Por Jesús
Alexis González, 10/08/2015
La
evolución de la economía de mercado, ha
sido fundamental para el desarrollo económico de la gran mayoría de los países
siendo que para el año 2015 más de la mitad (51,1%) muestra una condición de libertad económica (Hong Kong:1 y
Singapur:2), mientras que un 34,2% reflejan una situación de economía mayormente controlada al tiempo que
solo un 14,6% son países de economía
reprimida; contexto donde Venezuela
se ubica como el segundo país del mundo con la economía más reprimida (posición
177/178) apenas superada por Corea del Norte, en un escenario caracterizado por
la presencia de un 19,2% de Naciones Centroamericanas, del Caribe y
Sudamericanas con tan indeseable
interferencia del Gobierno en la economía (Ecuador:156, Bolivia:163,
Argentina:169, Cuba:176 y Venezuela:177), mientras que en contrario—y para
fortuna de su población—Chile:7 y Colombia:28 se muestran como economías mayormente libres (Canadá:6) en claro
indicador de su sostenido crecimiento económico; al tiempo que Uruguay:43, Perú:47,
Costa Rica:51, Panamá:68, Paraguay:83, República Dominicana:86 y Guatemala:87
se encuadran como economías moderadamente
libres, y en simultaneo Nicaragua:108, Honduras:116, Brasil:118 y Haití:151
son mayormente controladas.
El perfil
de economía reprimida—intervención
gubernamental para restringir la participación del sector privado—se
materializa a la luz del efecto que genera la intromisión del sector público en
aspectos tales como (A) respeto al
derecho de propiedad e independencia del Poder Judicial, (B) el “costo social” emanado por la corrupción, (C) el nivel
del gasto público como % del PIB, (D)carga
impositiva sobre los ingresos personales y empresariales, (E) marco de regulaciones y controles, (F) legislación laboral marcadamente populista, (G) inadecuada política monetaria con
impacto inflacionario, (H) obstáculos
a la libertad comercial, (I) desestimulo
a la inversión nacional y extranjera, (J)
limitaciones al funcionamiento del mercado, (K) deficiencia en la solidez de las instituciones financieras, (L) desequilibrio de los precios
relativos, (M) elevado % de la
capacidad de producción nacional en manos del Estado con resultados altamente
ineficientes e improductivos. Ante el indeseable liderazgo venezolano en
materia deausencia de libertad económica,
resulta una perogrullada señalar que en todos y cada uno de estos aspectos
citados su comportamiento es extremadamente negativo hasta configurar un
panorama que nos coloca por debajo de
algunos países africanos con economías similarmente reprimidas como es el
caso de Angola, Congo, Guinea Ecuatorial y Zimbabue; al igual que otros del Medio Oriente como Argelia e Irán.
Ha de
estar suficientemente entendido, que la economía de mercado no es un mercado libre de restricciones
e influencias gubernamentales necesarias pero con manifiesta profundidad pluralista—sin control del
pensamiento y de las iniciativas—alejado de la más mínima posibilidad de ser
manejado desde “arriba” por el poder político-partidista separado del contexto
social donde se desarrolla la actividad económica, a la luz de un ambiente
signado por el imperio de la ley y de las “virtudes
sociales” generador de confianza que impulsa el trabajo individual
cooperativo creador de bienestar colectivo, con mucha más viabilidad—como
enseña la historia—que cualquier dictadura (incluidas aquellas disfrazadas de
democracia) de izquierda, centro o derecha que en materia de crecimiento y
desarrollo han culminado en un fracaso, a diferencia de los países con elevado índice de libertad económica que
a la postre hacen más prospera la nación induciendo el bienestar ciudadano; caso contrario al venezolano que en los
últimos 10 años ha venido perdiendo
libertad económica desde el puesto 153 (ya deficiente) en el año 2006 a la
ya citada posición 177 (penúltima) en 2015, es decir un bajón de 24 puestos a un promedio de 2 puestos anuales; con la penosa realidad de haberse detenido su
caída en el ranking de libertad económica al
haber tocado el fondo—es imposible más “dictadura” económica—lo cual
igualmente nos “posiciona” en otro indeseable liderazgo: la economía más “sumergente” del mundo, habida cuenta
de haber desperdiciado el caudal de oportunidades que en el tiempo nos ubicó
como unas de las principales economías
emergentes del planeta.
Resulta
pertinente mencionar, por reprochable, que nuestra condición de economía sumergente sea apuntalada por
una desinformación institucionalizada
por parte del BCV como estrategia para dificultar los análisis e investigaciones
macroeconómicas por parte de terceros interesados en el futuro del país,
estrategia que resultó “avalada” por el Tribunal Supremo de Justicia mediante
la reciente Sentencia No 935 de la Sala Político Administrativa que desechó la
acción en procura de que el BCV informe al país sobre variados aspectos de
interés como el decrecimiento del PIB, el índice de precios al consumidor con
su inflación implícita, escalofriante caída de las reservas internacionales
(las liquidas no superan los US$3.000 millones, “suficiente” para escasos días
de importaciones), situación de la balanza de pagos, índice de escasez y muchas
otras; ausencia informativa que en
nada favorece la disminución de la incertidumbre—principal enemiga de la
acumulación de capital—y muy por el contrario aleja las potenciales
reinversiones y nuevas inversiones al generar la percepción de unas reglas del juego ocultas.
Es suficientemente conocido, que la prosperidad de un país y el
consecuente bienestar de los ciudadanos descansa sobre, al menos, tres
elementos vitales: (1) la presencia
de un sistema democrático que confiera prevalencia al ser humano, creando
mecanismos para que el imperio de la ley
esté por encima de los gobernantes; (2)
permanente estímulo y respeto a la
participación del sector privado en la economía, en simultaneidad con una
supervisión Estatal para garantizar su competitividad evitando formas de
organización perturbadoras de la
economía de mercado; y (3) existencia
de un Poder Judicial totalmente libre de influencias político-partidistas, que
en armonía con el Poder Legislativo perfile un marco jurídico cuyo desenvolvimiento no sea a favor ni en contra de
nadie.
Economista Jesús Alexis González
@jesusalexis2020
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