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jueves, 24 de diciembre de 2015

4 costos políticos por no hablar de Economía por @RonaldBalzaG


Por Ronald Balza Guanipa


Asdrúbal Oliveros ha planteado acá en Prodavinci una pregunta fundamental: ¿Debe la nueva Asamblea Nacional proponer un Programa de Ajuste Económico en Venezuela?


En su examen del problema, identifica dos riesgos: el primero, que “la mayoría opositora intente imponer una agenda de ajuste económico al Ejecutivo, un escenario donde la probabilidad de fracasar es elevada”; y el segundo, que “la Asamblea Nacional se mantenga inactiva, pensando que no absorberá costos por ello o que los costos políticos serán mayores si promueven ajustes”. Sobre este segundo punto advierte que “dada la situación económica que vive Venezuela, el costo de quedar como un poder público inoperante puede ser muy alto”.

Hay quien podría considerar inoportuno discutir sobre economía cuando los diputados salientes intentan designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia e instalar un Parlamento Comunal Nacional, que no está previsto en ninguna ley, al tiempo que la MUD denuncia la pretensión del PSUV de impugnar las elecciones del 6D. Sin embargo, conviene recordar que las acciones políticas del PSUV pretenden resultados sobre formas de propiedad, relaciones de producción y sistemas de intercambio, explícitos desde hace tiempo.

Hablar sobre economía no se limita a definir e implementar ajustes: requiere de alguna concepción del desarrollo que reconozca la diversidad de intereses. Y no hacerlo le genera costos a quien calla. En la discusión política de los últimos años los costos más temidos por los opositores fueron los de revelar con detalles sus ideas económicas, ignorando los costos futuros de ocultarlas. Es posible que la razón sea alguna forma de miopía que impida calibrar las consecuencias futuras de callar hoy. Esta miopía se manifiesta en la incapacidad de diferenciar costos y pérdidas y en la costumbre de separar artificialmente lo económico de lo político y lo social.

Consideremos cuatro costos políticos futuros para los opositores, de no definir una posición consistente en medio de una crisis económica:
Validación del discurso oficial

En los tiempos del boom petrolero, el entonces presidente Hugo Chávez reforzó el rechazo de sus partidarios (y de algunos opositores) en contra de la flexibilidad de precios, la propiedad privada y la disciplina fiscal, afirmando que eran incompatibles con la propiedad pública y la prestación de servicios públicos. Y antes de que cayera el precio del petróleo declaró una “guerra económica” a los empresarios, a quienes luego el gobierno culpó por la inflación y la escasez.

Explicaciones alternativas (compiladas con otras propuestas en el libro Unidad, Experiencia y Esperanza) estuvieron disponibles para su uso político antes de las primarias de la MUD. Sin embargo, durante la elección presidencial de 2012, el gobierno acusó a la oposición de “neoliberal”,sin una respuesta convincente del candidato ni de su equipo. Retirado el presidente reelecto por enfermedad, sus sucesores devaluaron y autorizaron alzas de precios. La reacción de los dirigentes opositores fue acusarlos de “neoliberales”, a pesar de la necesidad de hacer ajustes en los precios que estaba reconocida como parte del programa de la Unidad.

Un discurso que sólo elija entre no tener “apariencia neoliberal” y no aceptar la “guerra económica” se mantiene dentro del discurso oficial. Sin presentar otras opciones, parece imposible evitar contradicciones.

Pérdida de la iniciativa

y apariencia de improvisación


Medidas ampliamente recomendadas por economistas no son abiertamente discutidas por candidatos de oposición. Por ejemplo: es mucho lo que puede decirse sobre la unificación cambiaria, el precio de la gasolina, los controles de precios, la ley del trabajo, la eliminación del FONDEN…

Hasta ahora, el partido de gobierno ha adoptado un discurso explícito, defendiendo el mantenimiento de sus actuales políticas y atribuyendo grandes consecuencias a su posible cambio. Al esperar que el gobierno “pague los costos políticos de medidas dolorosas”, la oposición no ha identificado mecanismos para proteger a la población de cambios que lucen indispensables, ni ha recomendado el mejor orden para llevarlos a cabo ni ha mitigado los temores de confiarles el poder.

