ALFREDO MEZA Caracas 13 ENE 2016
Los
tres diputados venezolanos opositores cuestionados por el Tribunal Supremo,
controlado por el chavismo, pidieron ayer ser desincorporados del Parlamento.
El gesto se produce después de que la máxima instancia jurídica declarara nulos
los actos deliberados por la Asamblea mientras no se revirtiera la toma de
posesión de los tres parlamentarios. El Supremo los suspendió mientras
investiga presuntas irregularidades en las elecciones de diciembre. Altos
dirigentes chavistas han llegado a sostener esta semana que el Supremo podría
asumir las competencias del legislativo si este está en desacato.
La
bancada chavista llegó ayer a la Asamblea Nacional pendiente de que la mayoría
opositora desincorporara de la cámara a tres diputados de la Mesa de la Unidad
Democrática recurridos por el Tribunal Supremo de Justicia y que tomaron
posesión de sus cargos. Y así fue. Como avanzó el martes en la noche a una
televisora local el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry
Ramos Allup, los tres parlamentarios del Estado de Amazonas han pedido ser
desincorporados de la cámara para asumir su defensa.
Esta
decisión supone que la opositora Mesa de la Unidad Democrática acata la
disposición del máximo tribunal, que ordenaba declarar como nulas todas las
decisiones de la mayoría mientras no se reversara la juramentación de los tres
representantes del Estado de Amazonas, en el sur de Venezuela.
De
momento el chavismo ha permitido que la plenaria continúe sin recordar a cada
tanto que el Parlamento actuaba al margen de la legalidad. La pregunta es si la
cúpula chavista aceptará ese retroceso táctico anunciado por la oposición. En
la tarde del martes la Procuraduría General de la República, en nombre del
presidente Nicolás Maduro, avanzó en el desconocimiento de la autoridad
legislativa al solicitarle a la Sala Constitucional que estableciera el alcance
del desacato declarado contra la Asamblea Nacional. “Necesitamos saber dónde y
cuándo debe presentarse la memoria y cuenta del presidente”, dijo el
vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
El
retroceso de la oposición pareció dejar sin efecto la posibilidad de eximir a
Maduro de presentar su mensaje a la nación desde la sede del poder legislativo,
como lo ordena la Constitución. “Es aquí donde debe rendir su informe, no en la
esquina”, advirtió Ramos Allup. En la mañana del martes el dirigente opositor
se había negado a ventilar ante los medios cómo enfrentarían al desafío
planteado por el chavismo, que logró convertir por pocas horas el Parlamento en
un club de debates políticos sin trascendencia legal. El miércoles se daba por
descontado que el presidente acudiría al palacio federal legislativo, como es
tradición en la política local, para dirigirse al país en la esperada
alocución.
Perspectiva de choques
Es
apenas el primer capítulo de la ristra de enfrentamientos que se avecinan entre
los poderes públicos más importantes de Venezuela. Al protestar la
juramentación de los tres parlamentarios, el régimen impide que sus
contrincantes puedan contar con dos tercios de la cámara para, por ejemplo,
modificar leyes orgánicas —como las que soportan la arquitectura económica del
chavismo— o votar una reforma de la Constitución. Ese logro no pasó por debajo
de la mesa. Este martes por la noche el chavismo había impuesto como tendencia
en Twitter una etiqueta llamada #109ysincuorum, en referencia a la
imposibilidad de sus rivales de concretar de momento los planes anunciados. En
los próximos seis meses se habían propuesto escoger de entre las opciones que
ofrece la Carta Magna aquella que permitiera la sustitución electoral del
Gobierno.
En la
sesión de hoy la oposición pudo avanzar en su plan de reforzar el vínculo con
la clientela electoral chavista descontenta con la gestión económica de Maduro.
El diputado Julio Borges presentó una ley para darle el título de propiedad a
los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa de dotación
de casas y pisos para las familias más pobres. Asimismo la mayoría opositora
aprobó la formación de un grupo parlamentario que investigará la crisis de la
frontera, cuyo tramo con Colombia está cerrado desde agosto con el argumento de
evitar el contrabando de extracción. La propuesta fue rechazada por la bancada
del chavismo con el argumento de que la oposición “es cómplice de los delitos que
se cometen”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico