Carlos Romero Mendoza 27 de diciembre de 2018
@carome31
La Ley
de Regularización de Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes
Públicos Estadales y Municipales, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 6.013,de fecha 23 de diciembre de 2010, expresamente señala en el numeral 2
de su artículo 2, que la elección de alcaldes y concejales se convocará y
efectuará de manera conjunta.
Es más
que evidente que los alcaldes y concejales en funciones han sido electos de
manera irregular, contrariando el ordenamiento jurídico vigente y, en
consecuencia, no hay duda de que la representación política que ostentan las
autoridades en funciones está gravemente afectada de ilegitimidad e ilegalidad.
Además,
en el caso particular de los alcaldes, si bien es cierto que la convocatoria
para iniciar el proceso electoral en el 2017 fue formalmente una decisión del
Consejo Nacional Electoral (CNE), no es menos cierto que tal decisión estuvo
precedida por un decreto en el cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
ordenó al CNE convocar y programar la elección de alcaldes para el mes de
diciembre 2017[1].
No
olvidemos que en agosto 2017, el CNE reconoció a la ANC como poder
constituyente y expresamente aceptó subordinar sus decisiones al poder
constituyente[2], en consecuencia, el Poder Electoral perdió su autonomía y
autoridad definitiva en materia electoral.
El
complejo escenario político que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro a partir
del 10 de enero 2019, le exige un mayor control de todas las instancias del
poder político en Venezuela, por lo tanto, dividir las elecciones municipales
como se hizo en el 2000 y en el 2005 –considerando además las variables de
deterioro social, económico y político del país–, le permitió dominar la gran
mayoría de Municipios del país, todo lo cual era predecible.
Desde
que el Socialismo del Siglo XXI anunció el modelo comunal, el municipio ha sido
amenazado con desaperecer como actor político, y desde el año 2005, cuando se
aprobó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el municipio lejos de
fortalecerse como actor para el desarrollo, se fue debilitando de manera
significativa, y las elecciones 2013, en las cuales las fuerzas políticas de la
unidad democrática asumieron responsablidades municipales, no lograron frenar
tal situación.
Los
consejos comunales y comunas irrumpieron el orden social y territorial del
municipio; la eliminación del voto directo, secreto y universal para elegir a
las juntas parroquiales y las ordenanzas para regular la elección y
organización de la justicia de paz, marcaron el inicio del desmantelamiento
progresivo del Poder Público Municipal y la también progresiva pérdida de los
derechos políticos de los ciudadanos.
Irónicamente
mientras esto sucede en Venezuela, en el contexto global los municipios son
reconocidos como actores relevantes y estratégicos en los procesos para adecuar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) a las realidades nacionales,
tal y como expresamente lo reconoce la Declaración de la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Guatemala este
año 2018.
Incluso
la Encíclica Laudato Si, reconoce el papel de los gobiernos municipales y la
sociedad civil organizada en el diálogo y la toma de decisiones para afrontar
los grandes desafíos globales, que son comunes a todos, y que hoy son
presentados en una Agenda Global 2030 de las ODS.
¿Qué
queda del Poder Público Municipal en Venezuela luego de las últimas elecciones
municipales? Las instituciones políticas municipales se mantienen nominalmente
y con un mínimo de funcionamiento, pues hasta tanto no cambien la Constitución
de 1999, no será posible la sustitución definitiva del municipio por el modelo
comunal.
Ese
intento permanente del régimen por imponer el modelo comunal hace imposible
hablar de cohesión social en Venezuela y, en consecuencia, la convierte en un
gran desafío político, pues la sostenibilidad de cualquier cambio político está
en gran medida condicionada a la recuperación de niveles básicos de cohesión
social.
La
cohesión social, desde la visión de la ONU, es un pegamento que mantiene la
unidad y ello supone una tarea de conexión entre la sociedad y la hoja de ruta
de transición o de cambio político, en la cual la sociedad civil se siente
parte actora y también parte beneficiaria.
La
restitución definitiva del orden constitucional y democrático del país exige la
reivindicación del municipio como actor determinante de los cambios políticos.
Precisamente, a través de las instituciones políticas municipales, será posible
trabajar con mayor efectividad en la
restitución de los niveles adecuados de cohesión social, que contribuyan a
facilitar el compromiso de la sociedad con las medidas que procuren la
estabilidad económica del país a corto y mediano plazo.
A
diferencia de 1958 –cuando fue derrocado Pérez Jiménez– y de 1935 –cuando murió
Gómez–, hoy la sociedad civil está mucho más consciente de que tiene un rol
decisivo en la restauración y mantenimiento de la democracia, lo que debe ser
valorado responsablemente por la dirigencia política para garantizar la
sostenibilidad de cualquier cambio.
En
1960, el entonces presidente Rómulo Betancourt, convocó la II Convención de
Municipalidades de Venezuela. La primera se había realizado en 1911. En ese
encuentro con los representantes locales, Betancourt les exhortó a los ediles a
reivindicar su papel de líderes comunitarios y actores políticos en cada una de
sus comunidades para impulsar la cooperación y participación de todos los
actores sociales en el desarrollo integral, a través del Plan Cuatrienal de
Gobierno, en cuyo contenido la autonomía municipal tenía un espacio a los fines
de procurar gobiernos locales más fuertes y efectivos.
Para
1960, según las palabras del presidente Rómulo Betancourt, el espíritu
municipal y comunal se había extinguido como efecto de la dictadura y la
sociedad había olvidado la historia de los cabildos abiertos durante la época
colonial y de la tradición de los trabajos comunales.
Hoy,
casi 60 años después, podemos decir, como lo dijo Betancourt, que el espíritu
municipal se ha extinguido. La transición exige reivindicar a los municipios,
relegitimarlos y abrir un proceso de diálogo para hacer de la autonomía
municipal y la descentralización las herramientas políticas útiles para
recuperar el camino hacia el desarrollo en democracia.
[1]Efectococuyo.com.
ANC aprueba convocatoria de elecciones municipales para diciembre 2017. 26 de
octubre 2017. Recuperado online en: http://efectococuyo.com/politica/anc-aprueba-convocatoria-de-elecciones-municipales-para-diciembre/
[2]Vicepresidencia.gob.ve.
CNE se subordina a la Asamblea Nacional Constituyente. 11 de agosto de 2017.
Recuperado online en: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/08/11/cne-se-subordina-a-la-asamblea-nacional-constituyente/
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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