado a más de 100 asistentes y asesores provenientes del mundo militar y
de su paso previo por instancias de gobierno en posiciones clave en PDVSA,
según una persona familiarizada con registros de recursos humanos de la
empresa.
Dentro
de su envejecida sede en Caracas, que una vez estuvo repleta de trajeados
ejecutivos, los militares están ahora al mando de las decisiones.
Trabajadores
dicen que las oficinas de Quevedo, situadas en la planta alta, siguen siendo
lujosas. Pero en los pasillos de abajo, la propaganda socialista, incluidos
retratos de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, aún decoran las paredes.
El
cambio hacia la administración militar ha sido el resultado de una purga en el
liderazgo de PDVSA.
Las
denuncias de corrupción han permeado a toda la administración pública
venezolana en los últimos años. El mismo Maduro es blanco de sanciones de
Estados Unidos por presuntos malos manejos y violaciones de derechos humanos,
lo que el presidente niega.
En
2017, Maduro hizo públicas sus propias acusaciones contra PDVSA, describiéndola
como una guarida de “ladrones”. Acusó a muchos exejecutivos de corrupción y
lavado de dinero y argumentó que sus acciones empeoraron la crisis del país.
También ordenó el arresto de docenas de altos directivos, incluidos los dos
presidentes anteriores de la compañía, el químico Nelson Martínez y el
ingeniero Eulogio del Pino.
Martínez
falleció este mes en el Hospital Militar de Caracas estando en custodia del
Estado, al sufrir un ataque cardíaco mientras se sometía a diálisis renal,
dijeron dos personas familiarizadas con el caso.
Del
Pino sigue detenido a la espera de juicio. Sus abogados no pudieron ser
contactados para hacer comentarios. Una persona familiarizada con su defensa
dijo que después de un año en prisión, aún no ha tenido una primera audiencia.
Al
momento de la purga, Quevedo había ascendido en las filas de la Guardia
Nacional, hasta convertirse en un conocido funcionario al servicio del
gobierno.
Su
perfil en Twitter suele mostrar una foto del general, un hombre robusto y
calvo, con cejas gruesas, revisando papeles con el presidente o sonriendo
alegremente a su lado. Su historial consiste casi exclusivamente en
retransmisiones de las publicaciones de Maduro.
Desde
2001, Quevedo ha alternado cargos militares y civiles. Tiene una larga relación
con Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista: fueron
compañeros de clase en la academia militar.
Esos
lazos llevaron a Quevedo a altos cargos en el Ministerio de Defensa y en un
programa creado por Chávez para la entrega de viviendas a personas de bajos ingresos,
según boletines oficiales del gobierno y personas que conocen su trayectoria.
En
2014, de nuevo en un puesto de mando en la Guardia Nacional, dirigió una unidad
que se enfrentó con manifestantes en las protestas que sacudieron a Venezuela
durante cuatro meses. Al menos 43 personas de ambos bandos murieron durante las
manifestaciones, provocadas por la escasez de alimentos.
Quevedo
fue criticado por muchos opositores por el uso excesivo de la fuerza, lo que
negó. Apareció con frecuencia en la televisión estatal en aquel momento,
vistiendo casco verde oliva y chaleco antibalas. “Estos son grupos
terroristas”, dijo sobre los manifestantes, quienes finalmente se disiparon, lo
que lo llevó a declarar que “el golpe ha sido derrotado”.
Complacido
con el desempeño de Quevedo, Maduro lo nombró ministro de Vivienda en 2015. En
sus dos años en el cargo, nuevamente se convirtió en un entrevistado frecuente
de la televisora estatal, donde a menudo aparecía con la camisa roja del
movimiento socialista elogiando las políticas de vivienda “humanitarias” del
presidente.
Líderes
de la oposición se burlaron de lo que dijeron eran exageradas declaraciones de
Quevedo, incluida la afirmación, sin pruebas, de que el gobierno erigió más de
2 millones de casas, pese a la escasez generalizada de materiales básicos de
construcción. El Ministerio de Vivienda no respondió a una solicitud de
comentarios.
En
noviembre de 2017, en una redada antes del amanecer, agentes de inteligencia
arrestaron a Del Pino por cargos de corrupción. Para entonces, Quevedo era la
elección de Maduro para liderar la petrolera, un anuncio que provocó un amplio
escepticismo en la industria.
