Por José Guerra
Una de las prioridades de
política para el 2016, aparte de frenar el avance de la pobreza, es garantizar
la seguridad alimentaria de la población. Se trata de dos problemas íntimamente
relacionados pero que no son equivalentes, pues la experiencia internacional
demuestra que no todos los que experimentan inseguridad alimentaria son
necesariamente pobres y las necesidades de alimentación no se deben reducir a
la mera ingesta calórica.
El problema apremia porque, si
nos atenemos a la definición trazada por Naciones Unidas, este gobierno está
raspado en materia de seguridad alimentaria. Así, desde la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación de 1996 se entiende que en un país hay seguridad alimentaria
“cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una
vida activa y sana.” Por el contrario, hoy nos encontramos en una situación
donde la población no consigue los alimentos, o si los consigue no los puede
pagar, o si los consigue y puede pagarlos tiene que físicamente batallar para
poder comprarlos. Se trata de una situación que, de no tomarse los correctivos
urgentes, se agravará aún más para el próximo año, pues sencillamente el flujo
previsto de ingresos petroleros no alcanza para satisfacer las necesidades de
importaciones del 2016. Y no alcanza por un tramo largo, de al menos 30 mil
millones de dólares. ¿Dígame Usted si cree que es humanamente posible someter a
la población a recortes adicionales de consumo?
Mi exhorto es a que abordemos
la seguridad alimentaria como un problema que nos incumbe a todos, siguiendo
pautas de política muy claras: aumentar la oferta nacional de alimentos,
proteger la capacidad de compra de los consumidores y atender directamente la
alimentación de sectores de la población particularmente vulnerables. En tal sentido,
la nueva Asamblea Nacional tiene en agenda la aprobación de la Ley de
Abastecimiento Pleno, la Ley Marco para el Incremento de la Productividad, la
Ley de Reversión Expropiatoria y la Ley de Protección y Educación al
Consumidor, todo ello con el objeto derestablecer las condiciones económicas
necesarias para que la iniciativa privada recupere en tiempo record la
producción, procesamiento y distribución de alimentos en el país. Por otra
parte, también se tiene en agenda la aprobación de la Ley de Protección
Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales y la Ley de Pensiones No
Contributivas, con el objeto de contribuir a proteger la capacidad de compra de
los asalariados y pensionados.
Se trata de un conjunto de
buenas iniciativas que se someterán a discusión y consulta en la Asamblea
Nacional, que para eso está, y la intención es que contribuyan de manera
efectiva a superar la crisis de acceso a los alimentos.
Pero hay que advertir
que no es suficiente, y se requiere que el Ejecutivo se aboque a este asunto
sin prepotencias. Concretamente, es importante ampliar y reforzar en todo el
territorios nacional los programas de atención alimentaria a poblaciones
particularmente vulnerables, incluyendo niños y niñas, mujeres embarazadas,
comunidades indígenas, personas de la tercera edad, personas en situación de
calle, desplazados y damnificados, población en centros penitenciarios, entre
otros. Para eso hay ponerse las pilas y buscar los recursos necesarios, hasta
debajo de las piedras.
20-12-15
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