Por Marialejandra Araujo
La Carta Democrática
Interamericana se ha convertido en los últimos meses en la protagonista de los
temas internacionales, luego de que el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, le advirtiera al presidente Nicolás Maduro en enero de 2016 que se
vería obligado a apelar a la Carta si se afectara el proceso político
institucional de Venezuela. Almagro evalúa, desde finales de abril, y a
petición de la oposición, invocar este instrumento legal, aunque necesita el
respaldo de las 2/3 partes de los 35 países integrantes del organismo reunidos
en la Asamblea General.
La Carta tiene como objetivo
primordial el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática,
al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado
miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación
de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.
Para Milagros Betancourt,
exembajadora y especialista en derecho internacional, la Carta constituye un
arma de doble filo, pues al activarse y suspender al Gobierno, éste no podrá
participar en las reuniones de la OEA ni recibir ningún tipo de cooperación,
restituyéndose los parámetros únicamente cuando se compruebe la recuperación
del hilo democrático en el país, lo que traería como consecuencia una escasez
mucho más aguda, pues no se podrán importar alimentos ni medicinas y el
venezolano viviría las consecuencias de una crisis peor. A su vez, el Gobierno
podría - afirma- hacer el papel de víctima al mismo estilo de Cuba, donde
Castro culpó de la hambruna en ese país al embargo norteamericano.
Betancourt, sin embargo, es
partidaria de la activación de la Carta Democrática, aunque se vivirían tiempos
aún más difíciles. Es un tema de principios, considera: "Alguna sanción
tienen que tener. No pueden dejar que un Gobierno haga lo que le dé la gana y
los demás miren para un lado mientras aquí se violan los derechos humanos...
Los temas de principios son de principios". Lo único que puede existir
para ayudar a la escasez debido a la falta de cooperación de los países
producto de la Carta, es una intervención humanitaria, pues está permitido por
todos los organismos internacionales. El Gobierno tendría que apartar su
orgullo y aceptar la ayuda, pues por importación no entraría nada al
país.
23-06-16
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