Sin
embargo, Quevedo dijo que necesitaría poco tiempo para recuperar el negocio
petrolero. “Dame 10 días”, dijo a los conocidos, según una persona que habló
con él en ese momento.
Maduro
dejó claro el desafío desde el principio. En un discurso durante ‘Venezuela
Potencia 2018’, una conferencia organizada por el gobierno para mostrar el
potencial de negocios del país, el presidente ordenó a Quevedo aumentar la
producción en 1 millón de barriles por día, un alza de casi 50 por ciento en
ese momento.
No
obstante, Quevedo no ha logrado revertir la curva declinante que dibuja la
producción.
Uno de
sus primeros desafíos, según personas dentro de PDVSA, fue detener la salida de
trabajadores, muchos de los cuales han abandonado la empresa e incluso el país.
PDVSA
no ha revelado cifras recientes sobre su fuerza laboral, pero cálculos de IPD
Latin America, una consultora de petróleo y gas, indican que tiene unos 106.000
trabajadores, 27 por ciento menos que en 2016.
Debido
al aumento en el costo de vida, que ahora supera el millón por ciento
interanual según la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los salarios
de PDVSA se han derrumbado al equivalente de unos pocos dólares por mes para la
mayoría de los trabajadores.
Sin
dinero y menos tareas que hacer en las depauperadas instalaciones de PDVSA,
algunos empleados solo se presentan para comer en las pocas cafeterías de la
compañía que siguen abiertas. Firmas navieras dijeron a Reuters que algunos
trabajadores a veces abordan embarcaciones para pedir comida.
MALICIA
Para
aumentar la mano de obra, Quevedo ha llenado varios puestos, incluidos algunos
que requerían conocimientos técnicos, con personal de la Guardia Nacional.
En
Jose, un puerto caribeño al noreste de Venezuela que permanece como uno de los
pocos terminales en funciones para la exportación de crudo, estos cambios de
personal molestan a los compradores.
Algunos
capitanes de tanqueros se quejan de tener que lidiar con soldados jóvenes no
preparados para verificar detalles técnicos como si la densidad del crudo -un
atributo crucial de calidad- cumple con las especificaciones del contrato,
según dijeron tres fuentes navieras y un empleado de PDVSA.
La
tripulación teme que una bala accidental desde el armamento de los soldados
pueda provocar un incendio, mientras se queja de que buena parte del crimen que
aflige al país se está abriendo camino a bordo de estas embarcaciones.
Aunque
Quevedo les ha encomendado a los soldados que ayuden a detectar focos de
corrupción, algunos funcionarios mal pagados terminan pidiendo sobornos,
dijeron las fuentes navieras, para autorizar la documentación requerida o
completar las inspecciones sin demoras.
“Hay
muchos riesgos”, dijo un capitán a Reuters.
El
Ministerio de Defensa, que supervisa a la Guardia Nacional, no respondió a
llamadas telefónicas de Reuters ni a los correos electrónicos solicitando
comentarios.
Incluso
usando oficiales militares como sustitutos, PDVSA no ha podido encontrar los
trabajadores que necesita para ocupar muchos puestos. Desde el procesamiento de
crudo en sus refinerías hasta la negociación de contratos con compradores, la
escasez de personal calificado está perjudicando a la compañía.
Un
informe interno preparado en noviembre sobre PDV Marina, la unidad marítima de
la compañía, dice que la dotación de personal se encuentra en “situación
crítica” en la flota de tanqueros de PDVSA, obligando a algunos operarios a
trabajar más horas de las establecidas en la contratación laboral.
El
“alarmante déficit de personal titular”, según el informe, significa que “no
podemos cumplir con uno de los acuerdos laborales (...) interrumpiendo el
disfrute de períodos de descanso”.
Asimismo,
las tensiones con los jefes militares están acelerando las renuncias y
despidos, según trabajadores consultados.
En un
incidente en junio, dos tanqueros petroleros atracaron en el puerto de Jose.
Uno estaba preparado para recibir crudo pesado, el otro una variedad de
petróleo más ligero.
Cuando
las embarcaciones estaban en carga, empleados del terminal notaron un error:
los crudos se habían mezclado. La equivocación, dijo el gobierno más tarde,
obligó a PDVSA a pagar a los compradores 2,7 millones de dólares en
compensaciones previstas en los contratos.
