ANTONIO MARIA DELGADO 21 de diciembre de 2015
Debilitado
por el resultado electoral, el régimen de Nicolás Maduro redobla sus esfuerzos
por desmantelar las instituciones democráticas de Venezuela, creando
inconstitucionalmente un Congreso paralelo que suplantaría a la nueva Asamblea
Nacional y esforzándose por mantener al Tribunal Supremo de Justicia reducido a
una camarilla de incondicionales.
Los
pasos adoptados por el régimen de Maduro --que buscan incapacitar a la recién
electa Asamblea Nacional-- son vistos por analistas como la versión chavista de
un autogolpe, con rasgos similares al ejecutado en Perú en 1992, cuando el
entonces presidente Alberto Fujimori disolvió al Congreso.
“El
objetivo es ése, minar a la nueva Asamblea Nacional, quitarle inclusive el
espacio físico, tratar por todas las vías de que no funcione y eso es en
realidad un golpe de Estado”, dijo el abogado constitucionalista Allan
Brewer-Carias.
“Un
golpe de Estado no es solo cuando se tumba a un presidente, sino cuando se
tumba a la Constitución. Y eso es lo que pretenden hacer”, advirtió.
También
es un golpe a la voluntad popular, que en las elecciones parlamentarias del 6
de diciembre votó de manera mayoritaria a favor de un cambio, señaló el ex
embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria.
Con
ello el régimen no solo está desconociendo el voto opositor, sino también el
voto de todos los venezolanos que participaron en los comicios, manifestó.
“Al
montar un organismo paralelo, están negándole a casi el 70 por ciento de los
venezolanos la voluntad manifestada en las urnas”, dijo el diplomático desde
Nueva York.
El
saliente presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dejó al
descubierto las pretensiones del régimen de desmantelar la institución que él
actualmente encabeza, al instalar lo que bautizó como el Parlamento Comunal
Nacional, cediéndole parte de las instalaciones del Poder Legislativo para que
realice sus funciones.
La
instauración del nuevo cuerpo legislativo, cuya figura no aparece en la
Constitución, se enmarca dentro del proyecto de transformación del Estado en
una república socialista de corte castrista que conlleva una nueva arquitectura
del poder en Venezuela, contemplado en la Ley de las Comunas.
Esa
ley, cuyo contenido fue rechazado por los venezolanos en un referendo
revocatorio, fue posteriormente aprobada por el fallecido presidente Hugo
Chávez a través de la ley habilitante que le fue otorgada por el saliente Congreso.
Aunque
aún está por verse si el chavismo logrará imponer los preceptos de la ley por
encima de los lineamientos de la Constitución, en lo que distorsionaría hasta
un extremo las normas de jurisprudencia establecidas universalmente, analistas
dijeron que el objetivo del chavismo es claro: “el desmantelamiento de la
institucionalidad en Venezuela”.
“Están
apostando a la ingobernabilidad y al caos, desinstitucionalizando al Estado”,
dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de
IHS Global Insight.
Lo
aplicado por el chavismo es el equivalente político de la estrategia militar
que “quemar la tierra” empleada por ejércitos en retirada para evitar que los
adversarios puedan encontrar algo de utilidad en el terreno concedido.
Pero
es una táctica desesperada, dijo Moya.
“Este
gobierno, a sabiendas que el fin es inminente, y que la popularidad de Maduro y
del grupo en el poder está en el piso, está tratando de evitar que la nueva
Asamblea, haciendo uso de los instrumentos democráticos que existen, puedan
gradualmente incrementar su influencia”, señaló.
Maduro,
por su parte, ha dado señales que está dispuesto a echar más gasolina en un
piso ya saturado de combustible, declarando abiertamente que resistirá a capa y
espada todo intento por desmantelar a la Revolución Bolivariana aún cuando la
población, desesperada por el caos económico creado por el propio chavismo,
votó masivamente en su contra en los comicios del 6 de diciembre.
“Juro
que mientras esté vivo, no voy a rendir la revolución bajo ninguna
circunstancia. Preparémonos para la sangre y la masacre, y para defender
nuestra patria y ganar, sin importar el costo”, manifestó el gobernante
recientemente.
Por el
momento, el grueso de la batalla recae en la conformación del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), donde parte del previsible choque de fuerzas entre el
chavismo y las fuerzas democráticas del país tendrá lugar, una vez que la nueva
Asamblea Nacional sea juramentada el 5 de enero.
Liderada
por Cabello, la saliente Asamblea Nacional convocó a cuatro sesiones
extraordinarias esta semana -dos el martes y dos el miércoles- para tratar de
aprobar aceleradamente la designación de 13 nuevos magistrados al TSJ para
reemplazar a igual número de jueces de la máxima corte que pasaron a retiro.
Las
pretensiones de la saliente Asamblea han despertado una ola de críticas.
“[El
oficialismo se dispone] a atropellar la Constitución al pretender designar de
forma violenta” a nuevos magistrados, expresó la ex magistrada Blanca Rosa
Mármol de León en declaraciones publicadas por la prensa local.
El
también ex magistrado Jorge Rosell coincidió: “Todo el proceso de postulaciones
debe repetirse porque la independencia judicial es la base del sistema
democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la actual bancada
oficialista solo buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento”
Parte
de la preocupación se debe al tipo de personas que la saliente Asamblea piensa juramentar
como magistrados esta semana, explicó Moya.
“Están
tratando de colocar allí a puros incondicionales para de esa manera contar con
un TSJ que obedezca fielmente sus órdenes y de esa manera tratar de neutralizar
las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en manos de la oposición”,
dijo.
La
oposición, por su parte, dijo que prevé exigir que los actuales candidatos a
magistrados presentados por el chavismo, cuenten con los debidos requisitos
estipulados en la Constitución, en términos de grado de experiencia y de
preparación, y advirtió que quienes no cumplan con las normas estipuladas serán
impugnados.
Ante
los pasos dados por el chavismo para tratar de incapacitar a la recién electa
Asamblea Nacional, Arria abogó a favor de la convocatoria de un “Gran Frente
Nacional”, conformado por gremios, sindicatos, la iglesia, estudiantes y
rectores universitarios, para hacerle frente a las pretensiones del régimen por
terminar de desmantelar a las instituciones democráticas del país.
“Una
sociedad como la nuestra bajo un régimen militarizado acompañado de grupos
violentos no tiene armas para defenderse, pero si tiene la fuerza institucional
que nos ha dado nuestra victoria electoral, pero eso obliga a pronunciarnos con
firmeza”, expresó el diplomático.
La
actual situación del país “obliga a convocar con extrema urgencia una mega
rueda de prensa nacional e internacional para denunciar con toda claridad y
precisión el golpe en marcha que no se ha detenido desde el intento” de golpe
de Estado emprendido por Chávez el 4 de febrero de 1992, agregó.
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