Eduardo Soto “No todas las decisiones se pueden tomar al modo militar” por @prodavinci

Por Hugo Prieto

El Servicio Jesuita de Refugiados (JRS) tiene dos polos. Uno que mira al norte del continente, desde los países de Centroamérica y el Caribe hasta la frontera de México con Estados Unidos y otro que mira al Sur, desde Colombia hasta Chile. Todas las oficinas están interconectadas y tiene como centro de operaciones la ciudad de Bogotá.

Así que el director del JRS de Venezuela, Eduardo Soto*, tiene información de primera mano sobre lo que ocurre en la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, con los más de 60.000 mil migrantes —según cifras oficiales— que han regresado al país. Las organizaciones humanitarias actúan con total libertad en el lado colombiano, pero del lado venezolano los protocolos son muy diferentes. La estrategia para enfrentar el Covid 19 ha puesto la acogida y el traslado de los migrantes en lugares de cuarentena bajo el mando de las Zonas Operativas de Defensa Integral. Surge aquí el primer llamado de atención, porque las organizaciones humanitarias tienen equipos humanos, tienen la experiencia y la experticia para dar respuesta a los venezolanos que regresan porque en los países de acogida no hay condiciones para que puedan hacer sus vidas.

Un segundo punto tiene que ver con el recibimiento, la bienvenida en las comunidades. Si bien hay un mayor deterioro de los servicios públicos y una pronunciada crisis económica, hay la voluntad política de construir comunidad, de construir vínculos, pero se necesita que el Estado retome la gestión del bien común en todo el territorio nacional, que dirija las políticas públicas para todos los venezolanos. Deseos no empreñan, reza la conseja popular, quizás por eso, Soto advierte que hay que trabajar con lo que hay. Así de sencillo.

¿En qué condiciones están regresando a Venezuela los migrantes que se fueron a buscar una vida mejor en otros países de América Latina?

Regresan en condiciones deplorables, entre otras cosas, porque esas personas, en buena medida, se dedicaban al comercio y a la economía informal, cuya actividad depende del tráfico en las calles. Todo eso quedó completamente paralizado por las medidas de cuarentena social dictadas por los distintos gobiernos de los países receptores. Esto les impidió contar con su fuente principal de ingresos. Al no dictarse medidas de protección —particularmente la suspensión del pago de alquileres— se vieron obligados a salir de sus viviendas. Lo que los dejó expuestos, no solamente a contraer el virus, sino a los riesgos que implica vivir a la intemperie en las grandes ciudades de América Latina.

Así como los migrantes salieron del país con sus enseres a cuestas, del mismo modo están regresando. Se han registrado, además, arrollamientos en las carreteras. ¿Cuál es la condición física de estos venezolanos, su estado psicológico y emocional?

Eso depende de cada individualidad. Muchas de estas personas se fueron y están regresando en grupos. El grupo te permite tener algún tipo de estabilidad psicosocial y emocional. Pero cuando regresan solas, digamos, una mujer con hijos, obviamente, su salud psicosocial está muy comprometida. Más cuando el abordaje que hacen los medios de esta situación no se hace desde una perspectiva de esperanza o propositiva, sino más bien desde una óptica lastimera y de desgracia. Ciertamente, hay sobrados elementos que soportan esa cobertura informativa, pero esa no puede ser la única perspectiva, porque el solo hecho de que las personas hayan tenido el valor de buscar una solución al problema —y eso es precisamente lo que han hecho quienes regresan al país en autobús, a pie o en bicicleta— habla de una gran determinación y de un empoderamiento. Lo que no puede haber y eso es algo que tenemos que reclamarle a los estados receptores, es una diferenciación entre migrantes y nacionales, al momento de tomar decisiones para enfrentar la pandemia.

Si uno se va del país para buscar una vida mejor en otro lado y no lo encuentra, la sensación no puede ser otra sino de derrota y fracaso. Sin embargo, usted habla de valor y empoderamiento. ¿No son dos cosas encontradas?