La
confusión también resultó costosa para nueve empleados de PDVSA.
Poco
después del incidente, soldados y agentes de inteligencia arrestaron a los
trabajadores bajo acusaciones de sabotaje. “Fue premeditado”, dijo el fiscal
general, Tarek Saab, al anunciar los arrestos en televisión pública.
“Las
acciones van más allá de la negligencia, aquí hubo malicia”, dijo Saab.
Seis
meses después, el gobierno no ha presentado pruebas contra los trabajadores.
Después
de permanecer tres días en una hacinada cárcel militar, los trabajadores fueron
liberados a la espera de juicio. Dos empleados de la industria familiarizados
con su caso dijeron que la confusión se debió a un mantenimiento deficiente, no
a un sabotaje.
Un
sistema defectuoso de válvulas, endeble después de años sin recibir
mantenimiento, provocó que los crudos se mezclaran, dijeron.
Reuters
no pudo contactar a los acusados o determinar independientemente la causa del
accidente. Colegas de los trabajadores dijeron que tienen órdenes de no hablar
públicamente sobre el incidente.
Los
arrestos han estremecido a los empleados de PDVSA, especialmente porque
soldados y agentes de inteligencia también han detenido a trabajadores en otras
instalaciones tras incidentes similares.
En
julio, cuatro empleados de PDVSA fueron arrestados al detectarse un derrame de
crudo en un río cerca de un campo petrolero en el estado de Monagas, según los
trabajadores y medios de comunicación de la zona.
Un
trabajador de Monagas dijo a Reuters que turbinas de inyección de agua
defectuosas causaron el derrame y que la escasez de vehículos impidió que los
empleados llegaran a tiempo al sitio para detener el flujo de crudo.
“No
entendemos que una falla ocasionada por la no disponibilidad de recursos se
convierte en una excusa para acusar a estos trabajadores de inobservancia o,
peor aún, de saboteadores”, dijo. “Se les pide que trabajen sin equipos de
seguridad, sin herramientas, e incluso sin comer bien, ni él, ni sus familias”.
Quevedo
ha estado creando nuevas asociaciones con la meta de apuntalar PDVSA. En
agosto, por ejemplo, dijo que la compañía estaba “abriendo sus puertas” a la
negociación de “contratos de servicio” no especificados con siete empresas privadas.
La
movida generó inquietud, al ir en contra del sostenido esfuerzo del gobierno
socialista por nacionalizar la industria. El mismo Chávez eliminó contratos
similares, argumentando que enriquecieron a la empresa privada por un trabajo
que debería hacer el Estado.
Según
un documento visto por Reuters, las compañías obtuvieron acuerdos por seis años
para operar campos petroleros en nombre de PDVSA con el compromiso de aumentar
la producción, financiar inversiones y adquirir equipos.
Las
empresas incluidas en el grupo son mayormente desconocidas incluso para
veteranos de la industria petrolera de Venezuela. Ninguna es reconocida por
tener experiencia en la operación de campos petroleros.
El
Consorcio Rinoca Centauro Kariña, uno de los que figuran en el documento, no
parece tener un sitio web. Reuters no pudo ubicarlo, ni a ninguno de los otros.
Críticos
de estos acuerdos y opositores del gobierno dicen que las transacciones no son
transparentes. Al mantener alejados los detalles del público, argumentan, PDVSA
enfrenta muy poco escrutinio sobre con quién escoge hacer negocios.
“Están
buscando mantener las confederación de mafias, su cuota de saqueo al país”,
dijo Jorge Millán, un legislador de la oposición que en septiembre lideró una
iniciativa en la Asamblea Nacional para denunciar los contratos firmados.
Si
bien la militarización de PDVSA no ha revertido el deterioro de la compañía, el
gobierno muestra pocos signos públicos de disgusto.
En
octubre se anunciaron cambios en la junta directiva de la compañía. Entre los
gerentes entrantes está José Rojas, otro general de la Guardia Nacional, en
reemplazó de un director civil.
Exejecutivos
bromean diciendo que Quevedo sabía lo que estaba haciendo cuando rezó
pidiendo ayuda.
“Tiene
razón”, dijo José Toro Hardy, un economista que se desempeñó en la junta
directiva de PDVSA en la década de 1990. “Haría falta un milagro para que
aumente en estas condiciones”.
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