Por Froilán Barrios
A propósito de la renovación
de los partidos, promovida por una mayoría de la directiva del CNE a partir del
04/03/2017, es oportuna la ocasión para posicionar los conceptos que
diariamente se emiten sobre la naturaleza del régimen, ante las declaraciones
lapidarias del rector del CNE Luis Emilio Rondón, referentes al proceso
mencionado, emitidas recientemente: “CNE limita derecho a la participación al
aprobar proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible
cumplimiento”.
Basados en sentencia de la
Sala Constitucional del TSJ del 05/01/2016, se reinterpreta la Ley de Partidos
Políticos y se imponen condiciones insalvables para la existencia de estas
organizaciones, ya que se establece un fin de semana como lapso para cada
partido, es decir 14 horas hábiles en 390 centros de recolección para alcanzar
0,5% del registro electoral, al menos en 12 estados. Con el agregado de
establecer la condición de sustituir el concepto de manifestaciones de voluntad
por la de militancia obligatoria y única en un partido para validar cada firma.
A esto se agrega la extremadamente
limitada infraestructura ofrecida por el CNE para atender a todos los electores
el día que coincidan varias organizaciones, sobre todo los partidos más
grandes, que movilicen a todos los electores necesarios para alcanzar el
porcentaje requerido. Eso establece una rebatiña de firmantes, ya que es
excluyente firmar por más de un partido.
En definitiva, son evidentes
las intenciones solapadas del régimen de que no exista ninguna representación
opositora, porque incluso contra la MUD existe un recurso introducido ante el
TSJ para invalidarla como representación política. Esta situación amerita otra
actitud por parte de la coalición opositora, superior a la ilusión de creer que
estamos ante un régimen que permitirá libremente elecciones, ante la burla que
protagonizó con el revocatorio, el desconocimiento absoluto de la AN, la
fábrica de sentencias progubernamentales producidas por el TSJ y la complicidad
de las FABN.
Aun cuando rechazamos de plano
la metodología de renovación ilegal e inconstitucional impuesta por el régimen,
que determina una guillotina para todos los partidos políticos, tanto los
opositores como los del Polo Patriótico, con la excepción del PSUV, debemos
concentrarnos en solo una o dos organizaciones opositoras para aportar la firma
y legalizarla con las propias condiciones tramposas avaladas por el TSJ y el
CNE. Total, sin ser militantes de los partidos de la MUD millones de
venezolanos votaron por esa tarjeta el 6-D de 2015 y le infringieron una
derrota aplastante al régimen.
Por tanto, el país necesita
política de alta envergadura para enfrentar sin atenuantes ni adjetivos lo que
sufrimos, una dictadura, dejar a un lado los planes parciales de candidaturas
presidenciales, o de cuántas gobernaciones y alcaldías obtendrá cada partido.
Esa política fue la asumida en
noviembre de 1952, Acción Democrática, que fue el principal partido de
oposición y fue el partido de gobierno democrático anterior, fue ilegalizado y
se le prohibió expresamente la participación en esas elecciones. Igual pasó con
el Partido Comunista. En ausencia de AD principalmente, Unión Republicana
Democrática pasó a ser el partido de oposición más poderoso. Aunque en AD al
principio se consideró llamar a abstención, esta maniobra no fue llevada a
cabo. URD y Copei fueron los partidos que presentaron tarjeta en oposición a
Marcos Pérez Jiménez, ambos tenían que proporcionar información al gobierno
militar con respecto a reuniones públicas, financiamiento de campaña, entre
otros. El resultado por todos conocido, el régimen desconoció su derrota e
impuso finalmente la dictadura y, al mismo tiempo, quedó deslegitimado hasta su
caída el 23 de enero de 1958.
01-03-17
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