No, no hay tal contradicción. La persona puede tener una sensación de fracaso, pero al mismo tiempo busca una solución, no se paraliza. Se ve forzada a regresar, porque en el país receptor no se dan las condiciones para su permanencia segura. Se siente fracasada, porque los ahorritos que llegó a tener y las remesas que pudo enviar a su familia, los va a tener que destinar para pagar un alquiler costosísimo, mientras pasa la frontera hacia Venezuela. Entonces, esa  sensación de fracaso lo activa, lo lleva a buscar una solución y a asumir riesgos. Sabemos que son riesgos reales, que no son riesgos imaginarios, en los cuales está en juego la propia vida, como lo hemos visto en esos arrollamientos, como lo hemos visto en esos contagios.

Eduardo Soto retratado por Kenny Jo | RMTF

¿Qué tipo de asistencia, de terapia psicosocial, le prestan ustedes a los migrantes que llegan al país?

La terapia individual es muy difícil en estos momentos, no solamente por lo costosa, sino porque son muy pocas las organizaciones que ofrecen ese tipo de servicio. Puedo decirte —y este es uno de los grandes dramas que estamos viviendo— que debido a las restricciones que imponen las autoridades venezolanas, los migrantes que regresan al país quedan represados durante días, incluso semanas, en el lado colombiano de la frontera. Ahí, sin embargo, tienen acceso a toda la red de protección y de acompañamiento psicosocial que prestan las organizaciones humanitarias del vecino país. Pero una vez que pasan a Venezuela por los puestos fronterizos legales, quedan bajo el estricto control de las autoridades militares que están coordinando la respuesta al Covid-19 en frontera. Ellos van a unos lugares de reclusión que son coordinados por las Zodi (Zonas Operativas de Defensa Integral), a los cuales no tienen acceso las organizaciones humanitarias del lado venezolano.

Provea ha denunciado maltratos a los migrantes que regresan. ¿Qué clase de bienvenida es esa?

Exactamente. ¡Qué clase de recibimiento es ese! Nosotros deberíamos recibir a nuestros connacionales con los brazos abiertos, con todos los equipos de seguridad preparados, con espacios dignos de alojamientos para que estas personas pasen la cuarentena, con todas las atenciones y oportunidades que las organizaciones humanitarias —destacadas en frontera— podemos ofrecer a estas personas. Pero lamentablemente no es así.

¿Qué implicaciones tiene el hecho de que se haya militarizado la respuesta al Covid-19 en los puestos fronterizos?

Tiene la gran limitación de que no hace propuestas coordinadas con organismos, que no solamente tienen mayor experiencia en el manejo de esta situación, sino que además cuentan con personal calificado para asumir y enfrentar, lo que en sí mismo es un hecho novedoso para el pueblo venezolano, particularmente en las fronteras. Todo se decide al modo militar, al modo jerárquico, al modo de una sola línea de pensamiento, que no permite la participación de otras organizaciones, que tienen su propia experiencia y experticia, que necesitan movilizarse, pero no tienen acceso a los salvoconductos, que necesitan activarse en sus vehículos y no tienen acceso al combustible, que necesitan estar con los equipos de protección en los lugares de confinamiento de esas personas, porque no se les puede llamar de otra manera.

Aquí se han militarizado los servicios públicos, la industria petrolera, el Arco Minero del Orinoco y los venezolanos no hemos visto resultados satisfactorios. ¿Por qué tendríamos que esperar unos resultados distintos en este caso?

