Por Miguel Méndez Rodulfo, 25/12/2015
Tal como lo dijimos la semana pasada en nuestro anterior artículo, lo
correcto es que la MUD tenga un enfoque de Desarrollo Urbano, dimensión que
abarca a la vivienda; en vez de tener un concepto restringido a la construcción
de soluciones habitacionales; aunque reconocemos que como mensaje al gran
público es más estratégico usar el término “vivienda” porque la gente lo puede
entender mejor, sin embargo, un enfoque equivocado como ese podría conducir al
consabido viviendismo, algo que ha afectado seriamente a beneficiarios de
vivienda en países como Chile, México, Brasil, etc., al obligarlos a vivir en
urbanismos abigarrados en los que el espacio público y los equipamientos
urbanos, son víctimas de un concepto inhumano del desarrollo. Lo ideal es
concebir a la ciudad como un conjunto, incluir todos sus componentes, formales
y no formales, ordenar su crecimiento mediante una adecuada planificación
urbana y hacer de ella la base de competitividad de los países.
Pero otro aspecto fundamental a considerar son los barrios. De
habilitar físicamente las zonas populares de toda Venezuela, donde reside
alrededor del 54% de la población del país, dependerá la paz social de la
nación y en consecuencia su gobernabilidad. Así de sencillo, pero a la vez de
drástico, es el espinoso tema de los barrios, agravado por la pavorosa crisis
económica que nos azota, y que pronto, por sus secuelas de escasez, inflación y
hambre se puede transformar en una crisis humanitaria. El tema de los barrios
es relativamente sencillo de tratar jurídicamente: en la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, se debe incluir que de los recursos
financieros que dedique este ministerio a inversión, 50% deben ser aplicados en
los barrios, en actividades de habilitación física.
La tarea que tiene por delante la Asamblea Nacional en materia de
Desarrollo Urbano y Vivienda es muy grande, así que en cuanto a revisión y
derogación de leyes de este ámbito, es urgente y prioritario reformar la
antedicha Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, ya no tanto por
lo de los barrios, sino porque permite que el ministerio pueda intervenir en la
ejecución directa de los planes de vivienda, pudiendo actuar como órgano
contratante o ejecutor de proyectos y obras de vivienda, cuando esa es una
competencia asignada constitucionalmente a las alcaldías, también porque
establece la existencia de directrices emanadas de la “planificación
centralizada”, por mencionar sólo dos casos. La Ley Especial de Protección al
Deudor Hipotecario, habría que derogarla ya que no permite que las
instituciones financieras cobren interés compuesto, cosa que ocurre en el mundo
entero y ocurría en Venezuela antes de 2002.
Una resolución a derogar es la que estableció, en 2012, la tabla del
valor de construcción (Bs. /m2) por tipologías de vivienda en arrendamiento
para el cálculo del justo valor precio y canon. Un decreto a derogar es el de
la creación, en 2011, del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda,
adscrito a la Presidencia de la República, parapeto que le quita al ministerio
la rectoría del sistema que le otorga la ley. Otro decreto derogable es aquel
mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado bajo la
forma de Sociedad Anónima denominada Inmobiliaria Nacional, S.A., organismo al
cual deben venderse preferentemente (pero a precios irrisorios) viviendas de
particulares. Otro es el que obliga a las instituciones bancarias privadas y
públicas a otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo, al igual que la
resolución que establece la cartera hipotecaria. Nada de esto ha incentivado la
construcción de viviendas y en el último caso pone en peligro al sistema
financiero.
Miguel Méndez Rodulfo
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