Por Ronald Balza Guanipa
Asdrúbal Oliveros ha planteado acá en Prodavinci una pregunta
fundamental: ¿Debe la nueva Asamblea
Nacional proponer un Programa de Ajuste Económico en Venezuela?
En su examen del problema, identifica dos riesgos: el primero, que “la
mayoría opositora intente imponer una agenda de ajuste económico al Ejecutivo,
un escenario donde la probabilidad de fracasar es elevada”; y el segundo,
que “la Asamblea Nacional se mantenga inactiva, pensando que no absorberá
costos por ello o que los costos políticos serán mayores si promueven ajustes”.
Sobre este segundo punto advierte que “dada la situación económica que vive
Venezuela, el costo de quedar como un poder público inoperante puede ser muy alto”.
Hay quien podría considerar inoportuno discutir sobre economía cuando
los diputados salientes intentan designar magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia e instalar un
Parlamento Comunal Nacional, que no está previsto en
ninguna ley, al tiempo
que la MUD denuncia la pretensión del PSUV de impugnar las elecciones
del 6D. Sin embargo, conviene
recordar que las acciones políticas del PSUV pretenden resultados sobre formas
de propiedad, relaciones de producción y sistemas de intercambio, explícitos desde hace
tiempo.
Hablar sobre economía no se limita a definir e implementar ajustes:
requiere de alguna concepción del desarrollo que reconozca la diversidad de
intereses. Y no hacerlo le genera costos a quien calla. En la discusión política
de los últimos años los costos más temidos por los opositores fueron los de
revelar con detalles sus ideas económicas, ignorando los costos futuros de
ocultarlas. Es posible que la razón sea alguna forma de miopía que impida
calibrar las consecuencias futuras de callar hoy. Esta miopía se manifiesta en
la incapacidad de diferenciar costos y pérdidas y en la costumbre de separar
artificialmente lo económico de lo político y lo social.
Consideremos cuatro costos políticos futuros para los opositores, de no
definir una posición consistente en medio de una crisis económica:
Validación del discurso oficial
En los tiempos del boom petrolero, el entonces presidente Hugo Chávez
reforzó el rechazo de sus partidarios (y de algunos opositores) en contra de la
flexibilidad de precios, la propiedad privada y la disciplina fiscal, afirmando
que eran incompatibles con la propiedad pública y la prestación de servicios
públicos. Y antes de que cayera el precio del petróleo declaró una “guerra económica” a los empresarios, a quienes luego el
gobierno culpó por la inflación y la escasez.
Explicaciones alternativas (compiladas con otras propuestas en el
libro Unidad, Experiencia y
Esperanza) estuvieron disponibles
para su uso político antes de las primarias de la MUD. Sin embargo, durante la
elección presidencial de 2012, el gobierno acusó a la oposición de
“neoliberal”,sin una respuesta
convincente del candidato ni de su equipo. Retirado el presidente reelecto por enfermedad, sus sucesores
devaluaron y autorizaron alzas de precios. La reacción de los dirigentes
opositores fue acusarlos de “neoliberales”, a pesar de la necesidad de hacer
ajustes en los precios que estaba reconocida como parte del programa de la Unidad.
Un discurso que sólo elija entre no tener “apariencia neoliberal” y no aceptar la “guerra económica” se
mantiene dentro del discurso oficial. Sin presentar otras opciones, parece
imposible evitar contradicciones.
Pérdida de la iniciativa
y apariencia de improvisación
Medidas ampliamente recomendadas por economistas no son abiertamente
discutidas por candidatos de oposición. Por ejemplo: es mucho lo que puede
decirse sobre la unificación
cambiaria, el precio de la gasolina, los controles de precios, la ley del
trabajo, la eliminación del FONDEN…
Hasta ahora, el partido de gobierno ha adoptado un discurso explícito,
defendiendo el mantenimiento de sus actuales políticas y atribuyendo grandes
consecuencias a su posible cambio. Al esperar que el gobierno “pague los costos
políticos de medidas dolorosas”, la oposición no ha identificado mecanismos
para proteger a la población de cambios que lucen indispensables, ni ha
recomendado el mejor orden para llevarlos a cabo ni ha mitigado los temores de
confiarles el poder.
Si el gobierno adoptara
las medidas económicas necesarias pero en un orden indeseable, la oposición las rechazaría sin haber
hecho propuestas previas que permitan justificar su actuación. Y si no las
rechaza, terminaría validando las acciones de un gobierno que asume los costos
políticos de sus decisiones. En este caso, la oposición no podría esperar al
gobierno “en la bajadita” ni decirle “Yo te lo dije”. Y por eso, si el gobierno
hace lo que debe hacer, los costos (y los méritos) serán del gobierno, que se
distinguiría nuevamente de sus opositores.
A la oposición le tocaría, entonces, asumir los costos de llegar tarde a
una discusión urgente.
Espacio para la desconfianza y el oportunismo
Luego de meses de una crisis económica que se agrava aceleradamente,
desear (y prometer) un “cambio” es natural.
Sin embargo, la ambigüedad del término abre puertas a múltiples formas
de frustración, que pueden empeorar si, por ejemplo, el objetivo de revocar al
Presidente de la República ocupa
el espacio de una discusión política sin posiciones explícitas sobre controles
de precios y controles de cambio, determinación de salarios y pensiones,
relaciones laborales, formas de propiedad, orientación del gasto público, deuda
externa y nuevos endeudamientos, compromisos con otros gobiernos y empresas de
otros países, entre otros temas sensibles.
La confianza generada criticando los efectos
de un “modelo” fracasado, sin
proponer alternativas a electores, gremios y acreedores, puede perderse cuando
un nuevo “modelo” se devela desde un poder, sin discusiones previas. Y la
pérdida puede ser mayor si se impone por partes, sin coherencia visible, sin
secuencias prudentes o haciendo creíble la sospechada existencia de grupos
oportunistas con “agendas ocultas”.
No debe menospreciarse el efecto que tendría sobre la gobernabilidad del
país (y su economía) que grupos de oposición reclamen a otros la traición hecha
a principios comunes que, sin embargo, nadie hubiese puesto sobre la mesa.
El efecto sorpresa es peligroso en una democracia.
Corresponsabilidad en el empeoramiento
de las condiciones de vida
Hasta aquí distinguimos entre gobierno y oposición. O, mejor dicho,
entre oposiciones. Sin embargo, desde enero de 2016 deberá distinguirse entre
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, puesto que luego de las elecciones
parlamentarias las oposiciónes actuarán desde cada uno de esos poderes.
Algunas leyes e
interpelaciones han sido anunciadas como objetivos de la nueva mayoría. Sin embargo, criterios para aceptar o
rechazar cambios presupuestarios, para interpelar funcionarios públicos y para
reformar, derogar o aprobar leyes no se han hecho suficientemente explícitos.
Con una crisis que se complica velozmente y grandes esperanzas puestas
en ellos, los nuevos diputados compartirán costos con el gobierno si no hacen
propuestas consistentes, si no las defienden, y si no demuestren su comprensión
de la situación y su disposición a proteger a la población discutiendo
abiertamente sus problemas. Y teniendo en cuenta que el resto de los poderes
públicos siguen bajo el control del debilitado partido de gobierno, la
selección de las acciones del Poder Legislativo debería orientarse hacia las
que sean más difícilmente “bloqueables” y le permitan demostrar un indiscutible
poder.
Más que intentar reformar la Constitución o remover al Presidente, lo
recomendable es trabajar sobre el marco legal y sublegal actual y el destino de
los recursos públicos, colocando la lupa sobre los ministros, los presidentes y
directores del BCV y las importantes empresas públicas.
Hay varias propuestas que considerar. Entre otras, acá en
Prodavinci se pueden leer las hechas por Anabella Abadi,
Carlos García Soto, Douglas Barrios y Miguel
Angel Santos, ante un escenario
tan complejo como el descrito por Asdrúbal Oliveros y Lesner
Castillo.
Un discurso político transparente es necesario para facilitar el
ejercicio democrático del poder a nuevos gobernadores y nuevos Presidentes. Las
próximas elecciones están a la vuelta de la esquina. Otra vez.
23-12-15
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