La militarización la podemos ver de dos maneras. Una cosa es la experiencia que puede haber en el manejo del poder y la gerencia propias del estamento militar, y otra cosa es el papel que pueden jugar los militares frente al Covid-19, una pandemia que pone en peligro la seguridad nacional. Eso siempre justificaría una participación de los militares dentro de la estrategia de atención a las personas. Pasa aquí y en todas partes del mundo. Lo que no se puede permitir, en primer término, es politizar el tema, y lo que se está buscando es la mejor respuesta que tú puedas articular ante este problema humanitario. ¿Tiene que haber presencia militar? Absolutamente, porque los militares tienen que garantizar la seguridad física de los equipos y de las personas que están allí, además son quienes han vigilado y han estado anteriormente allí. Ahora, ¿que los militares sean los únicos que decidan? Ahí está el detalle. ¿Que las cosas se hagan solamente a seguro militar? Ahí está el detalle. ¿Que no permitan la participación de otros entes de la sociedad o que su participación se amolde y se ajuste a las líneas de mando que se dan sin ningún tipo de justificación científica o social? Ahí está el detalle. Eso es lo que estamos criticando, porque ciertamente no va a ofrecer la respuesta que necesita nuestra gente que está retornando. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente está pasando por las trochas y eso va a generar no sólo un problema de seguridad nacional, sino la expansión de la pandemia.

Eduardo Soto retratado por Kenny Jo | RMTF

El gobierno del señor Maduro atribuyó la ola migratoria a una campaña mediática, sin tomar en cuenta, por ejemplo, la crisis económica, la ausencia de servicios públicos y condiciones de vida realmente deplorables. Esto se politizó desde el principio. Ahí están las declaraciones de la señora Iris Valera.

Yo no hago un discurso político, sino un discurso superador de la politización. De lo único que puedo hablar es de las crecientes necesidades de esa población, tanto de la que no pudo retornar como de la que está retornando. Quiero que se vea esto como una oportunidad para que nosotros, como venezolanos, y la comunidad internacional, que ha mostrado interés en este problema, nos articulemos para que podamos generar un discurso y una acción que nos permita atender de manera eficiente esta situación.

El señor Maduro dice que los migrantes que regresan al país “presumen que fueron contaminados” en los autobuses que los trajeron de regreso al país y el secretario de gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, advirtió que “toda persona que viole el sistema migratorio será considerada arma biológica y encarcelada”. No creo que haya mayor politización que esas declaraciones.

Ese tipo de comentarios refleja lo que no se debe hacer, precisamente, porque estamos ante un escenario en el que cualquier cosa que venga de Colombia —desde la cura del cáncer hasta la alimentación para garantizar la vida de los venezolanos por un año completo— se va a demonizar, entre otras cosas, por esa tirria que existe entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Duque producto de las diferencias insalvables en la forma en que ellos ven la política de sus países. Pero estamos hablando de gente, de vidas humanas, no de cosas. Estamos hablando de hombres, de mujeres, de niños, que están llegando al país. Pero independientemente de lo que digan los mandatarios, nosotros como sociedad tenemos que activarnos para atender a esas personas. Nosotros no estamos en capacidad de comprobar la veracidad de lo que han dicho las autoridades venezolanas, pero en todo caso podrían servir para que el personal médico, las organizaciones humanitarias y los militares cuenten con los debidos equipos de bioseguridad para realizar su trabajo.

Ustedes actúan, además de la oficina que tienen en Caracas, en tres puntos de la frontera (Zulia, Táchira y Apure). ¿Los migrantes llegan en las mismas condiciones a esos puntos del territorio o hay particularidades que pueda señalar?

Lo que ha dicho la mayoría de las personas a las que hemos podido entrevistar, es que lo que más necesitan es empleo. Ellos se fueron del país porque perdieron su empleo, sus fuentes de trabajo. Eso habla de su capacidad de comenzar. Obviamente, vienen muy deterioradas desde el punto de vista nutricional, vienen afectadas psicológicamente por todo el trauma que significa regresar en las condiciones en que lo han hecho, con todo el temor de estar a la intemperie en un contexto de pandemia. La idea es, precisamente, que nosotros podamos generar una respuesta a la necesidad que ellos están manifestando, que tiene que ver directamente con la falta de lugar donde vivir y la falta de trabajo para poder subsistir.

