Omar Barboza Gutiérrez 27 de junio de 2016
Nuestra
Constitución Nacional establece que el Consejo Nacional Electoral debe estar
integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines
políticos, y además establece como principios que deben regir la actuación de
ese máximo órgano electoral, los de la imparcialidad, la transparencia y la
eficiencia de los procesos electorales.
Lo que
se desprende de la diferencia que hay entre esas normas y principios, y la
conducta de la mayoría que decide entre los rectores del CNE actual, da una
clara idea del tamaño de la crisis institucional que ha producido el control
por parte del partido de gobierno de la mayoría de los poderes públicos del
Estado.
Las
diferentes trabas y abusos de ese organismo en contra de los ciudadanos que
decidieron ejercer el derecho que la Constitución en sus Artículos 70 y 72 les
establece para convocar a un referéndum revocatorio presidencial, constituyen
una descarada operación morrocoy violatoria de la ética y del respeto a los
derechos de los ciudadanos; empezando por el exagerado tiempo que se tomaron
para verificar las firmas de los solicitantes, cuando, una simple verificación
a través de captahuellas hubiese confirmado la voluntad de más del 90% de los
firmantes en una semana. En cambio, cuando el Ejecutivo Nacional les ordenó
declarar que habían verificado más de 10 millones de firmas en contra del
Decreto de Obama en una semana, lo hicieron sin ninguna vergüenza y sin
haberlas verificado.
Luego,
cuando la presión de la opinión nacional e internacional los forzó a establecer
las fechas y procedimientos para verificar las firmas de por lo menos el 1% de
los electores, decidieron que en muchos de los Municipios importantes del país
no hubiese captahuellas para validarlas, en cambio en muchos Municipios lejanos
y con menos electores si ubicaron las captahuellas, actuando en contra de su
deber de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.
Por
otra parte, el gobierno nacional desarrolló una campaña afirmando que no hay
tiempo para el revocatorio en el 2016 contando con la acción dilatoria de sus
compañeras de partido en el poder electoral, acompañada de la campaña de que
los funcionarios públicos que firmaron serían destituidos de sus cargos,
violando públicamente los derechos constitucionales de esos ciudadanos,
establecidos en los Artículos 40 y 57 de la Constitución vigente, llegando
muchas denuncias de que efectivos militares que firmaron fueron detenidos como
castigo.
Entre
tantas trampas y desigualdades ejecutadas por el poder electoral, está el hecho
de que con motivo de la oportunidad para validar las firmas se estableció la
posibilidad de que los firmantes pudieran ir a retirar sus firmas, todo ello
para dar la posibilidad a la presión en contra de los funcionarios públicos que
firmaron. En cambio no se abrió la oportunidad de quien no había firmado o de
aquellos cuya firma había sido objetada para que compareciera y expresara su
apoyo a la convocatoria del Referéndum Revocatorio.
La
desesperación del gobierno nacional ante el rechazo de la inmensa mayoría de
los venezolanos a su nefasta gestión, los conduce a inventar maniobras que
dejan pálido al realismo mágico de García Márquez. Un ejemplo de eso, que
pasará a la historia de la falta de escrúpulos sin límites de quienes pretenden
quedarse en el poder para seguir haciéndole daño al país, es el caso de los
presos que están en nuestras cárceles y que para conseguir favores indebidos se
prestan a cualquier cosa mal hecha para complacer a las autoridades. Es público
y notorio que en nuestras cárceles mandan los pranes y no las autoridades
carcelarias, hasta el punto que dentro de esos recintos funcionan discotecas, y
muchos presos tienen privilegios especiales, que cuando quieren protestar o
demostrar su luto por la muerte de alguno de ellos se suben en las azoteas de
las cárceles haciendo tronar sus largas armas de fuego, más potentes que las de
los policías, y salen de permiso a la calle por un supuesto buen comportamiento.
Hay tanto consenso sobre el hecho de que muchísimas extorsiones se hacen desde
las cárceles utilizando celulares, que una de las pocas leyes aprobadas por
unanimidad en la Asamblea Nacional es la que se acaba de aprobar para prohibir
el uso de celulares en las cárceles.
Con
estos antecedentes, la Ministra Iris Varela tiene el descaro de denunciar “en
representación de los privados de libertad” que a 300 presos les falsificaron
sus firmas para el referendo, cuando todo el mundo sabe lo fácil que era falsificar
planillas de la MUD y enviarlas a la Unidad a través de algún infiltrado, y
también saben el supuesto valor probatorio que puede tener la palabra de un
condenado.
El
pueblo de Venezuela cumplirá con su deber histórico de sustituir democráticamente
a este régimen.
Omar
Barboza Gutiérrez
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