Editorial de El País de España, 29/12/2015
El pasado 6 de diciembre, los venezolanos expresaron claramente en las
urnas que querían un cambio radical de rumbo para su país, tras 16 años de
chavismo, otorgando a la oposición una más que holgada mayoría absoluta en la
Asamblea Nacional. Pero en vez de atender a este mandato soberano y
democrático, Nicolás Maduro y sus colaboradores han puesto en marcha una
operación de más que dudosa legitimidad para dejar sin efecto la opinión del
pueblo al que se deben.
Primero fue la activación de un denominado Parlamento Comunal, que en
la práctica solapará sus funciones con la Asamblea resultante de las
elecciones. Un organismo del que el chavismo no se acordó mientras tuvo mayoría
en la Asamblea pero que ahora pretende convertir en la verdadera cámara
legislativa del país, algo posible desde el punto de vista retórico del número
dos del régimen, Diosdado Cabello, pero no desde el legal.
El siguiente paso ha sido el nombramiento por la Asamblea saliente, de
mayoría chavista, de 13 nuevos jueces del Tribunal Supremo —y otros 21
suplentes— de inequívoca adhesión a Maduro. El que uno de los últimos actos de
una Asamblea que ya no goza del mandato popular sea fidelizar políticamente al
máximo órgano judicial no responde precisamente al buen uso democrático de
aceptar la derrota electoral. Que el régimen además haya presionado a jueces
del Supremo para conseguir sus jubilaciones anticipadas —o también para que
aquellos juristas cuyo mandato vencía en el futuro inmediato renunciaran— es
una ilegalidad y una muestra de que Maduro sigue sin querer entender que los
venezolanos han encargado a la oposición que elabore las leyes y que su deber
es respetar este encargo.
En este ambiente, es más importante que nunca que la oposición se
mantenga unida, porque necesitará de todas sus fuerzas para forzar a Maduro a
desbloquear la parálisis institucional que sufre Venezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico