Miguel Méndez Rodulfo 22 de diciembre de 2018
Este
19 de diciembre la Plataforma del Frente Amplio en la que hacen vida la mayoría
de los partidos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil,
presentó a la Nación su propuesta del llamado Plan País. Hubo una gran
concurrencia, sobre todo por la fecha, y las exposiciones fueron muy bien
recibidas por los asistentes. Tal como lo dijo Blyde al principio del acto, se
trataba de demostrar que la oposición si tiene propuestas que presentar al
país.
Particularmente
me sentí imbuido del espíritu del “Sí se puede” que tantas veces se coreó en el
acto. Y me pareció formidable que los partidos hubiesen dedicado tiempo y
recursos a pensar en el país y en las soluciones para salir de la enorme crisis
que hoy agobia a Venezuela. Creo sinceramente que esto es lo que esperaba el
ciudadano. Que le dijeran que el estamento político se está ocupando en
buscarle soluciones a los problemas que hoy los agobian y que si hay un camino
de esperanzas.
Primero
fue expuesta la agenda social, luego la económica, posteriormente la agenda de
hidrocarburos y por último la agenda legislativa. El contenido de la agenda
social se circunscribió a exponer la necesidad de realizar transferencias hacia
la sociedad en general y hacia los sectores más pobres y vulnerables en
particular: subsidios, becas, distribución de alimentos y medicinas, etc., como
una manera humanitaria de recuperar el golpeado nivel de consumo del ciudadano.
La
agenda económica fue muy bien expuesta por un panel donde José Guerra, haciendo
gala de su gran capacidad didáctica, expuso sus razonamientos con mucha
claridad: necesidad de expandir el gasto público, como una manera de recuperar
una economía que se halla en el subsuelo, y urgencia de rescatar el
“chatarrero” de las empresas públicas mediante la asociación con el capital
privado. Los objetivos de la agenda de hidrocarburos fueron expuestos
sintéticamente como: recuperar Pdvsa y levantar la producción. La agenda
legislativa fue expuesta como un trabajo muy arduo que tendría que acometer el
parlamento.
Juan
Andrés Mejías, durante la exposición económica, señaló que había fases o etapas
que debían cumplirse: urgencia humanitaria, estabilización y reformas estructurales.
Señaló que no había una prelación, sino que podían correr en forma
concomitante. Alejandro Grisanti y Guerra aclararon que los fondos provendrían
de préstamos de las multilaterales; donaciones de estos organismos, de ONG, así
como de gobiernos; renegociación de la deuda, y sobre todo, de la recuperación
de la industria petrolera.
Habiendo
dejado claro todo esto, expreso algunas críticas (que el diputado Mejías
aseguró serían bienvenidas) sobre aspectos que me preocupan, pasando por
aspectos conceptuales, hasta elementos de fondo: realmente no se trata de un
Plan País, ni se va a aplicar el día después.
Lo
expuesto configura un Acuerdo Nacional (antes de abordar el tema hidrocarburos
el diputado Alvarado leyó “los acuerdos” en la materia) sobre los temas
presentados ayer, y tal acuerdo sienta las bases para actuar durante un período
de corto plazo, alrededor de dos años, que es una fase de “Transición” que se
inicia una vez accedamos al poder.
Por
otra parte me preocupa el financiamiento de las transferencias sociales. Creo
que es excesivo el peso puesto en la recuperación del petróleo. Incluso
Grisanti habló de un período de 12 años para recuperar la producción petrolera;
El Dr. Toro Hardy mencionó 7 años, con inversión en ese período de entre 20 y
30.000 millones de dólares, cada año, para recuperar los 3 millones de
barriles.
Hay
que recordar que recientemente la AIE en un informe sobre Venezuela, expresó
que tal recuperación ocurriría en 2040. Rescatar a una Pdvsa en el estado de
destrucción en que está y con la enorme burocracia que la carcome, no parece
una buena idea.
Más
estratégico es diseñar la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos y
de un Órgano Regulador del sector, ambos organismos con independencia
financiera y administrativa, no dependientes jerárquicamente del ministerio, y
cuyas decisiones y estudios sean vinculantes para el ejecutivo. Estos órganos
pueden darle viabilidad a la participación del sector privado, pero el
regulador, parcelaría en bloques los campos de producción para licitarlos en
forma pública y abierta al capital privado. ¡Eso si asegura un levantamiento de
producción más rápido, aunque tampoco en el corto plazo! A Pdvsa, hay que
dejarla que se decante sola y que compita como una más con las empresas internacionales.
La
semana que viene continúo escribiendo sobre el tema, para luego retomar la saga
sobre los Planes Especiales en materia urbanística que venía desarrollando.
¡Feliz
navidad!
Miguel
Méndez Rodulfo
22 de
diciembre de 2018
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