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sábado, 4 de marzo de 2017

Impunidad y ocultamiento mantienen vivo el dolor y la violencia a un año de la masacre de Tumeremo



Correo del Caroní 04 de marzo de 2017

Las lágrimas que llenaron de dolor al pueblo de Tumeremo hoy siguen brotando del rostro de su gente. Un año después de la masacre de 17 mineros en la mina Atenas, la capital del municipio Sifontes sigue recordando con dolor aquel acto dantesco encubierto por un Estado cómplice de la violencia y la explotación ilegal de los recursos naturales. Un Estado que trata de eludir su responsabilidad en estos hechos tratando de enterrar la memoria con su política de olvido, su silencio, su desatención a las víctimas y alimentando la impunidad que sigue reinando en un pueblo arrodillado por el pranato minero.

Por eso las heridas aún no cierran en Tumeremo. Por eso el dolor persiste como un calvario que familiares y vecinos padecen en silencio, ante la indolencia de un Estado y un mundo criminal aparentemente invisible ante sus ojos. Por eso el espíritu de este especial de Correo del Caroní, a un año de la masacre de Tumeremo, como una ofrenda contra el olvido. Contra los embates de la impunidad y la injusticia. Por esas víctimas, sus dolientes y la sed de un pueblo que clama justicia para quizás, algún día, volver a sonreír tras el dolor, la angustia y la incertidumbre prohijados por la barbarie.

Indolencia hacia familiares delata a un Estado que busca borrar matanza de mineros
 
El Estado ha obviado la necesidad de las víctimas de una ayuda psicológica y social para restablecer la normalidad en el sur de Bolívar, profundizando la desarticulación ciudadana hacia un cierre definitivo

“A veces me embarga la duda de si realmente el cuerpo que me dieron es el de mi hijo”

Las familias aseguran que el Gobierno les dio la espalda, mientras que la actividad minera ha seguido su curso, en medio de la ilegalidad del pranato, en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

Tumeremo sigue siendo un pueblo sin ley a un año de la masacre

El suceso que marcó a Venezuela en 2016 dejó mayor inseguridad para la población de Sifontes. El despliegue militar y gubernamental fue momentáneo y el hampa se explayó para dominar la zona, acorralando a las autoridades.

Fiscalía desestima historial de violencia minera al atribuir matanza a causas fatuas e innobles

La comisión especial de la Asamblea Nacional instó a Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

“La Fiscalía y la Defensoría desenmascararon a Rangel Gómez en la masacre de Tumeremo

Marino Alvarado, excoordinador general de Provea, insiste en lo mismo que dijo hace un año: el gobernador de Bolívar debe ser investigado por los hechos ocurridos en Sifontes. Debe ser investigado por una sola razón: apostó a la impunidad. Y, por tanto, fue cómplice.

Diputado del PSUV reconoce que confrontaciones entre bandas mineras escapan de las manos del Estado

El despliegue de la violencia minera parece imparable, a juzgar por los reportes de asesinatos y confrontaciones al sur de Bolívar. Sin embargo, el diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Aldrin Torres, asegura que el despliegue militar en la entidad busca la pacificacióne de las zonas 

Recuento interactivo de la cobertura de la masacre de Tumeremo

Repasamos la cobertura de la protesta del pueblo del municipio Sifontes por la desaparición de los mineros; el silencio estatal que imperó los primeros días; el hallazgo de los cadáveres, la movilización del Gobierno hasta el sur del estado Bolívar y el sufrimiento de un doloroso entierro. Un año después, la impunidad no cesa. La alianza con los medios digitales RunRunes y El Pitazo fue determinante para mantener informado al país de un suceso que marcó un hito de la violencia en el país durante 2016.

Los trazos rojos sobre el Arco Minero del Orinoco

Así como la masacre de Tumeremo, el Arco Minero del Orinoco cumplió un año de creación la semana pasada. Expertos en la materia minera y ambiental aseguran que el proyecto sigue siendo inviable, por las consecuencias ambientales y sociales que implica y la falta de seguridad personal y jurídica en la dinámica económica y política nacional.