Si el gobierno adoptara las medidas económicas necesarias pero en un orden indeseable, la oposición las rechazaría sin haber hecho propuestas previas que permitan justificar su actuación. Y si no las rechaza, terminaría validando las acciones de un gobierno que asume los costos políticos de sus decisiones. En este caso, la oposición no podría esperar al gobierno “en la bajadita” ni decirle “Yo te lo dije”. Y por eso, si el gobierno hace lo que debe hacer, los costos (y los méritos) serán del gobierno, que se distinguiría nuevamente de sus opositores.

A la oposición le tocaría, entonces, asumir los costos de llegar tarde a una discusión urgente.

Espacio para la desconfianza y el oportunismo

Luego de meses de una crisis económica que se agrava aceleradamente, desear (y prometer) un “cambio” es natural.

Sin embargo, la ambigüedad del término abre puertas a múltiples formas de frustración, que pueden empeorar si, por ejemplo, el objetivo de revocar al Presidente de la República ocupa el espacio de una discusión política sin posiciones explícitas sobre controles de precios y controles de cambio, determinación de salarios y pensiones, relaciones laborales, formas de propiedad, orientación del gasto público, deuda externa y nuevos endeudamientos, compromisos con otros gobiernos y empresas de otros países, entre otros temas sensibles.

La confianza generada criticando los efectos de un “modelo” fracasado, sin proponer alternativas a electores, gremios y acreedores, puede perderse cuando un nuevo “modelo” se devela desde un poder, sin discusiones previas. Y la pérdida puede ser mayor si se impone por partes, sin coherencia visible, sin secuencias prudentes o haciendo creíble la sospechada existencia de grupos oportunistas con “agendas ocultas”.

No debe menospreciarse el efecto que tendría sobre la gobernabilidad del país (y su economía) que grupos de oposición reclamen a otros la traición hecha a principios comunes que, sin embargo, nadie hubiese puesto sobre la mesa.

El efecto sorpresa es peligroso en una democracia.

Corresponsabilidad en el empeoramiento

de las condiciones de vida


Hasta aquí distinguimos entre gobierno y oposición. O, mejor dicho, entre oposiciones. Sin embargo, desde enero de 2016 deberá distinguirse entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, puesto que luego de las elecciones parlamentarias las oposiciónes actuarán desde cada uno de esos poderes.

Algunas leyes e interpelaciones han sido anunciadas como objetivos de la nueva mayoría. Sin embargo, criterios para aceptar o rechazar cambios presupuestarios, para interpelar funcionarios públicos y para reformar, derogar o aprobar leyes no se han hecho suficientemente explícitos.

Con una crisis que se complica velozmente y grandes esperanzas puestas en ellos, los nuevos diputados compartirán costos con el gobierno si no hacen propuestas consistentes, si no las defienden, y si no demuestren su comprensión de la situación y su disposición a proteger a la población discutiendo abiertamente sus problemas. Y teniendo en cuenta que el resto de los poderes públicos siguen bajo el control del debilitado partido de gobierno, la selección de las acciones del Poder Legislativo debería orientarse hacia las que sean más difícilmente “bloqueables” y le permitan demostrar un indiscutible poder.

Más que intentar reformar la Constitución o remover al Presidente, lo recomendable es trabajar sobre el marco legal y sublegal actual y el destino de los recursos públicos, colocando la lupa sobre los ministros, los presidentes y directores del BCV y las importantes empresas públicas.

Hay varias propuestas que considerar. Entre otras, acá en Prodavinci se pueden leer las hechas por Anabella Abadi, Carlos García SotoDouglas Barrios y Miguel Angel Santos, ante un escenario tan complejo como el descrito por Asdrúbal Oliveros y Lesner Castillo.

Un discurso político transparente es necesario para facilitar el ejercicio democrático del poder a nuevos gobernadores y nuevos Presidentes. Las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina. Otra vez.

23-12-15




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