No sólo en Venezuela, sino en el resto de América Latina, vamos a experimentar una caída muy importante de la actividad económica; y es Venezuela, precisamente, la que encabeza esa lista. La gente que regresa para enfrentar un deterioro mayor al que había cuando decidieron irse. ¿Qué podría hacerse para paliar en algo esta realidad?

Nosotros —las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia y otros actores sociales— nos estamos articulando para prepararnos ante toda la carestía que puede presentarse en el país, si no se toman las medidas efectivas. Sabemos que tenemos esta amenaza encima y la idea es que hagamos eso conjuntamente con las comunidades, para que cuando estas personas regresen, si bien se van a encontrar con un país con mayores dificultades, con un mayor deterioro económico y de servicios en general, vean una comunidad mucho más articulada, una familia mucho más conectada con su parroquia, con sus escuelas de Fe y Alegría, con su comunidad, en la cual se hacen ollas comunitarias, se articula para la protección social y se lucha contra la violencia de género. Es decir, que no se encuentren solamente con un deterioro tan marcado en el manejo de la cosa pública, sino que además de eso, puedan ver comunidades trabajando juntas con los pocos recursos que se consigan. De manera que puedan paliar la necesidad de ellos y de los que están en su entorno.

Eduardo Soto retratado por Kenny Jo | RMTF

En toda la enumeración que ha hecho hay un gran ausente: El Estado, que no puede desentenderse de este asunto ni eludir su responsabilidad. ¿Cuál podría ser el papel del Estado en su articulación con la comunidad?

Las políticas públicas, que deberían orientarse al bien común, se convierten en una serie de acciones que solamente benefician a un sector de la población, contraviniendo, precisamente, el principio y fin de la función del Estado. El Estado nace para abarcar todo el territorio y para que gestione el bien común en todos los habitantes de ese territorio. Sí, nos estamos articulando en las comunidades, pero eso no va a generar la respuesta suficiente que necesitan las personas que están llegando al país. Nosotros necesitamos un renacer del Estado con políticas públicas adecuadas, con distanciamientos de los programas sociales de las políticas partidistas. Que se detenga, de una vez por todas, la destrucción, la corrupción y el narcotráfico; la impunidad ante la violencia y el chantaje. La sociedad y la Iglesia cumplen con su papel en medio de tanta adversidad, pero necesitamos que el Estado funcione eficientemente y cumpla con el compromiso que tiene con el país y con las comunidades, con las organizaciones humanitarias, y que no las vea siempre bajo sospecha. El Estado debe enfocarse en la emergencia humanitaria y dejarla de ver como algo de lo cual pueda sacar provecho para su proyecto político; debe asumir el papel que le corresponde como gestor del bien común de la nación.

No atisbo ninguna señal que indique que pudiera haber un cambio de conducta en el gobierno, todo lo contrario: Hay un mayor deterioro institucional y la pandemia ha servido para apalancar el control social. Es muy difícil que uno albergue la esperanza de que el Estado se apegue, o actúe en consonancia, con la definición que acaba de hacer. ¿Qué diría usted?

Lo único que puedo decir es que uno tiene que trabajar con lo que hay. A mí me gustaría que Nicolás Maduro tuviera la capacidad gerencial, la capacidad de conectar que tiene, por ejemplo, Ángela Merkel. Me gustaría tener una Asamblea Nacional donde sean respetadas sus opiniones. Hay una cantidad de cosas que están en el campo del deseo, pero yo estoy hablando de lo que hay. Y desde allí, hay que construir algo distinto. Todo lo que hacemos desde la Iglesia, y yo como sacerdote, es desde la perspectiva de la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ver con reconocer al otro como persona y como ser humano. No puedo negar al otro como persona e incluso como persona humana. Y desde ahí construir una alternativa donde todos nos veamos incluidos. No sacar a uno para meter a otro, como ocurre en el campo de la política. Por eso, en el problema humanitario, todos están incluidos.

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  *Eduardo Soto, sacerdote jesuita. Licenciado en Teología, abogado, doctor en Paz y Conflicto social por la Universidad de Manitoba, Winninpeg, Canadá.

31-05-20

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